La mediática detención de un camarógrafo de Chilevisión que cubría en la mañana de ayer una manifestación liderada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), en las afueras del Ministerio de Educación, en rechazo a la Prueba de Transición Universitaria (PTU), generó controversia en los animadores del matinal del mismo canal y una fuerte indignación en redes sociales.

Según un estudio realizado por el Observatorio de Derecho a Comunicación (ODC), la arbitraria aprehensión del camarógrafo, se sumaría a una serie de agresiones, detenciones y hostigamientos dirigidos a profesionales de la prensa desde el inicio del estallido social que hasta diciembre del año pasado acumularía 69 casos.

“Tenemos constancia de la existencia de acciones judiciales relativas a los ataques a prensa, principalmente se trata de querellas contra los agentes del Estado agresores, que en la mayoría de los casos son funcionarios de Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto acciones judiciales relativas a 51 víctimas. A estas cifras hay que sumar un número indeterminado de querellas presentadas directamente por los afectados, así como otras denuncias realizadas a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones (PDI)”, detalla el estudio.

Al respecto, el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, detenido y agredido en Valparaíso el año pasado, señaló que “hoy estos casos son más visibles porque salieron en los grandes medios de comunicación. Pero nosotros somos testigos todos los fines de semana, en especial los viernes, de detenciones ilegales de periodistas y comunicadores sociales, sobre todo de medios independientes”.

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El periodista agregó que las agresiones a la prensa “son una práctica sistemática de Carabineros de Chile bajo la complicidad del Ministerio del Interior y del gobierno de Chile, quienes no han tenido una posición categórica”.

No son casos aislados

En el informe entregado por el Observatorio de Derecho a la Comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se indica que durante el año pasado “las detenciones arbitrarias por parte de funcionarios de Carabineros, en la mayor parte de los casos se producen con la excusa de incumplirse las medidas sanitarias y a pesar de que los reporteros contaran con salvoconductos en regla”.

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El sub registro del Observatorio indica que sólo en diciembre de 2020 hubo siete detenciones y otras siete agresiones a la prensa, pero estiman que el número de ellas por armas disuasivas o químicas en contexto de manifestaciones es mucho mayor. Entre las agresiones y hostigamientos consignados destacan luxofracturas, quemaduras por químicos de carros lanzaaguas, ataques con gas pimienta  y la deportación de la periodista colombiana Natalia Cardona, pese a las gestiones realizadas por organizaciones de DD.HH. y el INDH.

La académica y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen, Javiera Olivares, señaló su preocupación por este escenario.

“Aquí hay un contexto de amplia vulneración a los derechos humanos y, en particular, al derecho a la comunicación. Por una parte se impide que un o una trabajadora pueda comunicar e informar, y por otra que la ciudadanía acceda a esa información”, dijo Olivares.

Finalmente, desde el Colegio de Periodistas realizaron un llamado a todos los medios de comunicación a que visibilicen estas situaciones y no naturalicen una práctica que catalogaron como antidemocrática.