Ocho condenados por el homicidio de Camilo Catrillanca, dos de los cuales, fueron condenados cárcel efectiva, consiguió la Fiscalía de La Araucanía luego de más de dos años de investigación. En concreto, los ex uniformados Carlos Alarcón y Raúl Ávila Morales fueron condenados a 16 y seis años respectivamente.

En conversación La Tercera, el fiscal a cargo de esta investigación, Roberto Garrido, relató lo que significó para él y para el Ministerio Público esta tarea, que implicó investigar a uno de sus aliados permanentes, Carabineros, mientras debían intentar ganarse la confianza de las comunidades mapuche.

"En general las investigaciones de delitos que están asociados a instituciones, sobre todo a una institución que es colaboradora del Ministerio Público como Carabineros, es complejo porque uno tiene que actuar con objetividad y con independencia. Consagrar esos principios requiere de mucha concentración y dedicación. Las complejidades también venían porque había que demostrarle a las víctimas que la intención de la fiscalía era esclarecer los hechos sobre la base de esos mismos principios", comenzó explicando Garrido.

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En esa línea, el persecutor explicó también que "las comunidades ven normalmente que la fiscalía trabaja en conjunto con Carabineros entonces ven al Estado como un solo ente. Acá era esa misma entidad la que venía a pedirles confianza. Con las comunidades uno tiene que demostrar las cosas sobre la base de hechos", destacando que espera que tras el trabajo realizado "puedan reconocer que hubo un esfuerzo importante por parte del Ministerio Público y que esto sirva para poder confiar en el trabajo y labor de la fiscalía".

En cuanto a Carabineros, Garrido sostuvo que no hubo reparos, y que en general "hubo colaboración desde el principio. Este caso no era un juicio a Carabineros, porque muchas personas de Carabineros aportaron desde el primer momento antecedentes para esclarecer los hechos. No puedo decir que se pusieron trabas".

En cuanto a los acusados en cambio, Garrido fue bastante crítico, y lamentó que estos asumieran un pacto de silencio para protegerse entre sí. 

"Los acusados tomaron desde los primeros meses de la investigación una actitud de protección conjunta. Solamente uno de los acusados declaró en este juicio y lo hizo porque ya había dado entrevistas, pero los otros acusados mantuvieron siempre silencio y era evidente que tenían un pacto de no entregar información que permitiera ayudar al esclarecimiento de los hechos. No estaban obligados a hacerlo, es parte de su derecho, no los estoy reprochando, pero uno puede constatar de que existía entre todos ellos un pacto de no entregar información porque evidentemente cualquier cosa que pudieran decir, los podría perjudicar. No se puede sostener que ellos tuvieron una conducta colaborativa", resumió.

Finalmente, al ser consultado por potenciales responsabilidades de los altos mandos, Garrido sostuvo que nada en la investigación apuntó a ellos, por lo que "la persona de más alto rango a la que se acusó, es el exjefe de Fuerzas Especiales. Se le acusó directamente porque participó del procedimiento, porque recibió información inmediatamente de lo ocurrido y las versiones falsas llevaban su firma. Él nunca ha declarado que alguien le dio la orden de hacer eso y no hay ningún antecedente o documento que apunte en ese sentido".