La Corte de Santiago confirmó este jueves la sentencia donde se indemnizará a las familias de los trabajadores de la empresa española Endesa, que fueron detenidos y hechos desaparecer por agentes del Estado tras el golpe de Estado de 1973.

Esta resolución condenó a la hacienda pública a pagar un total de $716.701.796 por concepto de daño moral a los familiares de Manuel Jesús Arias Zúñiga, Alamiro Santana Figueroa, José Óscar Badillo García, Plutarco Coussy Benavides y Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, extrabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico.

"No puede estimarse como suficiente la reparación simbólica que ha hecho el Estado de Chile" pues "no logran reparar el daño particular y propio que sufren las víctimas de derechos humanos", detalla el dictamen. 

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La sentencia también reconoce, a partir de evidencias documentales y testimoniales, que los trabajadores fueron víctimas del delito de secuestro por partes del Estado de Chile, siendo todos, como consecuencia, víctimas de delitos de lesa humanidad.

En este escenario el Fisco de Chile no discutió el carácter de las víctimas de prisión política y tortura de los señalados, ni la participación de agentes del Estado en tales hechos.

En particular, las detenciones de los cinco trabajadores se realizaron entre septiembre y noviembre de 1973, pocas semanas después del golpe cívico militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

Sobre 40 mil víctimas en dictadura

Hasta la fecha, 1.159 personas siguen desaparecidas a consecuencia de la dictadura de Augusto Pinochet, que ha dejado en el país un total de 40.175 víctimas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile.

A la fecha, la administración de Gabriel Boric trabaja en la elaboración de un Plan Nacional de Búsqueda que considera, entre otros elementos, nuevos despliegues territoriales para dar con el paradero de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

El Ejecutivo también promueve otros programas, como el PRAIS (Programa de Reparación y Atención en Salud), con el fin de atender a las personas afectadas a consecuencia de la represión política ejercida por el Estado.

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— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 1, 2023

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