[caption id="attachment_11231" align="alignleft" width="225"] Pato Novoa[/caption]

Recientemente se dio a conocer el índice de desempeño ambiental (Environmental Performance Index, EPI) que, cada dos años, elaboran conjuntamente las universidades de Yale y Columbia, a partir de la evaluación de temas como, impacto en la salud, calidad del aire, saneamiento del agua, tratamiento de aguas residuales, agricultura, cubierta forestal, pesca, biodiversidad, cambio climático y energía.

El índice ubica a Chile en el puesto número 29 de 178 países evaluados y lo pone al frente de los países latinoamericanos, lo que fue muy bien recibido por las autoridades ambientales nacionales que destacan que "esto ha sido fruto de un trabajo serio y constante en materia ambiental" que ha tenido el país en los últimos años.
Sin embargo, este índice debe ser mirado en su justa dimensión, teniendo presente que es más bien un indicador de desempeño de la gestión que da cuenta de la cobertura de determinados parámetros más que de la calidad de los mismos. El objetivo fundamental de este tipo de indicador es poder comparar los distintos países por lo que en muchas ocasiones la metodología empleada tiende a subestimar o sobrestimar algunos parámetros.

Por ejemplo, Chile en el papel registra alrededor de un 20% de áreas protegidas terrestres, pero la realidad nos muestra que las condiciones de protección en las que se encuentran nuestros parques nacionales y áreas de conservación dejan mucho que desear, ni siquiera hemos podido diseñar e implementar una institucionalidad acorde a las tareas pendientes que presenta este tema.

Es cierto que Chile ha tenido determinados avances en materia ambiental, fundamentalmente desde la perspectiva institucional con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia y los Tribunales Ambientales. Pero basta leer y analizar informes nacionales, como por ejemplo, el Informe País: Estado del Medio Ambiente 2012, publicado por el Instituto de Asuntos Público de las Universidad de Chile en noviembre de 2013, y el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile publicado por el Instituto de Derechos Humanos en el 2012, para darse cuenta del progresivo deterioro de las condiciones ambientales y la creciente conflictividad en torno a los proyectos de inversión que ha experimentado nuestro país en los últimos años, así como de lo insuficiente que resultan las respuestas políticas y regulaciones para hacer frente a las serias amenazas que existen sobre el medio ambiente y las comunidades.

Construir de manera certera la realidad medioambiental nacional y, acorde a ello, evaluar el desempeño ambiental del país con miras a diseñar políticas, regulaciones, instrumentos, etc.,  que nos permitan enfrentar los desafíos pendientes en materia ambiental, no es tarea sencilla. Requiere que el Estado de Chile entienda el tema ambiental como una dimensión más del desarrollo y no como un tema sectorial donde existen normas y regulaciones que cumplir mientras las decisiones políticas sobre el patrimonio natural, los ecosistemas y los recursos naturales se toman en otra parte. Este es sin duda, el gran desafío ambiental de nuestro país y se convertirá en uno de los principales retos del futuro gobierno. Pensar que el lugar 29 del índice de Desempeño Ambiental pone a Chile a la vanguardia en materia ambiental sería un gran error.