El precio de la guerra lo pagan los que trabajan

Lo que el gobierno omite con cuidado es la pregunta fundamental: ¿por qué no usó el mismo mecanismo que empleó Boric durante la guerra de Ucrania? En aquella crisis, el Estado chileno sostuvo el MEPCO como escudo entre la volatilidad internacional y los bolsillos de las familias, absorbiendo el golpe con respaldo fiscal y reservas. El propio Kast lo admitió sin querer al señalar que “cuando a ellos les tocó enfrentar una situación compleja, como otra guerra acotada entre Rusia y Ucrania, el gobierno anterior sí les había dejado fondos de reserva” (LT). Dicho en simple: la decisión de no contener el alza no es solo una fatalidad del mercado, sino una elección política. Una elección que, en simultáneo, avanza en la reducción del impuesto corporativo de 27% a 24% para las grandes empresas y en rebajas tributarias al 1% más rico.

El diputado Daniel Manouchehri lo formuló con precisión quirúrgica: “Dice que no hay plata para el MEPCO, pero sí para bajarle los impuestos al 1% más rico” (Bío Bío). La frase no es solo retórica: describe con exactitud la arquitectura ideológica del ajuste. No hay austeridad universal; hay redistribución inversa, desde el trabajo hacia el capital.

El mundo del trabajo, antes del golpe

El alza llega sobre un mercado laboral que ya mostraba fisuras profundas. La tasa de desempleo en Chile llegó a 8,3% en el trimestre noviembre 2025–enero 2026, con 858.444 personas desocupadas a nivel nacional. En la Región Metropolitana, la tasa trepó al 9,0%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. No son cifras abstractas: son cientos de miles de familias sin ingreso estable en el momento en que el litro de bencina se convierte en un lujo.

Pero el desempleo formal es solo la superficie. La tasa de ocupación informal alcanzó el 26,8%, lo que significa que más de uno de cada cuatro trabajadores se desempeña sin contrato formal ni acceso a protección social. En términos absolutos, alrededor de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras operan sin seguridad social, sin cobertura de salud, sin previsión, sin vacaciones ni horarios definidos. Son los más expuestos al encarecimiento de la vida cotidiana: quienes no pueden negociar un alza salarial, quienes no tienen sindicato, quienes trabajan por día y se movilizan en micro o en moto.

La cadena de transmisión

El alza en los combustibles no es un evento aislado: es el detonador de una cadena inflacionaria que golpea con mayor fuerza a quienes menos tienen. Como advirtió la diputada Carolina Tello: “Cuando sube la bencina, sube el costo de la vida, el pan, las frutas, las verduras; sufren millones de personas que dependen de un vehículo para trabajar o simplemente para llegar a su hogar” (Bío Bío). El diésel, encarecido en $580 por litro, mueve camiones, buses, maquinaria agrícola y redes logísticas. Todo lo que se transporta sube. El transporte de trabajadores sube. La canasta básica sube. Y el salario permanece inmóvil.

Los combustibles pesan un 5% en la canasta que mide el IPC. El economista Juan Ortiz, de la Universidad Diego Portales, anticipó que la inflación será mayor como resultado de este aumento, con el mayor impacto visible en abril (TRT Español). En ese escenario, el subempleo se profundizará: quienes ya trabajan menos horas de las que necesitan o aceptan condiciones precarias por no encontrar otra cosa verán cómo su poder de compra se erosiona semana a semana. Las micro y pequeñas empresas, cuyos márgenes dependen del costo del traslado y la distribución, enfrentarán presión para recortar planillas o no renovar contratos.

La pregunta que el gobierno no responde

Levitsky y Ziblatt advierten, en su libro “Cómo Mueren las Democracias”, que los retrocesos autoritarios no siempre llegan con estrépito: a veces se instalan a través de la gestión ordinaria, de las decisiones técnicas que redistribuyen poder sin debate público. Así se debilitan las instituciones. El bencinazo de Kast no es solo un error de política económica: es una radiografía de quién paga y quién no paga la factura del modelo. Los que trabajan en la informalidad, los que se movilizan en transporte público, los que llenan el estanque para llegar a la obra o al taller, los que viven del día a día, absorben el costo de una guerra que aplaudió el gobierno y de una reforma tributaria que beneficia a quienes ya tienen demasiado.

Hay plata. La pregunta es para quién.