El terremoto 8.3 que ha impactado recientemente el norte de Chile no ha dejado a nadie indiferente debido a  las consecuencias negativas que ha traído a la población. Duras imágenes de sufrimiento y pánico social nos demuestran la vulnerabilidad que tenemos, sumado a los daños en infraestructura pública y privada, dan cuenta que la sismicidad y la consecuente posibilidad de tsunamis son características geográficas inmodificables de nuestro territorio a las cuales debemos estar preparados y evitar al máximo los impactos negativos (sociales, ambientales y económicos).

Luego de un sismo como el de hace unos días surgen muchas acciones urgentes e inmediatas, como el restablecimiento del suministro de agua potable, electricidad, abastecimiento de alimentos y/o combustible. Sin duda, hacia estos fines han estado orientadas las acciones de las autoridades en el caso del reciente terremoto del norte de Chile. Pero, hay temas igual de importantes y urgentes que pueden afectar a muchas vidas e incluso generaciones enteras que son poco atendidos y pasan una y otra vez desapercibidos. La intensa  actividad minera de la zona norte de Chile nos hace pensar en los impactos de esta industria, los que pueden verse acrecentados con un terremoto. Sin ir más lejos ¿qué estará sucediendo con la cantidad de relaves mineros en la zona afectada?, ¿cuántas comunidades pueden estar amenazadas por la contaminación debido a una mínima filtración de uno de sus tranques de relaves? Aún cuando en nuestra regulación se mencionan conceptos como “fiscalización” o “pasivos ambientales” que se aplican –ocasionalmente- en situaciones de normalidad para algunas actividades altamente contaminantes, cuando ocurren desastres lamentablemente el concepto ausente es la “prevención”. Los terremotos pueden generar daños irreparables, no sólo a los ecosistemas, sino que también a las comunidades.

Los relaves mineros son desechos de la minería altamente contaminantes que constituyen un riesgo para la salud de las personas y el ambiente. Estos están conformados por desechos químicos utilizados para la extracción; además contienen trazas minerales, agua y desechos sólidos que son vaciados al tranque, y van constituyendo una pasta dura que conforma el  muro del tranque, donde lentamente van decantando los contaminantes. El almacenamiento de estos desechos de manera insegura representa una amenaza, pues puede contaminar las aguas, colapsar en caso de sismos y también el polvo que se forma cuando se evapora el agua puede ser arrastrado por el viento a lugares remotos.

De acuerdo al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) para obtener una tonelada de concentrado de mineral se generan casi 30 toneladas de relave. Sin duda, en un país minero como Chile, los tranques abundan y son un riesgo en un país sísmico, por lo que  la existencia de ellos, se torna controversial cuando su localización es una amenaza real para la población por estar a poca distancia de asentamientos humanos. Sin ir más lejos, con el terremoto del 27 de febrero 2010 falleció un matrimonio y sus dos hijas por un alud de tóxicos producto del colapso del tranque de relave de la mina Las Palmas en Pencahue (cercanías de Talca)[1].

Para evitar lamentables consecuencias con los futuros sismos - u otros fenómenos naturales como lluvias intensas, tsunamis, etc.-  la prevención de estos accidentes también pasa por definir adecuadamente su localización al minuto de instalar este tipo de faenas altamente peligrosas y/o de proyectar la expansión urbana de los centros poblados aledaños a tranques de relave, donde mucha gente desconoce incluso su existencia y tampoco hay información pública sobre el riesgo que implica para la población.

De acuerdo al SERNAGEOMIN[2], al año 2010 catastró 449 tranques de relave a lo largo de todo el país de los cuales 324 están “no activos”. Una investigación de CIPER[3] comenta que existe 213 faenas mineras abandonadas o paralizadas (que no necesariamente son sólo relaves) y representan “riesgos graves para la salud de las personas, para el medio ambiente y la infraestructura”. Atemoriza pensar la exposición a la cual se enfrentan cientos de chilenos por la falta de una política pública consistente que regule, fiscalice e incluso, determine la localización en el territorio de este tipo de actividades. Atemoriza aún más los planes del gremio minero cuando hablan de “relaves submarinos”[4]. Si en tierra no se es capaz de hacer bien las cosas, ni pensar que podría suceder en el fondo del mar donde a simple vista nadie ve lo que sucede.

La localización de relaves, represas o incluso plantas nucleares en un país tan sísmico como Chile, necesita de una política pública que defina una planificación del territorio con la capacidad de predecir ciertos eventos y con ellos, minimizar los impactos nocivos en caso de eventos de estas características. Incluso, el sentido común impediría la localización de hospitales, colegios, hogares de ancianos o jardines infantiles en el borde costero de cualquier ciudad por razones más que obvias.

Es hora de otorgarle seriedad y rigurosidad a las normativas, ordenanzas y fiscalizaciones territoriales no sólo en las ciudades sino que también fuera de ellas, en el espacio rural, borde costero o incluso en el espacio marino. A nuestro entender, es una lógica que busca mayor democracia cuando nos vemos afectados como sociedad a fenómenos naturales. Las clases sociales más acomodadas cuentan con recursos para poder migrar y evadir de mejor manera los desastres, en cambio los más pobres o desposeídos son los que  sufren las consecuencias de una mala (o nula en nuestro caso) “planificación territorial”.