Cuando un programa estratégico presenta deficiencias en sus métricas, tasas de retribución o mecanismos de control, el deber de la política pública es perfeccionar el diseño, reestructurar la gestión y exigir mayor rendición de cuentas. Jamás desmantelar la herramienta.
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao - Agencia Uno
En el debate público chileno existe una muletilla recurrente: la aspiración de transitar hacia una economía del conocimiento, diversificar nuestra matriz productiva y dar el salto definitivo al desarrollo. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuestos 2027 vuelve a evidenciar la grieta infranqueable entre el discurso político y las prioridades de la billetera fiscal.
Con una reducción global del 7,4% para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (que pasa de $588.756 millones a $545.355 millones), el Estado envía una señal inequívoca y desalentadora: ante la estrechez presupuestaria, el futuro sigue siendo el eslabón prescindible.
La propuesta de presupuesto tiene un impacto contundente en áreas estratégicas del ecosistema científico, tales como:
Esta mirada cortoplacista ignora la evidencia internacional. La historia económica moderna demuestra de forma categórica que los países no invierten en ciencia porque son ricos; son ricos porque invirtieron sostenidamente en ciencia e innovación. Tres casos globales respaldan este axioma:
Corea del Sur: En la década de 1960, presentaba un PIB per cápita comparable al de varios países latinoamericanos. Mediante una apuesta estatal y privada agresiva que llevó la inversión en I+D a superar el 4,5% de su PIB, pasó de ser un agroexportador empobrecido a un gigante tecnológico industrial mundial.
Israel: Apodada la "Startup Nation", articuló una política pública donde el financiamiento estatal a la investigación en universidades e institutos sirvió de motor para escalar transferencias tecnológicas hacia el mercado, convirtiendo la escasez de recursos naturales en una ventaja competitiva basada en el conocimiento.
Finlandia: Durante la severa crisis económica de los años 90, en lugar de recortar el gasto científico, el Estado finlandés protegió y elevó la inversión en I+D. Esa decisión cimentó la reconversión de su economía forestal hacia una potencia industrial y tecnológica global.
Los recortes propuestos en Chile avanzan en la dirección diametralmente opuesta. Argumentar problemas de gestión o de fiscalización (como las recientes alertas sobre retornos e incumplimientos de pagos en Becas Chile) para justificar la tijera presupuestaria es un error conceptual profundo.
Cuando un programa estratégico presenta deficiencias en sus métricas, tasas de retribución o mecanismos de control, el deber de la política pública es perfeccionar el diseño, reestructurar la gestión y exigir mayor rendición de cuentas. Jamás desmantelar la herramienta.
Amputar el financiamiento no resuelve la falla estructural; simplemente priva al país de las capacidades que requiere para resolverla. El presupuesto de la ciencia no debiese ser tratado como un ítem superfluo de gasto corriente adaptable al ciclo político. Cada peso retirado de la infraestructura científica, del postgrado y de la inserción de investigadores condena al país a continuar vendiendo recursos sin procesar e importando la tecnología que otros desarrollan. Reducir la inversión en ciencia no es un ajuste presupuestario neutro: es decretar conscientemente un año más de subdesarrollo.
