El economista Roberto Pizarro Hofer es un abierto disidente de las posturas neoliberales de varios de sus colegas, a quienes ha rebatido públicamente por su posición ante la posibilidad de una nueva Constitución.

Fue ministro de Planificación y Cooperación (hoy Ministerio de Desarrollo Social) en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y su vasto currículum indica también que ha sido consultor internacional del BID y funcionario de Naciones Unidas, además de embajador en Ecuador. Socialista de convicción, aunque alejado del partido desde 2009, cuando renunció por diferencias políticas, hoy es parte de Plataforma Socialista.

En esta entrevista con El Desconcierto, Pizarro se refiere a las claras ventajas económicas que llevarían al desarrollo del país de aprobarse esta Carta Magna el próximo 4 de septiembre. Y refuta las tesis alarmistas de quienes quieren mantener el rol subsidiario del Estado de la actual Constitución de Pinochet.

A su juicio, el panorama es claro: “La defensa del Rechazo por los economistas, empleados del gran empresariado, es irresponsable. Generará inestabilidad y ampliará la inseguridad y la violencia social”.

“El Apruebo, en cambio, garantizará las transformaciones demandadas desde hace años por la ciudadanía y generará condiciones para recuperar el crecimiento económico, con equilibrios sociales y medioambientales”, indica.

- El economista Vittorio Corbo, en entrevista reciente a El Mercurio se manifiesta crítico de la nueva Constitución porque explicita muchos derechos sociales, pero debilita la institucionalidad que se requiere para crecer y generar los recursos necesarios. ¿Qué opina de esa afirmación?

El economista Corbo defiende al gran mundo empresarial. Son sus patrones. Y, los protege porque a los grandes empresarios les acomoda la Constitución de 1980, la que les ha permitido acumular grandes fortunas (el 50% de la riqueza está en manos del 1% de los más ricos de Chile). Y parece que no se entiende que el 18-O y la nueva Constitución son la respuesta a los 40 años de injusticias y abusos de un sistema económico que enriqueció a una minoría a costa del 90% de chilenas y chilenos.

La nueva Constitución explicita derechos sociales imprescindibles, que han sido conculcados por un sistema económico injusto. Pero no se debilita la institucionalidad sino se fortalece. La nueva Constitución fortalece la institucionalidad pública, mediante normas claras de propiedad y normativas económicas transparentes, con Banco Central autónomo, instituciones de defensa de la competencia, contra la corrupción y de defensa de los consumidores, entre otras. Pero, además, la nueva Constitución agrega una ventaja institucional adicional, que no entienden los economistas conservadores: asegurar derechos sociales para todas las familias. Que la salud, la educación, vivienda y previsión sociales sean derechos, se traducirán en un mejoramiento sustantivo del denominado “capital social”, con efectos positivos en la productividad y competitividad internacional, condición indispensable para favorecer mayor crecimiento. Chile podrá tener crecimiento, con cohesión social y equilibrios medioambientales. Eso es, a final de cuentas, verdadero desarrollo.

- En tanto, otro grupo de economistas denominado Convergencia Transversal -integrado entre otros por José de Gregorio, Manuel Agosín, Joseph Ramos y Alejandro Micco- señala que la nueva Constitución podría “generar importantes riesgos e incertidumbre en materia económica" en Chile. ¿Hay una campaña del terror desde el mundo de los economistas?

Este es un discurso sesgado en favor del gran capital. No observo riesgos e incertidumbres con la nueva Constitución. Los riesgos e incertidumbres están presentes en la Constitución del '80. Empresas internacionales evaluadoras de riesgo, como Bloomberg y Morgan Stanley, califican la nueva Constitución de muy razonable y, a esas opiniones, se agregan destacados economistas internacionales (entre los que destacan Mazzucato, Ha-Joon Chang y Piketty), quienes señalan que la nueva Constitución “producirá seguridad y crecimiento sostenible para la prosperidad de Chile”.

El peligro está en el Rechazo. Los economistas conservadores tienen la cabeza dura. Se olvidan del 18-O y de las protestas No+AFP, las mujeres defensoras de la paridad, los estudiantes contra el CAE, los medioambientalistas contra las zonas de sacrificio. Agosin, Ramos y Micco, en vez de entender el punto de vista de las mayorías, que reclaman derechos fundamentales, han optado por la defensa del gran capital. Su defensa de la elite económica es irresponsable.

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-¿Usted cree que la nueva Constitución permitirá recuperar el crecimiento?

Es el único camino. El crecimiento rentista, fundado en los recursos naturales, que caracteriza a nuestra economía, está agotado.  Para recuperar el crecimiento nuevamente se requiere de nuevos sectores de actividad, que agreguen valor a los recursos naturales. Es lo que permitirá potenciar de nuevo la actividad económica.

La tasa del PIB viene disminuyendo año tras año (y no sólo por la pandemia, sino durante la década 2010-2020) y con estancamiento dramático de la productividad. El término del Estado subsidiario, consagrado en la nueva Constitución, abre espacio para que la política pública fomente nuevas actividades productivas y apunte en favor de la diversificación económica (Artículo 182.1). El Estado en la nueva Constitución, ya no subordinado a los mercados, tendrá autoridad para instalar empresas y para hacer una política económica en favor de nuevos sectores de transformación, que sirvan para generar empleo y mejorar la productividad.

El modelo productivo actual, basado en minería, forestal y pesca, está agotado y no genera suficiente trabajo. La pesca industrial ha reducido la fauna marina, la minería del cobre opera con baja ley y el sector forestal destruyo las tierras agrícolas y está en conflicto con el pueblo mapuche. El modelo productivo debe ser modificado y para ello se requiere un Estado que no sea disciplinado por el mercado, sino al revés.

- Otra queja de varios economistas del establishment se refiere al debilitamiento de los derechos de propiedad de la minería y el agua. A su juicio, ¿hay aspectos desventajosos en la propuesta de nueva Constitución?

En cuanto al tema minero, el artículo 145 de la nueva Constitución, ratifica la cautela sobre el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado de todas las minas.  Sin embargo, no propone la nacionalización y, al igual que ahora, la actividad privada no tendrá impedimento para su funcionamiento. En cuanto a las exigencias regulatorias, contenidas en otras normas mineras, el propio Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, estima que son similares a las de la actual Constitución. “Lo que está establecido en la Constitución es algo que la minería lo está haciendo”, lo dijo en La Tercera el 16 de mayo.

En cuanto al agua, en medio de una sequía espantosa y con familias en el norte dependiendo de camiones aljibes, resultaba ineludible que la nueva Constitución definiera los cuerpos de aguas como bienes comunes naturales inapropiables, para garantizar un derecho humano esencial al Agua y al Saneamiento para toda persona y comunidad. Esta es la prioridad, como en todos los países del mundo. Chile era un caso raro en el que no se priorizaba el agua como consumo humano.  Ahora, en cuanto a los sectores económicos, como minería y agricultura la Agencia Nacional de Agua, establecida en la nueva Constitución podrá asignar las autorizaciones correspondientes de agua, junto con velar por su uso responsable y sostenible, que requieran los sectores productivos. No puede haber nada más razonable. La vida está primero.

- Vamos con otras afirmaciones que se han lanzado en este proceso constituyente: ¿El Estado plurinacional y las autonomías regionales pueden limitar el desarrollo económico, según han criticado sectores del Rechazo?

En ningún caso. Por el contrario, las autonomías regionales potencian el desarrollo económico. En realidad, la regionalización contenida en la nueva Constitución es una gran oportunidad para el crecimiento. Las regiones tendrán instrumentos para constituirse en polos de desarrollo económico y, con ello, contribuir a que el país en su conjunto supere el estancamiento de la productividad y de la capacidad productiva que lo afecta desde hace ya largo tiempo.

Hay que recordar que la descentralización es una demanda de larga data. Y, ahora, se dejará atrás el ineficiente y antidemocrático centralismo. Por cierto, ello exigirá un desafío para que el Poder Legislativo de forma a esta nueva relación entre el poder central y las regiones.

Por otra parte, la autonomía de ingresos y gastos para el cumplimiento de las competencias regionales exige a éstas ajustarse a criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera y a los principios contenidos en el marco de la NC. Por lo demás el Estado seguirá recaudando centralizadamente la mayor parte de los tributos. Chile seguirá siendo un país unitario.

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- Otro tema: ¿la autonomía del Banco Central queda bien resguardada en la propuesta de Constitución? 

La autonomía del Banco Central se encuentra completamente cautelada por el Art. 357.1 de la NC y, por cierto, como todo organismo del Estado, en democracia, debe estar está sujeto a fiscalización. Esto, curiosamente disgusta al economista Corbo; pero, es obvio si alguno de sus consejeros no cumple con sus responsabilidades, el Presidente, el Poder Legislativo o incluso una mayoría del Consejo del propio Banco Central tienen el derecho (y obligación) de acusarlo por incumplimiento de deberes. La acusación será resuelta en la Corte Suprema. Nada extraño y muy sano para la democracia. Esto no vulnera la autonomía del Banco Central. Los consejeros del Banco Central no son dioses y deben estar sujetos a control ciudadano e institucional.

- También se dice que la nueva Constitución debilitaría la protección de la competencia, al excluir a los economistas servir como jueces en el Tribunal de la Competencia. ¿Es así?

No es así. El artículo 99 de la nueva Constitución cautela debidamente los abusos de mercado: los previene y los sanciona. No podría ser de otro modo dada la masiva corruptela empresarial vivida con la colusión en los últimos años. La norma establecida parece del todo razonable y de sentido común. Ahora, la preocupación que no existan economistas y sólo abogados en el Tribunal de la Competencia es un asunto completamente irrelevante y más parece, para algunos economistas del establishment, una curiosa reivindicación sindical. Si los abogados lo estiman pertinente podrán asesorarse por economistas competentes y caso cerrado.

-En cuanto al financiamiento, algunos economistas de varios planteles universitarios estimaron que el costo anual de la nueva Constitución fluctúa entre US$ 28.500 millones y US$ 45.000 millones. ¿Está de acuerdo con esas estimaciones?

No he realizado los cálculos correspondientes. Lo que sí puedo decir es que recuperar derechos sociales universales tiene, sin duda, un costo elevado.  Ello explica que la reforma tributaria, en pleno funcionamiento, signifique alrededor de US$ 12.000 millones. Y, la necesidad de aprobarla es ineludible. Esto debe entenderlo la sociedad toda y sobre todo los sectores de altos ingresos, quienes tiene la responsabilidad de entregar el mayor aporte para construir una sociedad en que impere la cohesión social.

- Una de las afirmaciones que se escuchan en las conversaciones de café o en la calle es de dónde saldrán los recursos para financiar los derechos que contempla la nueva Constitución. ¿Cuáles serán las vías de financiamiento?

Los recursos para financiar los derechos contemplados en la NC serán el resultado de un sistema impositivo más justo, como el propuesto recientemente por el gobierno. Impuestos superiores a los sectores de más altos ingresos, royalties de verdad a los recursos naturales, eliminación de injustificadas exenciones y, por cierto, la reducción sustantiva de la elusión y la evasión tributaria. A ello se agregarán los recursos provenientes de un mayor y mejor crecimiento, con más elevada productividad, ya no concentrado sólo en la explotación y exportación de recursos naturales, sino en actividades económicas diversas.

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