Las Isapres fueron creadas durante la dictadura con el propósito de generar mercado en el área de la salud algo que no existía anteriormente o era muy acotado, las reformas a la salud que introduce la dictadura implican la incorporación del capital privado al sistema de salud generando problemas que hasta el día de hoy no han podido ser superados, como la creciente desigualdad en el gasto de salud y la segregación que estás instituciones han producido.  El objetivo de la creación de las Isapres y la creciente red de clínicas privadas era producir una alternativa al sistema público de salud, de forma que pueda existir libertad de elección en el sistema de salud. Este es el principio ideológico que rige en el sistema de salud, algo que se ha mantenido incólume desde la dictadura. Han pasado más de 30 años desde su nacimiento, sin embargo hasta el día de hoy no existe un cambio en la lógica en la cual operan estas “empresas”, esto a pesar que existen fallos del Tribunal Constitucional que elimina elementos abusivos en su funcionamiento, como la discriminación por sexo y edad, han pasado varios años desde este fallo y aún no se ha introducido ninguna modificación, a su lógica de funcionamiento que tiende a la discriminación y a privilegiar la maximización de las utilidades frente al bienestar de la comunidad.

Segregación

El objetivo declarado de las Isapres es entregar cobertura de salud, así como un montón de buenas intenciones, lo cierto es que las Isapres son empresas con fines de lucro, empresas que tienen por negocio un derecho social fundamental como es la salud. Esto tiene consecuencias sobre el conjunto del sistema de salud, no tan solo tiene consecuencias sobre los afiliados directos de las Isapres, sino sobre toda la población.

Tabla 1:

La lógica que opera en el sistema de Isapres, es la del negocio y la maximización de las utilidades ¿Cómo se traduce esto en la práctica? La forma en la cual opera se traduce en la “selección de riesgo” procedimiento mediante el cual, las Isapres tarifican sus planes, según el riesgo a enfermar de una determinada persona. Esto se traduce en que aquellos grupos de personas que tienen mayores probabilidades de contraer alguna enfermedad o de requerir algún tipo de atención médica, deberán pagar más por su plan de salud. Los grupos de personas que menos se enferman tendrán por lo tanto un plan más barato. ¿Cuáles son las consecuencias de esta lógica de tarificar los planes de salud? La consecuencia directa es que existe un incentivo al descreme, es decir seleccionar solamente aquellas personas que presenten menor riesgo y con capacidad de pago, y dejar fuera a los grupos que son más riesgosos y que no pueden pagar por ese riesgo.

Si analizamos la composición de los cotizantes según su capacidad de pago, nos encontraremos  que más del 53% de los cotizantes de las Isapres tienen rentas superiores a los $ 900.000 pesos o visto de otra forma, que el 89% de los cotizantes tienen rentas por sobre los $ 400.000 pesos. En cambio en Fonasa el 51% de sus cotizantes tiene ingresos hasta los $ 250.000 pesos (ver tabla 1). Otra forma en la que podemos ver expresada la segregación en el sistema de salud es bajo la óptica de cómo están distribuidos los beneficiarios según tramo etario. Esta mirada es importante dado que uno de los predictores del riesgo a enfermar es la edad,  al ver la distribución (ver tabla 2).  Por ejemplo en el tramo que comprende a personas mayores de 84 años solo un 4,6% es beneficiario de Isapres, en contraste el 95% está en Fonasa.

Tabla 2:

En el marco de la actual campaña presidencial, la candidatura de Michelle Bachelet en su programa se manifiesta a favor de la creación de una “comisión de expertos” para que proponga una nueva reforma. Si bien, puede parecer positivo el hecho que se proponga realizar una reforma, resulta problemático que esta “comisión” sea de “expertos” excluyendo a los actores de la salud en la discusión, otro elemento es que es fundamental realizar una reforma completa al sistema de financiamiento y no solo a las Isapres. Recordemos que el gobierno de Piñera ya tuvo dos comisión de expertos y dos proyectos de ley que no prosperaron producto de que la intencionalidad de estas “reformas” era la de preservar el negocio por sobre el bienestar social.

La segregación existente en salud, es producto de la lógica del negocio inserta en un derecho social fundamental, terminar con la segregación implica desterrar el lucro en la salud y avanzar en la construcción de un sistema de salud basado en los principios de la universalidad (en la cobertura),  solidaridad y equidad (financiamiento). Solo de esta manera dejaremos de tener una salud para ricos y sanos y otra para pobres y enfermos.