Por 33 votos a favor, procedentes del bloque que suman la derecha tradicional y la ultraderecha, y 17 en contra, de los partidos de izquierda, el órgano constitucional aprobó la ley que "protege la vida de quien está por nacer”, modificando sustancialmente el borrador que elaboró una comisión de 24 expertos y que sirve de base para el trabajo del Consejo.

En concreto, el cambio se produce en un pronombre relativo de la frase que establecía que la ley protege “la vida del que está por nacer”, imitando la fórmula de la Constitución vigente, para pasar a indicar que la ley protege “la vida de quien está por nacer”.

Aunque puede parecer menor, según los consejeros de oposición y expertos constitucionalistas cambia la interpretación del texto.

Riesgo de ley vigente

El vicepresidente del organismo, Aldo Valle (independiente cercano al Partido Socialista), planteó que "al usar la palabra 'quien' se reitera el principio de que todo ser humano es persona", un cambio que pretende "abrir una vía para invalidar constitucionalmente la ley (actual) de aborto en tres causales (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación)", dijo.

"El (pronombre) quien inequívocamente se refiere siempre a una persona, en cambio, el (pronombre) que normalmente se refiere a un objeto y a veces puede ser una persona", señala el abogado constitucionalista Javier Couso.

Feto como persona

Según él, el efecto de este ajuste es que "pone en riesgo las causales de violación y de inviabilidad del feto" porque solo poner en riesgo la vida de la mujer "podría justificar el aborto", porque el feto también es considerado una persona.

Couso apunta que en la jurisprudencia chilena, "por 40 años siempre se ha considerado que el feto es 'el que' está por nacer, es un ente, no es una persona".

El consejero del ultraderechista Partido Republicano Antonio Barchiesi señaló, sin embargo, que el derecho a la vida "es el amparo más básico que se debe dar al ser humano más indefenso y requerido de cautela jurídica, que es el que está en el vientre materno".

Migración y perdonazo

Este es el segundo intento de Chile en tres años por redactar una nueva ley fundamental, tras el amplio rechazo a una propuesta refundacional, elaborada por una convención de mayoría de izquierdas.

A diferencia del texto que se está trabajado ahora, el anterior sí garantizaba la interrupción voluntaria del embarazo y pivotaba sobre la igualdad de género con propuestas vanguardistas como la paridad en las instituciones y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.

Otras de las controvertidas indicaciones que hoy se aprobaron en el pleno, que empezó a votar los ajustes el viernes, es que “los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible”.

El texto alertó a las organizaciones de migrantes porque, dicen, no se condice el principio de no devolución –vinculante según los tratados internacionales suscritos por Chile– o con los principios de reunificación familiar e interés superior del niño, relevantes en el ordenamiento jurídico chileno.

Punta Peuco

La otra cuestionada votación que se aprobó durante la sesión fue sobre la norma que permite que enfermos terminales cumplan sus condenas en casa.

Para la oposición, se trata de un "perdonazo" para todos los condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), prácticamente todos ya ancianos que se encuentran cumpliendo su pena en la cárcel de Punta Peuco, un recinto destinado de forma exclusiva para ellos, con condiciones mejores que las de las cárceles convencionales.

Restricción de derechos

"Hoy operó la maquinaria para restringir derechos y llegar a un texto con menos libertades de las que existen en el texto constitucional vigente", expresó tras finalizar la intensa sesión de hoy el consejero Yerko Ljubetic, de Convergencia Social, el mismo partido del presidente Gabriel Boric.

En un punto de prensa, el bloque de izquierda lamentó que se rechazaran sus enmiendas referidas a reforzar la libertad de expresión o las que buscaban garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición en materia de derechos humanos.

Por su parte, Luis Silva, jefe de la bancada del Partido Republicano, señaló que su bloque "está conforme porque sigue avanzando". "El curso de los acontecimientos es en beneficio de todos", agregó.

A partir del 7 de octubre, la Comisión de Expertos podrá formular observaciones para mejorar la propuesta evacuada por el Consejo Constitucional y, en la última etapa, será el Consejo quien apruebe o rechace las propuestas de los expertos.

El documento final será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre en el que la ciudadanía tendrá que elegir entre dos opciones: “A favor” o “En contra”. EFE