La Contraloría General de la República (CGR) descartó este miércoles que el Presidente Sebastián Piñera cometiera una infracción legal al mandato de su fideicomiso ciego, luego de cuatro meses de investigación sobre un eventual conflicto de interés entre el mandatario y la empresa de casinos de juego Enjoy.

Piñera había sido denunciado ante la CGR, luego que se diera a conocer que firmó un decreto (N°77) un día antes que vencieran los plazos de construcción de obras que Enjoy se había adjudicado, lo cual evitó que se le cobraran millonarias boletas de garantía.

"No existen elementos objetivos para que se configure un conflicto de interés con ocasión de la dictación del referido decreto N°77, de 2021, por lo que no se advierte una infracción al principio de probidad administrativa de parte del Presidente de la República", dice un dictamen de 12 páginas firmado por Jorge Bermúdez, titular de la CGR, al cual tuvo acceso El Desconcierto.

Cabe recordar que los denunciantes también señalaron que los hijos de Piñera habrían encargado a BTG, una de las empresas financieras a cargo del fideicomiso del mandatario (las otras dos son Altis y Moneda Asset Management), la administración de gran parte de su patrimonio, lo que también sería un conflicto de interés que habría afectado al Presidente Piñera.

Pero, dijo la Contraloría en su dictamen, la Ley N°20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, "no contempla la obligatoriedad de conferir tales mandatos por parte de personas con vínculo de parentesco con las autoridades obligadas a efectuarlos". Es decir, la ley no obliga a los hijos de Piñera a realizar un fideicomiso ciego, aunque ellos sí anunciaron uno voluntario en la campaña presidencial.

"En este contexto, y considerando que no se ha tenido acceso al contenido de mandato a que se refieren los recurrentes, cabe señalar que en la medida que el Presidente de la República no haya tenido conocimiento efectivo de los instrumentos específicos en que se ha materializado la inversión de los activos que componen el respectivo mandato de administración, no resultaba exigible a esa autoridad abstenerse de ejercer las atribuciones propias de su cargo, sin que conste de los antecedentes acompañados una situación diversa", dice el dictamen de la CGR.

Sin embargo, la CGR sí decidió iniciar una investigación especial en contra de la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), lo que podría abordar todo el proceso licitatorio que le permitió a Enjoy adjudicarse las obras.

La SCJ se había amparado en una opinión pendiente que le había solicitado a la CGR sobre si se debía o no aprobar la solicitud de Enjoy acerca de un aplazamiento en los vencimientos de plazos. Antes que la CGR respondiera, el Ministerio de Hacienda ya había autorizado a Enjoy mediante el decreto N°77.

"El hecho de que la SCJ haya invocado a la falta de pronunciamiento de esta Contraloría General como argumento para justificar la suspensión del procedimiento en cuestión -lo que además incidió en el no inicio del procedimiento de cobro de las garantías otorgadas por la respectiva sociedad operadora para asegurar la ejecución de las obras, en la no renovación del correspondiente permiso-, no resulta jurídicamente admisible", detalla el dictamen.

Debido a lo anterior, dice la Contraloría, "la SCJ no se ajustó a derecho al suspender el procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos legales reglamentarios para el inicio de operación del casino en cuestión, establecido en el citado decreto N°1.722, de 2015, mediante la dictación de su resolución exenta N°56, de 2021 (...) A la luz de lo expuesto, y en consideración del requerimiento que efectuó la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que analizó la materia, esta Contraloría General iniciará una auditoría a la Superintendencia de Casinos de Juegos".