Abril de 2014 será recordado como uno de los meses más duros en la historia reciente de Chile. Empezó con un terremoto 8,2 en el norte de Chile, que si bien afectó desde Arica a Iquique, causó mayormente destrucción de viviendas en uno de los sectores más populares del puerto nortino, específicamente en Alto Hospicio. Ese 1 de abril, la tierra se movió para todos, pero golpeó a los postergados de siempre.

El sábado 12 seguramente quedará marcado en los libros de historia. Un incendio forestal que se inició cerca de las 4:30 de la tarde se salía de control y envolvía en llamas la parte alta de Valparaíso, en un remolino de fuego que consumió laderas y cerros por completo. El saldo, ya conocido, habla de 2.500 viviendas y al menos 11 mil damnificados. Una catástrofe total donde los protagonistas nuevamente son esos chilenos que el Estado olvidó.

Y como la buena fe da para creer que, ahora sí, la reconstrucción debe ser bien pensada, el debate por el diseño urbanístico en torno al proceso de reconstrucción se ha instalado como un deber que le da al Estado esa segunda oportunidad, quizás histórica, de por fin diseñar políticas urbanísticas que vayan orientadas a impulsar un desarrollo local acorde con el tejido social característico de los cerros porteños y las alturas de Iquique.

Y la fórmula, si bien no hay una clara e indiscutible, parece tener una artista ineludible: la participación de los mismos afectados. Así lo ratificaron dos urbanistas con los que conversó ElDesconcierto.cl.

El factor humano que no contempla la norma

Ricardo Tapia Zarricueta es académico en el Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y ha desarrollado investigaciones en el área de la vivienda social y las políticas estatales residenciales. Tapia recalca que si bien hay claros elementos que distinguen a los cerros afectados por el incendio en Valparaíso y las villas damnificadas por el terremoto en Iquique, ambas “partieron en lo que la literatura internacional denomina como asentamientos precarios”.

Según Tapia, en los últimos años las políticas públicas han favorecido sectores sociales como los afectados por estas tragedias, que principalmente consistieron en el saneamiento de los terrenos. Recalca además que muchos de los terrenos ocupados en los cerros porteños habían sido regularizados, pero sólo en torno a la propiedad y no de las normativas que regulan la construcción de viviendas urbanas. Al respecto, Tapia asegura que las políticas de Estado han sido insuficientes.

“Las emergencias en Chile hoy día todavía se siguen tratando con la Ley de Sismos y Catástrofes. Esa ley se instituyó en el año 1965, como consecuencia de los terremotos que por esos años asolaron a Chile. Pero esa ley, que se ha ido actualizando de a poco, indica que es el presidente de turno el que tiene la obligación de tomar una serie de medidas de excepción para resolver la emergencia. Pero en el caso, por ejemplo, de las viviendas de emergencia, no especifica cómo deben ser, ni qué calidad o estándar deben tener. Allí claramente hay insuficiencias, porque las viviendas que van a entregar ahora, te lo aseguro, si bien son un poco mejor que las que entregaron el 2010, igual son insuficientes desde el punto de vista de la habitabilidad”, asegura el académico del INVI.

Por ello, Tapia aboga por una indicación a la ley que establezca las medidas mínimas que deben considerar las viviendas de emergencia para estos casos. “Es impresionante que ahora por aviones y barcos estemos trasladando mediaguas al norte. Me parece que es un horror de gestión gubernamental, porque si los estándares mínimos estuvieran definidos por ley, las mismas empresas del norte podrían estar ya construyendo las viviendas de emergencia, incluso en cualquier material, y que sean resistentes al fuego, resistan los cambios de temperatura, consideren la acústica, los costos y la modalidad de construcción, etc.”, señala Tapia.

Respecto de cómo enfrentar el rediseño urbano para la reconstrucción, Tapia asegura los aspectos que no deben quedar fuera, específicamente para Valparaíso, tienen relación con los cortafuegos,  ya sean urbanos o naturales, y también la vialidad necesaria para que puedan acceder los vehículos de emergencia. “Allí se va a producir un reloteo que seguramente va a afectar a la gente que vivía en la zona por donde idealmente pase una nueva vialidad, por lo que seguramente habrá problemas. Es un tema muy complejo, que será lento, y que debe hacerse, a pesar de esta complejidad, con las organizaciones y la gente, porque si no se hace con ellos, en mi opinión va a ser una reconstrucción destinada al fracaso. Y eso puede generar otro conflicto social”, reflexiona el académico.

Tapia asegura que existen ejemplos que dan cuenta de la importancia de considerar a los propios habitantes como el protagonista principal de los diseños urbanísticos. “Así lo demuestran varios casos internacionales”, asegura, y agrega que esto aplica tanto como para los cerros en Valparaíso como para la comuna de Alto Hospicio en Iquique.

“Los cambios en las condiciones de vida, entendiendo no solamente el habitar como solución habitacional, sino como algo mucho más allá de eso, son procesos vitales que tienen que ver con la autoestima, con la identidad de pertenecer a un lugar, y el arraigo. Si eso queda de lado, toda solución es limitada”, concluye Tapia.

Las normas foráneas que no aplican a Valparaíso

Mauricio Puentes es secretario académico de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y autor de “La observación arquitectónica de Valparaíso: su periferia efímera”.

Para Puentes, la situación específica de Valparaíso “es una suma de paradojas”, entre las que destaca la aplicación forzada, pero imposible en la práctica, de la Ley General de Urbanismo y Construcción, la cual no contemplas las especificidades de los cerros porteños como los afectados por el mega incendio. “En lo concreto eso es inaplicable en Valparaíso, y ese modelo de desarrollo urbano lleva a que la gente haga lo que quiera porque no puede hacerlo legalmente”, indica Puentes.

El arquitecto parte señalando que “en Iquique, la formación de los conceptos de sistemas y cosas que se tengan que tatar, sean tratados por los iquiqueños, y en Valparaíso, sea pensado desde dentro por la gente de Valparaíso”, señala Puentes y agrega que uno de los grandes problemas ha sido el intento de aplicar normativas de ciudades estandarizadas a realidades tan complejas como las de los cerros porteños.

Como ejemplo de estas políticas “impulsadas desde Santiago”, Puentes señala que la construcción del Camino La Pólvora, en su minuto fue señalada además como un cortafuegos para la ciudad, cosa que con el reciente mega incendio, no sucedió. “La mejor demostración es que el fuego nació al otro lado de La Pólvora, y cruzó por arriba. Hay un error de conceptos, pero no porque lo quisieron hacer mal, sino por un desconocimiento, y en concreto una cierta desidia de la autoridad central al pensar que la construcción de un cortafuegos que funcionó en un lado, lo hará igualmente en otro”, cuestiona el académico.

Puentes asegura que el cuidado del tejido social propio de los cerros de Valparaíso es algo que distingue los cerros de Viña con los del puerto. El arquitecto señala que, por ejemplo, en la comuna vecina muchas de las tomas nacen y se extienden en grandes zonas y paños de terrenos, generando campamentos. “En cambio en Valparaíso, estas son tomas familiares, donde el papá que se tomó hace 40 años el terreno, después el hijo en 20 años se casó y se tomó el terreno de abajo, y ahora el hijo de ese hijo también se toma el terreno de más abajo porque también se casó. Eso genera este tipo de asentamientos. (…) Ahí uno ve que el ejercicio urbanístico nace de las familias, más que de una institución. Los que han hecho ciudad, y eso lo propuse en mi tesis doctoral, han sido los grupos familiares, los individuos de cierta manera. Hay un urbanismo sin urbanistas y una arquitectura sin arquitectos”, indica Puentes.

“Esto ha generado una espléndida red urbana, en cuanto al contenido y la belleza que para muchos tiene, y la diversidad que tiene, que no se disgrega y en una misma plancheta de hay grupos C1, C2, C3, D y E, en un contraste donde prácticamente no hay ghettos en Valparaíso. Sí hay algunos más actuales, que han sido los últimos en llegar, pero que tarde o temprano son incorporados”, agrega el arquitecto.

Puentes asegura que la tozudez de aplicar leyes estandarizadas ha llevado a que la construcción de viviendas sociales en los cerros sea mucho más cara por la obligación de nivelar los terrenos para construir, desconociendo la realidad de cómo se construye la ciudad en la parte alta. “Se han hecho muchos ejercicios intentando aplicar la norma urbanística en Valparaíso, y lo que ocurre es que termina burlando de la ciudad, haciendo algo extemporáneo, exógeno y que no le pertenece a Valparaíso”, agrega el arquitecto.

Respecto de cómo se mantiene el delicado equilibrio entre la identidad porteña de las casas en los cerros, con las necesarias medidas de seguridad que ahora muchos reclaman para el proceso de reconstrucción, Puentes indica que en Chile “hay una falta de políticas, y se actúa más por medidas, que están más ligadas a la contingencia y son cortoplacistas”, señala y agrega que el mayor error sería erradicar masivamente para formar ghettos apartados de las redes sociales.

“Lo que creo que se debe hacer es un proceso de densificación en algunas partes y una des-densificación en otras. Eso implica por ejemplo expropiar los fondos de quebradas para transformarlos en espacios públicos y llevarlos a otros lugares que estén disponibles, como en el Almendral, que tiene muchos sitios eriazos producto del terremoto del 85, ni siquiera de el del 2010. Hay un montón de mecanismos posibles, pero eso requiere algo que Valparaíso no tiene, que es plata”, concluye el académico porteño.