Las casas anegadas de Galilea: Empresa de senador RN construyó a metros de estero desbordado en Curicó
Los vecinos de Parque Zapallar, un sector con casas de alrededor de 4 mil UF al poniente de Curicó, tuvieron que evacuar sus viviendas al menos dos veces en los últimos 50 días. La última fue la madrugada de este martes, luego que el estero Guaiquillo se desbordara arrastrando a su paso vehículos y troncos. Algunos propietarios llevaban apenas tres meses viviendo en el lugar.
Lo primero que se supo de Parque Zapallar fue gracias al video de una niña anunciando la llegada del aguacero desde su ventana. “Parece río”, dice. Su madre, precavida, le pide subir el sillón al segundo piso. La niña responde que no, que el agua no llegaría a la casa. La imagen se viralizó a las 10:11 del 21 de agosto.
https://twitter.com/RaymondReddding/status/1693808051390751157?s=20
Luego de eso, comenzaron aparecer una serie de videos en redes sociales sobre la inundación del conjunto residencial de 440 viviendas, construido en un sector de alta plusvalía con casas tipo chalet, alejadas del centro de Curicó, compradas en su mayoría a crédito por jóvenes profesionales y emprendedores locales de clase media.
Desde ese mismo lugar los vecinos comenzaron a grabar con curiosidad, primero, luego con temor y al final pidiendo derechamente auxilio. Hay un registro donde el agua arrastra a un vehículo hasta hacerlo chocar con un poste y otro donde un vecino relata que ha visto pasar postes de luz, rejas y hasta “casas de perritos”.
Lo cierto es que Senapred, la oficina gubernamental encargada de las emergencias de origen natural en nuestro país, generó una alerta de evacuación dirigida a los vecinos de Parque Zapallar a las 12:01AM del martes 22. El dirigente de la junta de vecinos del sector, Marcelo Gallardo, fue uno de los primeros en poner la voz de alerta.
Gallardo aseguró a El Desconcierto que las casas eran prácticamente nuevas y que una parte de ellas habían sido construidas contraviniendo el plan regulador de la ciudad. “Son actos que eventualmente constituyen delitos. Vamos a tomar todas las medidas necesarias, incluyendo la vía legal, para que alguien se haga responsable de esto”, señaló.
“Aquí se aprobaron todos los permisos a sabiendas de que algo así podía suceder. Por donde se lo mire hay una falta a la legalidad y sobre todo a la ética empresarial, pues nunca hubo un compromiso humano. La empresa se burló de la esperanza de cientos de vecinos y no les importó lo que podía pasar”, explica Gallardo.
Los dardos del dirigente están dirigidos a un blanco específico: la constructora Galilea. La empresa inmobiliaria encargada de construir las viviendas inundadas, posee un prontuario abundante de irregularidades, faltas y sanciones por construir casas de mala calidad, hecho evidenciado tras el terremoto del año 2010 con cientos de viviendas que debieron ser demolidas en distintas regiones del país.
Eso no es todo. Uno de los propietarios de la constructora es el exintendente y actual senador por la región del Maule, Rodrigo Galilea Vial, político de Renovación Nacional y empresario inmobiliario con fuertes inversiones en Perú, donde también su empresa ha sido sancionada por construcciones deficientes.
“Participación indirecta”
Rodrigo Galilea (55) es el quinto de once hijos del empresario inmobiliario Víctor Galilea, expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción en el Maule, y fundador de la empresa familiar en el año 1981.
Abogado de profesión, Galilea Vial fue intendente de la Región del Maule en el primer gobierno de Piñera y alcanzó la senaturía con el 7,6% de los votos en las elecciones del año 2017. Hoy atraviesa por su segundo periodo parlamentario y acaba de pasar a segunda vuelta en las elecciones internas de RN para presidir el partido.
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El senador Rodrigo Galilea (sentado). / Fuente: Agencia Uno.[/caption]
Galilea es propietario, junto a un hermano, del 42,5% de la sociedad de inversiones que administra la constructora que fundó su padre, de acuerdo a información consignada en su declaración de patrimonio.
Consultado respecto a esto por El Desconcierto no desmintió los porcentajes, sino se limitó a confirmar que se trataría de una “participación indirecta”. “Es importante aclarar que no trabajo en la empresa desde 2010, es decir, hace 13 años”, agregó.
La valoración de la empresa, según un reportaje publicado por La Tercera el año pasado, es de US$100 millones y mantiene un fideicomiso con Picton Advisors ligado a Matías Eguiguren, ex asesor del Ministerio del Interior de Piñera.
La empresa familiar se instaló en Perú en el año 2009, a través de Galilea S.A.C. e Inversiones Galilea S.A.C., ambas sociedades controladas por el senador, ganando terreno en el país vecino justo cuando acá comenzaban a interponerse querellas colectivas y a ordenarse demoler las viviendas sociales construidas por la empresa que no resistieron el último gran terremoto.
Según un reportaje aparecido en El Dinamo, la empresa habría sido sancionada por el organismo defensor de los consumidores en Perú, Indecopi, en más de 32 ocasiones entre los años 2012 y 2018, siendo denunciados por dueños de viviendas sociales en las ciudades de Trujillo, Piura, Chiclayo y Chimbote.
Lo última controversia del senador, en todo caso, estuvo vinculada a la esfera política. En septiembre del año 2021, participó en el lanzamiento de la ley corta de pensiones en La Moneda, donde se confirmaría el fin de las exenciones tributarias en contra del rubro de la Construcción.
En el acto, sin darse cuenta que el micrófono se encontraba abierto, Galilea increpó a los ministros. “No me pueden cagar delante de mí con el IVA a la construcción. Ustedes son unos chacales. Y yo tengo que sonreír más encima”, dijo sin darse cuenta que sus palabras estaban siendo escuchadas por la prensa.
Ahora, el asunto es distinto, y con la lluvia regresaron algunos viejos fantasmas.
Medidas de mitigación
Las viviendas ubicadas en una primera línea, frente al estero Guaiquillo, tienen el privilegio de la cercanía al lecho. Vivir cerca del río, en este caso a apenas 12 metros de distancia, era parte del atractivo del proyecto. Tener un acceso casi privado al espacio, de hecho, fue parte del “speach” de venta usado por la empresa.
Los vecinos pensaron que el uso común de “áreas verdes” era parte del visto bueno general al proyecto. En efecto, los permisos estaban, pero contemplaban obras mitigación. La normativa del Plan Regulador de Curicó, vigente desde el año 2011, proyectaba un área verde y una vía a un costado del estero Guaiquillo.
“Eran obras que supuestamente se tenían que construir, me acuerdo que contemplaba incluso una especie de costanera, pero nunca se hicieron. Ellos no respetaron el plan regulador, construyendo casas más allá de lo permitido, en una parte que es incluso zona de expropiación”, cuenta Marcelo Gallardo.
El alcalde de Curicó, en conversación con El Desconcierto, confirma la versión. “Hay una línea de casas más cercanas al río, donde se contemplaba en teoría área verde y una avenida, y ellos se tomaron una parte y ahí construyeron casas, cuando debieron haber estado más adentro”, explica.
Javier Muñoz, el alcalde, confirma que los permisos de edificación fueron otorgados por el director de obras del municipio en el año 2014 y que tras un lapidario informe de Contraloría que lo acusaba de autorizar construcciones donde no correspondía, fue finalmente desvinculado del municipio.
“A mi juicio los permisos fueron entregados de manera irregular. Están los oficios y las cartas donde le hacemos ver a la empresa que han construido sobre una zona afecta a inundación y en un bien nacional de uso público”, agrega Muñoz.
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La zona inundable aparece en color rojo en el mapa.[/caption]
Consultado por estas acusaciones, el senador Rodrigo Galilea respondió a este medio que no tenía “antecedentes del proyecto”. “Asumo que todo está construido con los permisos debidamente otorgados por la Municipalidad de Curicó, como asimismo está todo debidamente recibido por el Serviu y la municipalidad”.
En el año 2019, la municipalidad solicitó un proceso de invalidación de los permisos encabezado por la Dirección de Obras, enviando un acta formal a la empresa solicitando medidas de mitigación para contrarrestar la fuerza del río en caso de desborde. Ninguna de las solicitudes hasta ahora, aseguran al interior del municipio, se habría ejecutado.
Para el Presidente de la Fundación Defendamos la ciudad, Patricio Herman, estaríamos en presencia de un proyecto ilegal, ejecutado por una empresa constructora ligada al senador Galilea, quien de acuerdo a la recién promulgada ley contra delitos de cuello y corbata, “tiene una alta responsabilidad penal por haber construido en una zona inundable”.
“El senador tiene que asumir su responsabilidad pecuniaria, con la nueva ley nadie se salva, la empresa constructora debe pagar. Va a tener que meterse las manos al bolsillo y pagar las indemnizaciones”, dice Herman. Antes de finalizar, añade, “se acabaron las clases de ética”.
