El 28 de abril se celebró el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, y si bien han habido importantes avances en nuestro país a nivel de políticas públicas en esta materia, tales como la implementación de un programa de vigilancia de riesgo psicosocial, que nos ha posicionado en la delantera en este tema a nivel latinoamericano, y nuestras cifras de accidentalidad desde hace varios años son menores al 4% -un aspecto ampliamente celebrado por los organismos administradores de la ley del seguro y prevención de accidentes- poco se habla sobre las enfermedades laborales.

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Esto dado que, por un lado, su cuantificación se basa en un sistema bastante menos claro y más engorroso que el de los accidentes -puesto que tienden a incorporarse y diluirse en la tasa de siniestralidad para calcular la cotización adicional- y por otro, su calificación está sujeta a diversos obstáculos que el sistema impone, que constituyen un elefante en la habitación del que creemos es importante hablar en esta importante fecha.

La apertura a los mercados internacionales, las desregulaciones, la deslocalización de la producción y la desindustrialización del país no sólo transformaron a Chile en una economía de servicios sino que, también, en una economía de riesgos psicosociales y enfermedades del trabajo. Durante las últimas cinco décadas hemos transitado desde una era de riesgos industriales -físicos, químicos, biológicos- y accidentes del trabajo, hacia una era de riesgos psicosociales y enfermedades laborales, donde predominan las de tipo mental.

A pesar de las cifras auspiciosas a nivel de accidentes laborales que ostenta nuestro país, no es correcto decir que fue la prevención de riesgos y el sistema mutual quiénes redujeron sustancialmente los riesgos industriales sino que, más bien, fueron los mismos cambios económicos, políticos y sociales acaecidos en Chile a partir del proceso de neoliberalización y desindustrialización.

Para ser precisos, los riesgos psicosociales y las enfermedades del trabajo comienzan a surgir predominantemente en 1980, con el fin del modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones y su reemplazo por el modelo económico Neoliberal, que trajo consigo por un lado la expansión del sector servicios y por ende un cambio en la naturaleza de las tareas que se realizan masivamente en el trabajo, y por otro un aumento en la precarización e inseguridad laboral.

En Chile contamos con un seguro que da cobertura a las enfermedades profesionales, sin embargo, tan sólo aproximadamente un 3,3% de quienes sufren una enfermedad del trabajo reciben las prestaciones médicas y económicas previstas por la Ley 16.744.

Esto se debe a que, enquistado en un sistema de conflictos de intereses, los costos de las enfermedades laborales se traspasan casi en un 97% al sistema de salud común e indirectamente al propio trabajador y trabajadora, mediante copagos y alzas en sus planes. Y esta afectación indirecta al bolsillo de los(as) trabajadores(as) se explica principalmente por dos fenómenos: (a) las subdenuncias y (b) las subcalificaciones.

¿Cómo y por qué se dan estas subdenuncias y subcalificaciones a nivel de enfermedades laborales? En este punto es importante considerar que son las mismas Mutuales las que califican, en un rol de ‘juez y parte’, estas enfermedades, un aspecto controvertido pero que durante años ha pasado desapercibido, al menos para todos quiénes no han debido pasar por un proceso como éste para recibir las prestaciones médicas y económicas que contempla la ley.

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Como veremos a continuación, tanto el fenómeno de las subdenuncias como de las subcalificaciones se encuentran sujetos a un conflicto de interés, que convoca a los diversos actores del sistema y su diferencial de poder. Aquí estamos frente a un clásico problema de economía política, es decir, de las relaciones de poder que subyacen a la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, faceta que los economistas por lo general tienden a soslayar.

A pesar de que la Ley 16.744 obliga a denunciar el 100% de las enfermedades laborales a las Mutuales, solo alrededor de un 30% de éstas se reportan efectivamente.

Aun cuando no existen cifras oficiales sobre las subdenuncias, algunos estudios sobre el potencial de acudir a las Mutuales en caso de sufrir una enfermedad laboral permiten situarla en un 70%. Si consideramos que el 30% de las enfermedades laborales se denuncian y que tan sólo un 11% de estas son calificadas como de origen laboral, podemos estimar que tan sólo el 3,3% de las enfermedades del trabajo al año reciben cobertura médica y económica de las Mutuales. Esto, asumiendo que la gran mayoría de las enfermedades laborales son subcalificadas, es decir, calificadas como de origen común.

Las subcalificaciones ilustran lo que comúnmente se entiende por conflicto de intereses o conflicto moral, puesto que de alguna manera las Mutuales pueden tomar decisiones con mayor información que pueden perjudicar a otros actores, en este caso, principalmente a los(as) propios(as) trabajadores(as) con copagos y alza en sus planes de salud común. A modo de ejemplo, cuando se realiza una denuncia de una enfermedad profesional, en paralelo a la primera atención clínica, las Mutuales realizan evaluaciones del puesto de trabajo para decidir si la denuncia constituye o no una enfermedad a causa o con ocasión del trabajo.

Como lo consignan datos de la ACHS, el 89% de todas las denuncias son calificadas como de origen común, en cuyos casos se envía una carta de cobranza al seguro del trabajador(a) correspondiente (Isapre o Fonasa) y con posterioridad le realizan los cobros al(a) trabajador(a) según su plan de salud. Si bien los(as) trabajadores(as) pueden apelar una subcalificación a la Superintendencia de Seguridad Social, tan sólo el 14% lo hace, y de estos, sólo el 18% logra revertir la decisión de una Mutual.

Como se puede apreciar, el problema de las subdenuncias y las subcalificaciones no sólo generan subprestaciones médicas y económicas, es decir, impiden que los(as) trabajadores(as) gocen de los beneficios médicos y económicos (subsidios, indemnizaciones, pensiones) que por ley les corresponden, sino que también obliga que enfrenten copagos y aumentos en sus planes.

Las subdenuncias y subcalificaciones significan un desplazamiento de los costos de los accidentes y las enfermedades laborales desde las Mutuales y los empleadores hacia los(as) propios(as) trabajadores(as).

¿Qué hacer al respecto? Haciendo eco de lo que varios académicos e investigadores señalan, Chile requiere de un organismo autónomo que reciba, fiscalice y califique tanto las denuncias de enfermedades como las de accidentes del trabajo. Como muchos hemos advertido, aquí estamos frente a un problema de legitimidad del sistema Mutual, que no solo impacta el bolsillo de los(as) trabajadores(as), sino que también la confianza de quiénes depositan el cuidado de su salud y seguridad en estas instituciones.

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A 100 años del inicio de la seguridad social en Chile, urge desarrollar un organismo autónomo con total independencia y sin conflictos de intereses que acoja, fiscalice y califique las denuncias de enfermedades y de accidentes laborales, no sólo con eficiencia, sino que también con una mirada que vele por la equidad en el acceso a la salud y el bienestar psicosocial de quiénes trabajan.