En un esfuerzo por reforzar la seguridad ciudadana, un grupo de senadores ha presentado una propuesta para modificar la Constitución, consagrando el derecho a la seguridad pública de manera explícita.

La iniciativa pretende garantizar este derecho a través de una serie de medidas que incluyen la incorporación de un nuevo numeral en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

La propuesta surge de una interpretación del artículo 1° de la Constitución, que asigna al Estado la responsabilidad de proteger a la población y a las familias.

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A partir de esta premisa, los senadores argumentan que el derecho a la seguridad es fundamental, comparándolo con un faro que guía la protección de otros derechos humanos, fundamentales para el bienestar y la convivencia pacífica en sociedad.

El proyecto no solo busca consagrar este derecho sino también modernizar y adaptar las herramientas jurídicas para combatir la delincuencia, que ha mostrado tendencias más violentas y con mayor impacto social.

Citan el aumento en la percepción de impunidad y una preocupante estadística de ingresos de causas sin imputado conocido, que alcanzó el 58% en 2023, como factores clave detrás de esta reforma.

La propuesta introduce medidas específicas como la adición de un numeral 3 bis al artículo 19, que asegura el derecho a la seguridad pública y establece el deber del Estado de proteger a la población y los bienes.

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Además, recalca la importancia de la respuesta jurisdiccional en plazos razonables y la publicidad de los procesos judiciales, salvo excepciones legisladas.

Uno de los puntos más novedosos de la reforma es la posibilidad de descentralizar las funciones de seguridad pública a nivel local, buscando una gestión más eficiente y cercana a las comunidades.

Finalmente, el proyecto de reforma se encuentra actualmente en las primeras etapas de discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, prometiendo un debate intenso y crucial para el futuro de la seguridad pública en Chile.

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