El petróleo contraataca: ¿Y la transición?

Esto muestra algo más profundo. La energía sigue siendo una restricción estructural del desarrollo, y por eso la transición energética no puede pensarse solo como política ambiental o energética, sino también como política económica y social. Define costos, competitividad y estabilidad macroeconómica. Y aunque se entiende esto, en el debate público nacional suele discutirse como si fuera únicamente un problema regulatorio o tecnológico. Se habla de permisos, subsidios o proyectos, pero mucho menos de la cuestión central: quién paga la transición y cómo se distribuyen sus costos y beneficios.

Si la electrificación avanza sin considerar esa dimensión, el riesgo es evidente. La transición puede reducir emisiones y al mismo tiempo reproducir desigualdades o trasladar sus costos a hogares y territorios. Y cuando eso ocurre, la legitimidad social del proceso se debilita, haciendo más difícil sostenerlo en el tiempo.

Por eso la idea de transición energética justa es clave. No se trata solo de descarbonizar la matriz eléctrica, sino de hacerlo de una manera económicamente viable, socialmente aceptable y territorialmente equilibrada. Si la transición se percibe como un proceso que encarece la vida cotidiana, beneficia solo a ciertos actores o distribuye de manera regresiva sus costos, la reacción social no solo es posible, sino probable. Y cuando eso ocurre, el propio proceso pierde velocidad, legitimidad y estabilidad.

Un buen ejemplo de esta tensión aparece en la generación solar domiciliaria. En Chile hablamos con frecuencia de techos solares como si bastara con que cada hogar instale paneles en su vivienda. Pero esa idea descansa en un supuesto que no se cumple. Más de una cuarta parte de los hogares vive en arriendo y, entre quienes son propietarios, muchos no tienen capacidad financiera para invertir varios millones de pesos en un sistema fotovoltaico. A esto se suma un contexto de alto endeudamiento de los hogares y un Estado con espacio fiscal limitado para sostener subsidios masivos a la inversión inicial. En esas condiciones, una transición basada en inversión individual difícilmente puede escalar.

La paradoja es aún mayor cuando se observa el potencial solar del país. La radiación en la Región Metropolitana es similar a la de España o California y muy superior a la de países como Alemania, que han desarrollado industrias solares masivas con menos potencial renovable disponible. En el desierto de Atacama los niveles de radiación están entre los más altos del planeta, muy por encima de Europa, Norteamérica e incluso de la mayoría de las otras zonas desérticas del mundo; simplemente se sale de la escala.

Cuando una política pública depende de que cada familia sea su propio inversionista, lo que termina produciendo es una adopción socialmente sesgada. Acceden quienes tienen patrimonio, liquidez o acceso al crédito. Quedan fuera quienes arriendan, quienes tienen ingresos inestables y quienes enfrentan mayores restricciones financieras. La consecuencia es evidente: la transición deja de operar como mecanismo de democratización energética y empieza a reproducir desigualdades preexistentes.

La alternativa no pasa por abandonar la generación distribuida, sino por cambiar la lógica con la que se la piensa. La energía solar domiciliaria debe entenderse como un servicio y no como una inversión individual. Del mismo modo en que se masificaron las telecomunicaciones o internet, es posible que empresas privadas, públicas y/o cooperativas instalen, operen y mantengan sistemas solares sin costo inicial para los hogares, recuperando la inversión mediante pagos mensuales competitivos respecto de la cuenta eléctrica tradicional. Con contratos asociados al medidor y no a la persona, este modelo puede funcionar incluso en contextos de arriendo y alta movilidad residencial, cada vez más frecuentes en las ciudades chilenas. Si realmente se quiere masificar las renovables, la generación distribuida debe tratarse como infraestructura de servicio.

Finalmente, la transición energética no consiste solo en reemplazar combustibles fósiles por renovables. Consiste en reorganizar la economía en torno a nuevas formas de producir y usar la energía sin trasladar de manera regresiva los costos del cambio. En el escenario internacional actual, la verdadera pregunta no es si Chile puede avanzar en esta dirección. La verdadera pregunta es si puede permitirse no hacerlo.