Corte de Apelaciones ordenó reabrir reclamo de exfuncionario de la PDI tras detectar errores en la actuación de Contraloría.
PDI: Corte ordena reabrir reclamo de exfuncionario dado de baja / Agencia Uno
Un exagente de la PDI que fue dado de baja por mala conducta tras un sumario administrativo relacionado con una detención ocurrida en Puerto Montt logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso de protección. El tribunal concluyó que la Contraloría General de la República actuó ilegalmente al impedir que su reclamación fuera revisada en el fondo.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el funcionario ingresó a la Policía de Investigaciones en 2019. En julio de 2021 viajó a Puerto Montt mientras se encontraba con permiso administrativo y participó de una reunión en la casa de un amigo.
Durante ese encuentro se produjo una discusión que derivó en una denuncia por amenazas simples con arma de fuego. Posteriormente fue formalizado, pero la causa penal terminó con sobreseimiento definitivo en febrero de 2023.
Paralelamente, la PDI inició una investigación administrativa. La Brigada de Homicidios de Antofagasta propuso la medida disciplinaria de baja por mala conducta, la que fue confirmada por el Director General mediante una resolución exenta de abril de 2022.
El afectado presentó un reclamo ante la Contraloría Regional de Antofagasta, pero este no fue conocido en el fondo debido a que fue ingresado directamente ante ese organismo y no a través de la Dirección General de la institución.
Posteriormente, cuando la PDI dictó la resolución que puso término al procedimiento y formalizó la expulsión, el exfuncionario volvió a reclamar ante la Contraloría.
Sin embargo, esa presentación fue rechazada por extemporánea, bajo el argumento de que la impugnación debió dirigirse contra la resolución sancionatoria original.
La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que la Contraloría incumplió el deber legal de remitir los antecedentes a la autoridad competente. En el fallo sostuvo que el organismo “ha quebrantado el mandato contenido en el artículo 14 de la Ley N°19.880”, que le imponía derivar el reclamo e informar de ello al interesado.
Por ello, la Tercera Sala del tribunal acogió el recurso de protección, invalidó todo lo actuado después de la presentación del reclamo contra la resolución sancionatoria de 2022 y ordenó que este sea remitido a la autoridad correspondiente para que se pronuncie sobre su admisibilidad y sobre el fondo del caso.
