Ejército y fraude de $3.000 millones: General en retiro y uniformados condenados por saquear fondos públicos

La denominada arista “Mandos” buscó establecer las responsabilidades de oficiales superiores que aprovecharon sus posiciones jerárquicas para beneficiarse de mecanismos fraudulentos asociados a facturas falsas, rendiciones irregulares y desvío de recursos.

Paralelamente, en la arista “Cuaderno Matriz” se investigó la manipulación de registros contables y administrativos destinados a ocultar gastos ficticios y justificar salidas ilegales de dinero. Fue, en muchos sentidos, el corazón operativo del fraude. Gracias a ese sistema, recursos públicos pudieron circular durante años sin que los controles institucionales reaccionaran oportunamente o, peor aún, mientras algunos responsables optaban por mirar hacia otro lado.

La magnitud del escándalo queda reflejada en la lista de condenados:

• El coronel Jorge Silva Hinojosa fue sentenciado a 10 años y un día de presidio por fraude al fisco reiterado y al pago de una multa de $406.942.718.
• El sargento primero Luis Meléndez Carrillo recibió una condena de 7 años de presidio por falsedad en materia de administración militar y una multa de $231.000.000.
• La excabo primero Jacqueline Carrasco Riquelme fue condenada a 6 años de presidio y al pago de una multa de $7.197.414.
• A ellos se suman los antecedentes de Claudio González Palominos y Millaray Simunovic Bustamante, quienes ya habían sido condenados en la arista “Matriz” por fraude al fisco y delitos vinculados a la administración militar.
• Y aparece además la figura del exsuboficial Juan Carlos Cruz Valverde, quien según la investigación gastó más de $2.300 millones en casinos de juego. Tras permanecer prófugo durante casi tres años, fue finalmente detenido para cumplir una condena de 12 años de prisión.

Lo verdaderamente preocupante es que estos casos dejaron de parecer excepcionales. El fraude en el Ejército ya no puede entenderse como la conducta aislada de unos pocos individuos moralmente desviados. La reiteración de escándalos, las múltiples aristas judiciales, la cantidad de involucrados y las enormes sumas comprometidas sugieren problemas estructurales mucho más profundos.

El sociólogo Robert K. Merton advirtió que cuando se exaltan determinados fines en una institución, pero se difumina o tolera la debilidad de los controles, se generan las condiciones perfectas para que sus miembros persigan esos fines por vías ilícitas.

Por su parte, el historiador y filósofo Tzvetan Todorov sostuvo que el poder sin límites efectivos tiende a generar espacios donde la responsabilidad moral se diluye progresivamente.

La condena contra Ureta Chinchón y los demás involucrados constituye una señal relevante de que la impunidad no puede ser eterna. Sin embargo, sería un error interpretar estas sentencias como el cierre definitivo del problema. La verdadera pregunta continúa siendo cómo una institución que basa su legitimidad en la disciplina, el honor y la obediencia permitió que durante años se consolidara una estructura de saqueo interno de semejante magnitud.

Cuando quienes administran armas, presupuesto y poder terminan administrando también redes de fraude, el daño excede con creces las cifras millonarias involucradas. Lo que se erosiona no es solo el patrimonio fiscal, sino también la confianza pública en una institución que durante décadas exigió a la ciudadanía creer en su integridad.

Y esa pérdida de confianza, a diferencia de los miles de millones birlados, es una deuda mucho más compleja de recuperar.