La Salud Pública necesita inyecciones, no recortes

Lo cierto es que esta política de recortes presupuestarios por decreto (333), enmarcada en el contexto del Plan de Reconstrucción Económico Social impulsado por el gobierno (bajo la misma narrativa de “el país se cae a pedazos” o “el Estado está en quiebra”) y que ha sido objetado de manera transversal por diversos economistas y organismos técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo por sus graves riesgos para las finanzas públicas, así como también por el Fondo Monetario Internacional (FMI), no es sino una reforma tributaria camuflada en favor de las grandes empresas.

En efecto, el "corazón" del proyecto contempla la rebaja progresiva del impuesto corporativo del 27% al 23%, con una invariabilidad tributaria por 25 años, además de promover la desregulación ambiental, lo que viene a ser, en la práctica, garantizar “chipe libre”, no tener que pedirle permiso a nadie para hacer y deshacer, sin tomar en cuenta aspectos socioambientales ni nada que pueda ser un impedimento para sus negocios, eliminando así los obstáculos que pueda representar la judicialización de proyectos potencialmente dañinos para los ecosistemas.

Esta rebaja tributaria al 1 % más rico de Chile, garantizada durante 6 gobiernos del signo que sea bajo la falsa premisa de que ello incentivará la inversión, el crecimiento y el empleo mediante el “chorreo”, lo favorece directamente en perjuicio de la población al reducir la recaudación de ingresos fiscales para el gasto público, limitando el presupuesto para áreas esenciales como hospitales, colegios y pensiones.

Lo anterior, junto a todos los recortes en derechos fundamentales ejecutados por el gobierno, debilita directamente la capacidad del Estado para financiar servicios sociales en beneficio de lo privado, apuntando a la reactivación de un crecimiento cuyo foco ideológico claramente no está puesto en el desarrollo e implementación de políticas públicas, sino en la acumulación de determinados grupos. Tema que no es preocupación para quienes no necesitan que les garanticen derechos fundamentales, ya que este recorte no les afecta porque tienen el dinero para poder pagar por ellos en una clínica privada.

Por todo lo anterior y pensando en esa inmensa mayoría de chilenos y chilenas que se atiende en el sistema público de Salud, cabe preguntarse si acaso la red asistencial, que ya ha sido sistemáticamente desmantelada, resiste más recortes, especialmente uno de esta magnitud, o lo que requiere desde hace tiempo son inyecciones de recursos. ¿Sobran, acaso, más de 400 mil millones de pesos en la Salud Pública del país? La crisis hospitalaria dice otra cosa, la cifra de cerca de 40 mil pacientes que fallecen todos los años esperando atención, también.