La estratagema, según el Diccionario de la Real Academia, es un “ardid de guerra”, y también, en una segunda acepción, “astucia, fingimiento y engañoso artificio”. Ambas definiciones le calzan certeramente a la franja del Rechazo, que tiene como tema principal la impugnación al carácter plurinacional que la propuesta de nueva Constitución le reconoce al Estado chileno.

En cada segmento de la franja electoral del Rechazo aparece, de manera directa o soslayada, la plurinacionalidad como una especie de compendio de todos los males que esperan al país si triunfa el Apruebo el 4 de septiembre. No parece importar que lo plurinacional sea parte de una definición integral de “un Estado social y democrático de derecho”, que además es “intercultural, regional y ecológico”.

No se trata de un reduccionismo inocente. Desde una pregunta liviana de si “¿en realidad somos tantas naciones?”, la propaganda se polariza y busca desvalorizar propuestas constitucionales en materia de justicia, igualdad, territorialidad, derechos ambientales y educación, entre otros. Se llega al extremo de afirmaciones temerarias que alimentan el descrédito que los partidarios del Rechazo hacen del trabajo de los constituyentes, con afirmaciones sin fundamento, como aquella de que se preocuparon sólo de la plurinacionalidad y dejaron de lado la familia, la salud, la previsión, el trabajo, la seguridad, el combate a la delincuencia y un largo etcétera.

No hay un propósito de formación ni de información política en esta estratagema, en este “ardid de guerra” –pleno de rabia y nada de amor– que termina siendo cabalmente un “engañoso artificio”, donde se presenta a la plurinacionalidad como una fragmentación del territorio nacional, pese a que el Artículo 3 de la propuesta es claro al señalarlo como “único e indivisible”.

Pero hay que reconocer una buena dosis de “astucia” en la estratagema de los publicistas del Rechazo, porque construyen un relato que apela fundamentalmente a un racismo soterrado que ellos perciben en los electores. Un relato que invierte la historia, niega la ancestral exclusión de los pueblos originarios y los presenta en la nueva Constitución como depositarios de privilegios por sobre los demás chilenos, relegados a una “segunda clase”. Una estrategia, o estratagema, que esgrime una suerte de victimización, pero que en los hechos tiene un sustrato inconfesable de supremacismo blanco.

Tal vez los creativos de la franja del Rechazo se inspiran en estudios que han revelado la percepción, o deseo, de un alto porcentaje de la población chilena que se considera exclusivamente de ancestros europeos. Una investigación realizada el año 2018 por la Universidad de Talca estableció que 52% de los chilenos cree que no tiene ancestros indígenas, mientras sólo 1,8% se reconoce como mapuche y 24% acepta su mestizaje.

Cuando dio cuenta de esta investigación, en octubre de 2018, el diario La Tercera recordó asimismo que otro estudio, Chile Genómico, realizado en 2016 por las universidades de Chile y Tarapacá, estableció que el promedio de la población chilena tiene un 53% de ADN europeo, otro 44,3% indígena americano y 2,7% africano. Incluso, en el nivel socioeconómico ABC1, la proporción de gen indígena americano llega al 40,1%.

En una columna publicada el 4 de julio por El Mostrador, el ex subsecretario de Justicia Nicolás Mena Letelier apuntó a la existencia en América Latina de una corriente historiográfica conservadora “que intenta construir una falsa identidad en torno a un pueblo mestizo homogéneo, incluso europeo, desconociendo y ocultando a los pueblos indígenas originarios, con el ánimo de afianzar el mito de la nacionalidad criolla”.

El desconocimiento o invisibilidad de los pueblos originarios es sin duda lo que está detrás del recurrente discurso del Rechazo contra la plurinacionalidad. Astuta o no, viene a ser una estratagema retardataria, a contrapelo de disposiciones legales y constitucionales adoptadas en las últimas décadas en países desarrollados. Es también un intento de desconocer la sintonía de la propuesta de nueva Constitución en esta materia con tratados internacionales, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigor en Chile el 15 de septiembre de 2008.

La nueva Constitución se hace cargo de un objetivo mundial proclamado por las Naciones Unidas a través de la Unesco, como es la defensa y preservación de la cultura y los saberes de los pueblos originarios. Precisamente este año se inició el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, bajo la advertencia que de aquí a fin de siglo podrían desaparecer unas tres mil lenguas ancestrales en todo el mundo. En Chile se identifica como pueblos en peligro de perder su expresión oral a los huilliches, los yámanas y los kaweshkar.

David Adler, analista del prestigioso diario británico The Guardian, elogió la propuesta de nueva Constitución como un documento visionario que no sólo actualiza sino que expande derechos básicos, y sienta las bases para una renovación democrática acorde con el siglo XXI. Al mismo tiempo, más de 40 economistas y cientistas sociales reputados entre los más autorizados del escenario internacional consideran que la propuesta chilena apunta a “un nuevo estándar global”. Mientras asistimos a este tipo de opiniones desde el exterior, los propagandistas del Rechazo buscan desenterrar prejuicios racistas y retrotraer la historia nacional al siglo XIX.