Estudio identifica a Chile como el único país con expresa propiedad privada de derechos de agua
Un grupo de investigadores del Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica (UC), preparó un análisis sobre “Agua y Constitución”, para identificar cómo este recurso natural se recoge en las cartas fundamentales del mundo en el marco del proceso constitucional que actualmente se desarrolla en Chile.
De acuerdo a lo informado, hasta el momento, el estudio ha revisado la situación de los países de tres continentes. En total, se abordaron las disposiciones vigentes de 92 naciones, 35 de ellas correspondientes a América, 43 de Europa y 14 de Oceanía.
“Para detectar de un modo integral las disposiciones que tienen los textos constitucionales, nos focalizamos en los ámbitos del agua propiamente tal, saneamiento y en las referencias generales a los recursos naturales”, explicó Daniela Rivera, directora del Centro de Derecho y Gestión del Agua UC.
Entre los principales hallazgos del análisis, la académica adelantó que 31 países no tienen ninguna referencia específica y explícita al agua (10 América, 16 Europa y 5 Oceanía), como son los casos de Argentina, Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Italia y Suecia.
Por su parte, la profesora y vicedecana de Ingeniería UC, María Molinos, agregó que el estudio identificó a 10 países que reconocen expresamente el acceso al agua (uso personal y doméstico) y saneamiento como derechos humanos. La mayoría, dijo, corresponden a América (Bolivia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, entre otros)
“De las 92 constituciones analizadas, Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Además, integra la lista de 70 naciones que incluyen el agua en preceptos más genéricos sobre recursos naturales”, destacó la académica.
En el artículo 19 N°24 inciso final, la Constitución de Chile establece que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Al respecto, la coordinadora de campañas de Greenpeace, Estefanía González, afirmó que el estudio “refuerza que asegurar la propiedad privada del agua en la Constitución es una aberración que debemos frenar ya”.
Y agregó que “es momento de modificar de fondo el modelo del agua, considerarla un bien común y garantizar a escala constitucional, no la propiedad privada sobre ella, sino su acceso como derecho para personas y naturaleza”.
González afirmó que “en un contexto donde se han entregado -en promedio- tres veces más derechos de agua que la realmente disponible, y más del 50% de ella ni siquiera está catastrada, es urgente modificar todo esto en la nueva Constitución”.
Entre otros de los resultados destacados por los investigadores se señala que 13 países aluden al carácter o función territorial del agua (7 Américas, 2 Europa y 4 Oceanía) y 15 países contienen mandatos o prescripciones sobre el uso racional, sostenible, sustentable, equitativo o equilibrado del agua (9 América, 5 Europa y 1 Oceanía).
