A solo días de las elecciones presidenciales 2013, el ex presidente Ricardo Lagos (Concertación: 2000-2006), anticipándose al triunfo de Michelle Bachelet, dijo que un nuevo ciclo de gobierno se abre, de una duración de entre 20 a 25 años. ¿Puede usted imaginar eso? Pues yo no de buenas ganas… sobre todo hablando de política indígena. Me explico.

Veinte años de política indígena de la Concertación nos dejó como legado, entre otras cosas, una ley indígena (19.253), instituciones como CONADI, proyectos de desarrollo como Orígenes, un pequeño porcentaje de tierras compradas a los mapuche (que vinieron a resolver solo en parte las tierras usurpadas a los Títulos de Merced entregados desde fines del siglo XIX y comienzos del XX), y la adopción casi veinte años tardía del Convenio 169 de la OIT (2008). Además, algunos líderes indígenas íconos de los 1980s, así como profesionales e intelectuales de esos años y posteriores, fueron cooptados por el aparato de estado, y terminaron incorporándose a la burocracia estatal o boleteando para ella en calidad de asesores. En su lado oscuro represión a la comunidades campesinas, la aplicación de ley antiterrorista a activistas mapuche, el encarcelamiento de muchos de ellos e incluso asesinatos, fueron la tónica.

La ley indígena de la concertación se hizo esperar casi los 4 años del gobierno de Aylwin, exasperando a la comunidad mapuche que tenía esperanzas en que esa ley, ayudará a resolver algunos de sus problemas con la sociedad estatonacional. Sin embargo, y concediendo que esa ley permitió algunas cosas a favor de los mapuche, en el presente no hay muchos que le den crédito; más cuando se mostró inoperante en términos de favorecer a los mapuche en conflictos emblemáticos, como Ralko, y en que conceptos en ella como tierras indígenas no posibles de enajenar, inembargables, protegidas, etc., fueron vulneradas por la codicia del mundo de los negocios apadrinadas por los residentes de La Moneda, bajo el paraguas de una idea de desarrollo concebida de manera inconsulta, excluyente de las poblaciones indígenas, y nada democrática (dos directores mapuche de Conadi que se opusieron al proyecto Ralko, fueron removidos de sus funciones por un Presidente concertacionista).

De otra parte, la Conadi, expresión tangible de la política indígena de la concertación, otrora vista como el mecanismo para estimular el desarrollo de las minorías así como el respeto hacia ellas, terminó desdibujada. Salvo la excepción de dos directores mapuche que defendieron las tierras mapuche frente a la presión de megaproyectos de desarrollo, y que fueron destituidos como se comentó antes, el organismo se transformó en facilitador de operaciones, que autorizaban dándole cobertura legal, permutas de tierras indígenas en favor del mundo empresarial. Ralko es el ícono de la prestación de servicios que hace el organismo al mundo de los negocios; mientras que lo que ocurre en el presente en Curarrehue con la construcción de una nueva central hidroeléctrica, que afectará sitios ceremoniales mapuche, quizá su última obra. Su política de compra de tierra no resolvió el problema de tierras para los mapuche, generando un mercado especulativo a favor de latifundistas y corrupción. El desprestigio de Conadi se supone alto y tenemos derecho a preguntar luego de dos décadas de operaciones ¿cuántos mapuche se han desarrollado de acuerdo a sus propósitos? Y, ¿dónde están?

En fin, Lagos aventuró aún más predicciones, y se atrevió a anunciar que el gobierno que se viene ni será más ni menos de izquierda… ¡Hummm! ¿O sea lo que ya fue?... ¿Más de lo mismo excepto por un PC dentro del conglomerado que dé la impresión a las masas de un filtro, a ese tufillo a gobierno neoliberal de derecha que despedía la Concerta en sus veinte años anteriores? Las cosas no se ven bien para las minorías nacionales. Por lo pronto, sabemos que un Ministerio Indígena reemplazará a la Conadi  emergiendo desde dentro de la propia Conadi. Más burocracia estatal y cooptación para enfrentar una cuestión que en otras geografía se hace territorialmente, empoderando regiones y su gente, para que ellos, actuando como sujetos resuelvan/actúen en la búsqueda y promoción de soluciones a sus problemas. La política estatal hacía las minorías sigue manifestando el miedo del nacionalismo chileno a darle un rol más allá de objetos y clientela electoral a las minorías, a quienes esquizofrénicamente se ve como engendros que confabulan para hacerle daño al Estado unitario.

Por suerte Lagos se equivocó en el pronóstico entusiasta que dada por ganadora a Bachelet en la primera vuelta de las elecciones recién pasadas. Yo quisiera que los wekufes lo hubiesen escuchado, y que Ngenechen se hubiera hecho el sordo respecto de sus augurios. Mientras tanto, en el terreno de las realidades, la política en Chile seguirá siendo un empate, con poder de veto de una derecha parapetada para resistir lo que se viene, dado que por sobre los pronósticos previos y desbordantes de entusiasmo de la Nueva Alianza (Concerta-PC), las estadísticas muestran que en el parlamento pos-elecciones no habrá quorum, para validar políticas hacia las minorías fuera de un marco tipo veto de negociaciones/compromisos con la derecha, aunque dichas políticas sean poco generosas, escasas de imaginación: mezquinas.