Ley miscelánea y ajuste fiscal: El costo social de recortar la cultura

En el mediano plazo tendremos un decaimiento en los indicadores sociales, con un aumento de la deserción escolar y una presión aún mayor en el sistema de salud público, aumentando las listas de espera y la calidad de los servicios. En el largo plazo veremos un decrecimiento en el desarrollo de capital humano y su consecuente impacto en la economía nacional, así como también respecto de los indicadores en seguridad pública. Que no nos extrañe el aumento de la delincuencia si vemos como el Estado comienza a desaparecer de nuestros barrios, escuelas y comunidades.

En este contexto, el recorte y suspensión de programas en el ámbito cultural generará efectos de manera irreversible. Los programas culturales asisten al Estado en la sostenibilidad del tejido social, llegan a los territorios donde el Estado es más débil y permiten al sistema educativo complementarse con valores fundamentales para el desarrollo de nuestras infancias y juventudes.

Su descontinuación debilita las organizaciones sociales, impacta en una menor participación de las personas y desmantela las redes de apoyo local que el Estado, de manera indirecta y a través de la acción cultural de sus programas, permite sostener.

El plan de ajuste en el ámbito cultural implica el desmantelamiento de una parte relevante de su dimensión social. El Ministerio de las Culturas sufrirá un recorte presupuestario de más de $97 mil millones para 2027. Estamos hablando de un recorte que alcanza un quinto del presupuesto total para la cartera, y que trae consigo la propuesta de Hacienda para descontinuar programas históricos.

Biblioteca Pública Digital, Bibliometro y la Red Digital de Espacios Patrimoniales, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), Escuelas de Rock, líneas programáticas de apreciación musical que se desarrollan en escuelas a lo largo de todo el país, así como de desarrollo lector en la primera infancia (JUNJI), son parte de las iniciativas suprimidas o rebajadas.

Estos programas no operan como un compartimento aislado del aparato estatal. Su función principal y objeto social es el fortalecimiento de trayectorias educativas, habilidades socioemocionales y vínculos comunitarios. El impacto de este ajuste no se limita a los artistas, afecta a familias y a comunidades para quienes estos programas sociales resultan una de las pocas oportunidades de desarrollo, encuentro y pertenencia.

Estamos frente a un problema de comprensión pública del rol del Estado. No es extraño que las personas beneficiarias de estos programas no se reconozcan como usuarias de “programas culturales”. No tienen por qué saber que son la única oportunidad que sus niños, niñas y jóvenes tienen para recibir una formación completa e integral en sus escuelas. El impacto real del recorte comenzará a sentirse cuando estas experiencias simplemente dejen de existir.

Desde una perspectiva económica, la decisión no es neutra. Reducir la inversión en cultura implica trasladar costos hacia otros sistemas públicos. Menos acceso a estos programas se traduce en mayores niveles de deserción escolar, deterioro del bienestar emocional, debilitamiento del tejido social y falta de seguridad en los barrios.

El punto de fondo es que este ajuste reduce presupuesto pero no elimina costos: los redistribuye de manera regresiva, concentrando sus efectos en comunidades que dependen con mayor fuerza de la acción del Estado. En ese sentido, más que una política de eficiencia, lo que se configura es una transferencia de carga desde el Estado hacia la sociedad, particularmente hacia sus sectores más vulnerables.

La cultura, cuando se entiende como política pública es parte de la infraestructura social que sostiene el desarrollo humano. Suprimirla no sólo empobrece la vida cultural del país, sino que erosiona condiciones básicas de bienestar que luego el propio Estado deberá reconstruir, con menos herramientas y a un mayor costo.