Lejos de terminarse de forma inmediata, la tramitación del proyecto del retiro de los ahorros de los trabajadores tiene un recorrido por hacer que puede terminar con más o menos celeridad dependiendo de si llega o no a una comisión mixta y de cómo el gobierno decida continuar su pelea contra la iniciativa. El veto presidencial y la injerencia del TC son dos escenarios que no pueden descartarse.
Tras la confirmación del voto de al menos cinco senadores del oficialismo a favor del retiro del 10% de los fondos de las AFP, la aprobación del proyecto está prácticamente garantizada. Se aseguraron 29 de los 26 votos necesarios y una vez tramitadas todas las indicaciones que probablemente se le incluirán en la votación de la Cámara Alta, la pelota pasará al gobierno. El Ejecutivo tendrá que decidir si acepta la derrota del Congreso o si sigue dando la pelea a contracorriente, con las herramientas que tiene a su disposición para intentar bloquear la iniciativa.
Este domingo, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe instó al gobierno a utilizar el veto presidencial en caso de aprobarse la reforma constitucional. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, insistió que el gobierno “no se hará parte” de la iniciativa y reiteró que la legislación “afectaría la institucionalidad” nacional. “Acá se obra a través de un atajo para saltarse lo que es lo propio de la potestad del Ejecutivo en materias de seguridad social“, aseveró Briones. Una afirmación que apunta hacia la posibilidad de llevar el proyecto aprobado por ambas Cámaras al Tribunal Constitucional (TC) o incluso aplicarle un veto presidencial, como hizo Sebastián Piñera con la legislación que pretendía prohibir el corte de servicios básicos.
La batalla por el 10% de los ahorros de los trabajadores está lejos de acabarse con la votación en el Senado y el proyecto enfrenta distintos escenarios, en función de cómo quede el texto que previsiblemente se aprobará este miércoles en la Cámara Alta. El Desconcierto consultó con varias expertas y expertos legislativos para mapear todas las posibilidades que podrían presentarse en los próximos días.
El proyecto que se despachó esta noche incluye varias indicaciones (de un total de 15 que se presentaron), con lo que probablemente, el miércoles, saldrá de la Sala del Senado con modificaciones respecto a la propuesta aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados. Precisamente por eso, el texto tendrá que someterse a un tercer trámite parlamentario y regresar a la Cámara Baja, nuevamente. Los diputados y diputadas tendrán que aprobar o rechazar los cambios propuestos por el Senado. En caso de no suscribir los cambios, el proyecto pasaría a Comisión Mixta, formada por parlamentarios de ambas cámaras, que tendrán que resolver las diferencias entre ambos proyectos y emitir un informe para que se vote por ambas instancias, nuevamente. «Eso dilataría el proceso», asegura la abogada Nicole Soto.
La experta recuerda que la próxima semana es distrital y, por lo tanto, no hay actividad legislativa a menos que se acordara algo distinto en esta instancia. Dice que, además, el proyecto no tiene urgencia, «sino que se ha movido porque hay voluntad de los presidentes de las respectivas comisiones de ponerlo en tabla y porque la presión en las calles ha hecho que la iniciativa se tenga que discutir sí o sí». Y añade: «Si pasa a comisión mixta podríamos estar dos semanas más viendo la tramitación de este proyecto», asegura.
Una vez aprobado, el proyecto saldrá del Congreso para que el presidente le dé su visto bueno y lo promulgue. De ser así, se convertiría en ley, se publicaría y entraría en vigor. En cambio, si el presidente decide rechazarlo, puede vetarlo y mandarlo de vuelta al Congreso con su veto. A través de esta acción, el mandatario puede agregar un artículo o capítulo a la ley (veto aditivo), reemplazar una frase o artículo del proyecto (veto sustitutivo) eliminar parte del proyecto de ley (veto supresivo). Según el abogado Mauricio Daza, si Sebastián Piñera optara por esta opción, todo indica que se inclinaría por un veto supresivo. “La Constitución establece el veto parcial o total. El núcleo del proyecto se relaciona con la posibilidad de retiro del 10% y las normas complementarias se vinculan con la forma con la que se implementaría ese retiro. Considerando que Piñera se manifestó en contra de la idea misma del retiro del 10%, todo indica que el veto sería para rechazar totalmente el proyecto”, explica el abogado.
Las observaciones del presidente se tienen que debatir en ambas cámaras. “Aquí viene la trampa de la Constitución hiperpresidencialista que tenemos”, advierte Daza. El abogado cuenta que para rechazar el veto presidencial total se requiere de ⅔ de los parlamentarios en ejercicio, un quórum más alto del requerido para aprobar el proyecto, que fue de ⅗. “Es un quórum más difícil de alcanzar. En la Cámara el proyecto se aprobó por 95 votos a favor y ahora se requerirían 103 votos y en el Senado 29”, apunta el abogado Luis Cuello. La abogada Nicole Soto, en cambio, considera que si bien el quórum es más alto, este proyecto se caracterizó por “una alta votación” y cree que, por lo mismo, “aprobar el veto sería difícil”. Y recuerda: “El veto anunciado por el presidente al proyecto de rechazo al corte de suministros básicos todavía no se ha puesto en tabla porque no existen los votos para aprobarlo”.
Si no se consiguen dos tercios de los votos en el Congreso, el veto avanza, la voluntad del presidente se impone y el proyecto no entrará en vigencia. En cambio, si el veto se rechaza, el presidente tiene dos alternativas: dar luz verde al proyecto o consultar a la ciudadanía mediante un plebiscito.
Otra herramienta para bloquear el retiro del 10% es a través del TC, al que pueden acudir tanto el presidente como los parlamentarios. Mauricio Daza subraya que, hasta ahora, el oficialismo ha lanzado dos argumentos de inconstitucionalidad. El primero sostiene que el quórum con el que se está tramitando este proyecto no es el correcto. Según explica, hay ciertos ámbitos en los que una reforma de la constitución requieren ⅔ de los senadores y diputados en ejercicio. Dentro de este grupo se incluyen los cambios relativos al capítulo III sobre “derechos y deberes constitucionales”, del que forma parte el “derecho de propiedad”. “Los que se oponen al proyecto dicen que esto es una reforma constitucional que requeriría ⅔, pero el texto que se aprobó se establece en los llamados artículos transitorios que no modifican directamente los capítulos donde se regula el derecho de propiedad, sino que la modificación afecta a este derecho por un período acotado y concreto”, añade Daza.
En esta misma línea, el abogado Luis Cuello indica que la reforma “es una norma transitoria de la Constitución porque es excepcional y tiene una temporalidad, en este caso vinculada a los efectos del Covid-19”. “Es un argumento mañoso y una mala excusa para construir artificialmente un argumento de inconstitucionalidad”, sentencia Daza.
El segundo cuestionamiento de constitucionalidad de los detractores del proyecto apunta a que debió haberse originado por iniciativa del presidente. “Este argumento es artificioso y manifiestamente erróneo», afirma Daza. «Cuando el capítulo relativo a reformas de la Constitución trata sobre la iniciativa para poder presentar proyectos en este ámbito solo hace referencia a una limitación relativa al número de diputados y senadores que pueden firmar estas reformas”, añade el abogado.
El TC está compuesto por 10 miembros, tres de los cuales designados por el propio presidente, otros cuatro por cuoteo político entre partidos de Chile Vamos y la ex Concertación y otros tres por la Corte Suprema. La presidencia, que concentra el “voto dirimente” en caso de empate, la ocupa la ministra María Luisa Brahm, ex asesora del primer gobierno de Piñera. “No hay un escrutinio real respecto a la competencia o calidad de los magistrados porque están designados bajo criterios eminentemente políticos y partidistas”, resalta Daza.
En opinión del abogado, la ventaja para el gobierno de presentar el proyecto ante el TC es que “no asumiría el costo político directo de que este proyecto no prospere y le podría echar la culpa al tribunal”. Aunque el tribunal hoy se encuentra inclinado hacia las posiciones de gobierno, considera que habría que analizar si sus integrantes reúnen una mayoría suficiente para rechazar la idea de seguir adelante con el proyecto.
Los tres expertos coinciden en que más allá de los aspectos jurídicos, la aprobación de este proyecto es “un tema político» que concentra una mayoría política y social, por lo que la aplicación de estas herramientas sería «extraña», “rebuscada” y “difícil de entender”. Cuello lo resume: «Tanto el TC como el presidente quedarían expuestos a un rechazo por parte de la ciudadanía”.
