Este próximo 28 de enero, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Chile rendirá su segundo Informe Periódico Universal (EPU, en su sigla en inglés), donde deberá informar sobre su grado de cumplimiento de los derechos consagrados en los distintos tratados de Naciones Unidas suscritos por el estado chileno.

Diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar sus informes alternativos al 17 de junio de 2013, fecha límite establecida para que actores distintos al estado entreguen información sobre la situación de los derechos humanos en el país. Si bien éstos aún no son públicos, los que han sido circulados y el gran interés evidenciado por aportar a este nuevo proceso de examinación, hacen prever que su número superará de modo considerable a los recepcionados durante el primer ciclo.
Primera examinación

Chile fue examinado por primera vez el 8 de mayo de 2009 y en el diálogo interactivo que tiene lugar tras la exposición de los representantes del gobierno intervinieron 51 delegaciones, quienes le representaron las situaciones de mayor preocupación y formularon recomendaciones.

El Informe Nacional fue presentado por el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, no acogiendo de plano dos de los planteamientos que le fueron formulados, ambos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Donde se le pedía revisar “la legislación que penalizaba la interrupción de embarazo en todas las circunstancias, incluso en los casos de violación, incesto y las situaciones en que corre peligro la vida de la madre, y difundiera públicamente información sobre planificación familiar y control de la fecundidad” (Finlandia) y hacer “más esfuerzos para ajustar la legislación sobre el aborto a las obligaciones de derechos humanos de Chile” (Suecia).

Durante la sesión el estado adoptó dos compromisos voluntarios: cursar una invitación abierta a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, para que en adelante no se requiera de una invitación formal del estado para visitas in loco al país, y “elaborar un plan de acción nacional de derechos humanos en que como parte de su metodología, se prevean amplias consultas con la sociedad civil antes de su puesta en marcha”, sin que a la fecha se registre ningún avance sobre en este último punto.

En su informe final el Consejo de Derechos Humanos le formuló al estado un total 71 recomendaciones, la mayor parte de ellas referidas a los derechos de pueblos indígenas, con especial preocupación por la afectación de niños, mujeres y ancianos.

Informes de segundo ciclo y nuevas temáticas

Al igual que durante la primera examinación a Chile, diversas organizaciones presentaron informes alternativos sobre las realidades a ser informadas por el estado, contempladas por este proceso de examinación.

Destaca entre ellos, el Informe Conjunto elaborado por una veintena de organizaciones de la sociedad civil, tales como Observatorio Ciudadano, Corporación Humanas, Corporación Opción, Instituto de la Mujer, Movilh, CINAMUDIS, CODEPU y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, entre otros. Dicho informe revisa una amplia diversidad de temas, incluidos aspectos vinculados a la institucionalidad en derechos humanos y a los avances en materia de justicia frente a las violaciones a estos derechos durante la dictadura; derechos de los niños, de la mujer y de las diversidades sexuales; derechos de pueblos indígenas y de los migrantes; derechos al trabajo, a la salud y a la educación; derechos de participación; discapacidad, que corresponde a la última Convención de Naciones Unidas ratificada por Chile; violencia policial, condiciones carcelarias y administración de justicia, por citar algunos.

Por su parte el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPI), en razón de que la mayor parte de las observaciones de 2009 refirieren a la vulneración de derechos a estos pueblos, coordinó para este segundo ciclo un informe conjunto que incluyó la realización de encuentros en la zona norte y sur del país. La ausencia de reconocimiento constitucional y de garantías para la participación política indígenas; la falta de consulta previa y de buena fe –como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile desde 2009- frente a proyectos de inversión en sus territorios ancestrales y recursos naturales; el rezago en la restitución de tierras, que ha derivado en los conflictos que hoy se mantienen con el estado; la criminalización de la protesta social mapuche y la aplicación de la ley antiterrorista contra dirigentes, autoridades y miembros de comunidades, y situación que afecta particularmente a la mujer indígena, son algunos de los principales hechos denunciados.

En la realización del informe participaron la Asociación de Comunidades Mapuche de San José de Mariquina, Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios Arica, Comité de defensa del Mar, Comunidad Agrícola Diaguita de los HuascoAltinos, Consejo Nacional Aymara, Grupo de Trabajo Mapuche sobre los Derechos Colectivos, Parlamento Mapuche de Coz Coz, Partido Autonomista Mapuche Wallmapuwen, Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca de Tarapacá, Red Ambiental Arica y Parinacota.

Este año destacan también los informes de la Comisión Ética contra la Tortura y de los Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas, donde se da cuenta de graves situaciones de violencia policial –incluida la tortura, secuestros y violencia sexual- que afecta a grupos movilizados, tales como estudiantes, trabajadores y pueblos indígenas, preocupando particularmente que ella recaiga cada vez con mayor fuerza sobre, niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, se debe hacer mención a la información aportada sobre una realidad hasta ahora poco abordada en informes a Comités de Naciones Unidas y que no formó parte de los temas analizados durante la primera examinación a Chile, como es el derecho a la vivienda digna, de acuerdo a estándares internacionales en la materia. Un tema de especial relevancia cuyas deficiencias –en un sistema por más de 30 años focalizado en subsidios y licitaciones- quedaron de manifiesto tras el terremoto y tsunami que afectó al país en febrero de 2010. Así como también el informe ampliado que sobre Discapacidad.

Encuentro gobierno sociedad civil

Cabe señalar, asimismo, que en el marco de este segundo ciclo de examinación el gobierno de Chile, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó en el mes de mayo un Encuentro con la Sociedad Civil para analizar algunos de las problemáticas que forman parte de los temas que vienen siendo reclamados por la ciudadanía.

En dicha oportunidad, los participantes se dividieron en siete mesas temáticas, elaborando cada una de ellas una minuta con los aspectos más deficitarios y urgentes en cuanto a respuesta. Las división temática de las mesas fue la siguiente: a) Verdad, Justicia y Reparación / Institucional en Derechos Humanos; b) Igualdad, Inclusión y No Discriminación; c) Derechos de la Mujer; d) Derechos del Niño, Niña, Adolescentes; e) Pueblos Indígenas; f) Derechos Económicos, Sociales y Culturales / Migrantes.

Las conclusiones a las que arribó cada una de las mesas, sin modificación a su redacción, fue sistematizada en un “documento consolidado” por el gobierno, el que será incluido como anexo en el Informe Nacional del estado, sin existir claridad en cuanto al carácter y modo en que ello será presentado durante la examinación de febrero próximo. Lo cual generó aprehensiones entre los participantes, quienes de todos modos valoraron este espacio de debate y diálogo.

¿Qué es el EPU?

Es un mecanismo extraconvenicional de examinación de la ONU, es decir, no fue instituido a partir de una Convención o tratado específico, sino por decisión adoptada en el seno del Consejo de Derechos Humanos, máximo órgano intergubernamental de Naciones Unidas compuesto por representantes de los estados miembro, quienes escuchan la exposición del país examinado y formulan sus inquietudes y recomendaciones. A diferencia de los Comité ONU, que integran expertos en los ámbitos que abordan los tratados que deben examinar.

¿Quiénes participan en el EPU?

El estado, a través de sus representantes, quienes presentan el informe. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes pueden exponer al momento de la examinación.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) presta apoyo y asistencia técnica a todos los actores en este proceso y, entre otras funciones, compila los informes presentados por las organizaciones de la sociedad civil y las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas (comités, relatorías espaciales) formuladas al estado chileno.

Algunas cifras del primer ciclo

Durante el primer periodo del EPU (2008/2011), fueron examinados un total de 193 países y un 80% de las delegaciones estuvieron compuestas por ministros de estados o autoridades administrativas de relevancia. En total, se formularon cerca de 20 mil recomendaciones a los distintos estados, siendo Estados Unidos, Sudán y Birmania, los países que les recibieron en mayor número.

Temas de examinación Estado de Chile, EPU 2014:

A. Igualdad y No discriminación

B. Derecho a la Vida, a la Libertad y a la seguridad de las personas

C. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho

D. Libertad de Expresión, de Asociación y de Reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

E. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

F. Derecho a la Salud

G. Derecho a la Educación

H. Derechos de las Personas con Discapacidad

I. Derechos de los Pueblos Indígenas

J. Derechos de los Migrantes

K. Derecho al desarrollo y cuestiones ambientales