Londres 38, representada por su presidenta Erika Hennings, la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos (AFEP), de responsabilidad de Alicia Lira, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), presidida por Gaby Rivera, oficializaron este viernes una carta a la Corte Suprema, evidenciado su desencanto ante la labor que ha tenido el máximo tribunal en la búsqueda de justicia tras los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.

En un extenso documento, las entidades transparentan su "preocupación por el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos", además de "la urgencia de aunar esfuerzos para avanzar de manera más rápida y decidida".

Apuntando a la deuda del Estado de Chile en este ámbito, recuerdan que en el año 2013, "el pleno de la Corte Suprema suscribió una declaración reconociendo 'las graves acciones y omisiones' de los tribunales y principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas”.

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Carencia de "acciones decididas"

"En dicha declaración los ministros firmantes calificaron el comportamiento de sus antecesores como 'una dejación de funciones jurisdiccionales' que debía ser reconocida 'para que ese comportamiento no se
repita'”, agrega la carta apuntando a que, pese a este sinceramiento, no se han constatado "acciones decididas y eficientes, ni en resultados que signifiquen un avance sustantivo en materia de verdad y justicia en los casos de personas detenidas y desaparecidas".

Admitiendo que, "si bien hay ciertos avances respecto de parte de las causas (...), estos siguen siendo parciales e insuficientes respecto a los demás procesos en tramitación". Tanto así, que solo "el 23,2% de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas, cuentan con una sentencia definitiva ejecutoriada".

Incluso, relevan, "de 1.469 personas detenidas desaparecidas, apenas 307 han sido encontradas e identificadas".

50 años del Golpe

"Consideramos de la mayor importancia que el Poder Judicial, liderado por su máximo tribunal, forme parte de la política de derechos humanos que compromete al Estado de Chile, dado su importante rol en las causas que aún se encuentran vigentes", agrega el documento.

"La obligación de investigar, perseguir y sancionar a todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales, obligaciones de las que surge el deber de debida diligencia en el inicio e impulso de la investigaciones y de rendición de cuentas precisamente cuando se trata de crímenes permanentes perpetrados por el propio Estado", recalcan las entidades.

Paralelamente plantean que, atendiendo al "Plan Nacional de Búsqueda de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas sin entrega de restos, anunciado por el gobierno, en el contexto
además de la próxima conmemoración de los 50 años del golpe militar (...), el Poder Judicial debe tener un rol central", ampliando su acción, incrementando los recursos y el personal destinado a esta tarea, impulsando nuevas y decisivas diligencias y concentrando mayores esfuerzos en las causas pendientes, considerando que ahora, más que nunca, el tiempo juega en contra del establecimiento de la verdad y la justicia".

Por último, quienes suscriben la carta solicitan al máximo tribunal que se les informe sobre "las medidas adicionales al trabajo en curso de los tribunales que se ha dispuesto, o dispondrá, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, y en particular", tratándose de "crímenes permanentes perpetrados por el propio Estado".

La carta íntegra en el archivo adjunto:

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