A comienzos de octubre el ministro de Hacienda inauguraba el Mes de la Educación Financiera, con una serie de actividades cuyo objetivo se enmarca en fomentar en la ciudadanía conocimientos, información y educación en temáticas financieras para que puedan tomar mejores decisiones de consumo.

La falta de educación financiera es un mal que aqueja a muchas sociedades y la nuestra no es la excepción. Si no se tiene la capacidad de obtener y procesar buena información financiera, los riesgos de tomar malas decisiones de endeudamiento o inversión crecen de manera dramática e implica afectar una de las fortalezas del sistema capitalista moderno: una eficiente asignación de recursos.

Educación financiera implica conocimientos básicos (tasa de interés, inflación, etc.), como planificación financiera, conciencia sobre la cotización para jubilación, reconocer publicidad engañosa y a fraudes financieros, de vital importancia en un país como Chile que cuenta con una población altamente bancarizada.

De acuerdo con el índice de inclusión financiera IPSOS-Credicorp (2022) el 92% de los mayores de 18 años se encuentra conectado al sistema financiero a través de algún tipo de instrumento formal. A lo anterior se agrega el alto nivel de acceso a internet (mayor al 90%), lo que implica el cada vez mayor uso de medios digitales de pago y el aumento sostenido del e-commerce, que crecería a una tasa del 20% hasta el año 2025, según datos de la Cámara de Comercio de Santiago.

Lo anterior, si bien conlleva a una mejor perspectiva de consumo, también acarrea importantes riesgos y problemas como el sobreendeudamiento. De acuerdo con la Encuesta Financiera de los Hogares del Banco Central, el 57,4% de las familias chilenas tiene alguna deuda y un hogar promedio en nuestro país gasta el 21% de sus ingresos en pagar deudas; además, según el Informe de Deuda Morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax, la morosidad alcanza a 4,1 millones de personas. Este problema de endeudamiento es más acuciante en las generaciones más jóvenes: de un total de 1.722.310 personas entre 18 y 24 años, 152.581 ya exhiben, al menos, una deuda publicada, lo que corresponde al 8,9% de la generación.

Hoy diversos estudios indican que una buena educación financiera implicaría que las personas pueden aumentar de manera significativa sus ahorros a través de estrategias de inversión más acertadas, con el consiguiente efecto en el bienestar de las familias.

Lo anterior implica avanzar de manera sostenida en la inclusión en el currículo escolar obligatorio y desde edades tempranas de la educación financiera; desarrollar y promover desde los organismos públicos competentes recursos educativos y herramientas accesibles y de calidad para que las personas puedan aprender sobre educación financiera; establecer incentivos fiscales para fomentar el ahorro e inversión a largo plazo; y por supuesto, generar regulaciones y normativas financieras diseñadas para proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en productos y servicios financieros, además de fomentar prácticas comerciales justas y éticas.