El 26 de agosto del 2010 el Presidente Sebastián Piñera anunció al país la voluntad de su gobierno de no permitir la construcción de la central termoeléctrica Barrancones, en las cercanías de la reserva natural Punta Choros (IV Región). ¿Qué llevó al Presidente a tomar esa decisión, cuando la COREMA de Coquimbo, dentro de la cual sus partidarios se la habían jugado para obtener la aprobación, había autorizado el proyecto? Por José Marimán La explicación hay que buscarla en un hecho político más/menos nuevo en Chile. Me refiero a la emergencia de un movimiento ciudadano que expresó su oposición al proyecto de manera activa, con marchas en las calles y otras actividades. Ahora, no es que no haya habido marchas en las calles de Chile antes de Barrancones: lo diferente de esta movilización fue su transversalidad. ¿Qué se quiere implicar con esto? Pues que en las manifestaciones contra Barrancones participaron desde militantes de la izquierda, pasando por ecologista/humanistas, hasta representantes de la derecha. Un grupo humano heterogéneo política y socialmente hablando, se lanzó a las calles tocado por un discurso ecológico que anunciaba un desastre y que traspasó fronteras políticas. Luego ese actor transversal volvió a mostrarse en acción durante el 2011 y 2012. Ejemplo de ello son el levantamiento regional en Magallanes, como consecuencia de un intento de ENAP de aumentar un 16,8% el precio del gas a los habitantes de la fría XII región. En mayo del 2011 nuevamente gente en las calles de las principales ciudades e Chile, realizaba marchas contundentes contra el proyecto “HidroAysen”, que continuaron los meses siguientes. Junto a esto, mayo atestiguó el levantamiento de los estudiantes universitarios y secundarios, por el fin del lucro en la educación y una educación de calidad para todos, contienda aún en desarrollo. El 2012 fue sacudido por el levantamiento de la XI región (febrero-marzo), en el cual los ayseninos sobreponiéndose a sus tendencias políticas, buscaron mejorar las condiciones de vida de un área del país abandonada por el centralismo estatal dominante. Las poblaciones indígenas no estuvieron al margen de movilizarse. Los rapanui se opusieron a la construcción de hoteles y otros proyectos de “desarrollo” en su isla, y fueron duramente reprimidos en enero del 2011. Y los mapuche desarrollaron dos huelgas de hambre entre el 2011 y el 2012, para exigir juicios justos sin la aplicación de la Ley Antiterrorista; mientras comunidades mapuche de Ercilla, en la IX región, sufrían la represión intensa de la policía militarizada chilena. Pero, ¿es apropiado en este último caso hablar de movimiento social en referencia a los indígenas? Al parecer los indígenas mismos no estarían de acuerdo con esa tipología. Las razones para disentir las proporciona un connotado intelectual mapuche. Marcos Valdés Huecul nos dice ya el 2006 (buscar en internet: “Pueblos originarios y movimientos sociales”), que los movimientos sociales no demandan la autodeterminación de los pueblos, ni un territorio a controlar para desarrollar una utopía autodeterminista, ni se consideran a sí mismo “pueblo” o “nación” luchando por un lugar para su reproducción cultural. A nadie se le ocurrió en el conflicto Barrancones asociar el salvar Punta Choros, con demandar la autonomía de la IV región sobre la base de imaginarse un “pueblo” diferente al chileno. Lo más cercano a demandas autonomistas fueron las movilizaciones regionales de Magallanes y Aysén, durante las cuales más como un hecho anecdótico que verdaderamente sentido, en algún momento se izaron banderas argentinas. Se puede conjeturar que si alguien hubiera seriamente demandado anexión a Argentina, la movilización se hubiera quebrado, pues el nacionalismo chileno hubiera aflorado en los participantes, dividiéndolos. Pero si movimientos sociales y movimiento mapuche (o movimientos indígenas) no son lo mismo, ¿es posible cooperar en eventos políticos comunes o que afectan a unos y otros? Mi respuesta es por supuesto ¡Sí! Es más, es de todo punto de vista –político– necesario. Y en los hechos eso ocurre cuando indígenas participan de las movilizaciones sociales de carácter estatonacional, y chilenos participan de las movilizaciones indígenas. La solidaridad con las causas de unos y otros es la única garantía de sumar fuerzas para vencer enemigos políticos poderosos, de manera que las tendencias aislacionistas, en particular dentro del movimiento mapuche, deben ser contradichas como una estrategia que no conduce a buenos resultados. Un ejemplo actual de colaboración política lo constituye el éxito parcial que alcanzó Wallmapuwen en la elección municipal 2012, en que por primera vez y por haber participado de un pacto político, pudo lograr dos alcaldes y un par más de concejales. Pero, ojo con esto, esos logros no pueden significar, como ocurrió en el pasado, sacrificar ni el centro de sus demandas autodeterministas ni la independencia del movimiento mapuche y su ganada calidad de actor-sujeto político (aunque débil). Sería un retroceso subordinar a cabalidad las demandas propias, bajo cantos de sirenas de proyectos redentores homogenizantes y que no den cuenta de la calidad de país multicultural, pluriligüístico y multiétnico de Chile.