Este viernes 23 de abril, más de 30 personas extranjeras fueron notificadas que serán expulsadas del territorio chileno. Se trata de personas venezolanas que entraron por pasos no habilitados, muchas de ellas tienen arraigo y vínculos familiares en Chile.

Una veintena de esas personas migrantes se encuentran en residencias sanitarias del Estadio "Cavancha" de la ciudad de Iquique y, según indica el Movimiento de Acción Migrante (MAM), fueron engañadas para firmar autodenuncias para que se procediera a su proceso de regularización. En lugar de ello, se les informó de sus órdenes de expulsión estando retenidas en este centro habilitado con fines sanitarios, reteniéndose también sus documentos de identidad y sus teléfonos celulares quedando incomunicadas.

De acuerdo a los antecedentes que maneja la organización migrante, se les notificó que serán deportados este domingo 25 de abril.

Eduardo Cardoza, vocero del MAM, explica que este viernes dieron las órdenes de expulsiones y detuvieron a personas en Iquique, Calama y Arica. "Estamos tratando de generar los amparos para la gente. Al igual que en procedimientos de expulsión anteriores ejecutados por el gobierno, esta acción tiene características de expulsiones colectivas ilegales y arbitrarias", manifiesta.

"El comité de la ONU hace poco emitió un informe primario de la inspección que hizo donde justamente las expulsiones y los derechos de las personas irregulares era una preocupación, igualmente la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), a la que acudieron varias organizaciones de regiones del norte por la situación fronteriza. Bajo ese escenario, el gobierno está haciendo lo que quiere", refuerza Cardoza.

Mientras que el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, explica que se hicieron parte de la denuncia pública para que "se respete el debido proceso de la comunidad migrante".

"Los migrantes son seres humanos, por lo que no deben ser tratados como cosas desechables. Por lo que frente a una medida de expulsión administrativa por parte del Gobierno, los migrantes tienen, entre otros derechos humanos, el derecho a defensa ante los tribunales, derecho consagrado en diversos tratados internacionales de derechos humanos, que el Estado chileno no puede desconocer ni vulnerar", argumenta.

Y complementa: "El problema que vemos hoy es que la ley recientemente promulgada es contraria a los derechos humanos. En estos casos ellos pueden defenderse ante tribunales, eso no existe en esta legislación y se dan expulsiones completamente arbitrarias".

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Asistencia legal

Ante esto el MAM informó que profesionales de distintas organizaciones de asistencia jurídica a personas migrantes en Chile presentaron recursos de amparo en nombre de 31 personas venezolanas ante la Corte de Apelaciones de Arica, aduciendo que se les detuvo por un tiempo que excede el plazo legal de 24 horas y que les pusieron obstáculos para que puedan ser representadas judicialmente.

Ambas actuaciones, sostienen, constituyen una grave vulneración a su derecho a la libertad personal y a contar con defensa frente a una medida de expulsión, derechos consagrados en la Constitución.

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