Este viernes, al conmemorarse 73 años desde la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, dio a conocer el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile 2021.

La ceremonia de presentación del informe se efectuó en el Centro Cultural de San Ramón, ubicado en Avenida Santa Rosa. Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; la fiscal nacional (s) Claudia Perivancich; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Francisco Undurraga, y la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

En su exposición del informe, Micco destacó que en esta oportunidad quisieron presentar el documento en San Ramón, a modo de exponer la realidad de los barrios críticos en las urbes de Chile, que sufren problemas por su falta de seguridad. De hecho, en la ceremonia el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, comentó que su comuna tiene 94 carabineros, un supermercado y dos cajeros automáticos para 85 mil residentes.

Barrios críticos

La exposición del director del INDH partió abordando el capítulo sobre la “violencia y vulneraciones a los derechos humanos en barrios críticos”. En el informe repasan las políticas estatales, que dan cuenta que la acción estatal de las últimas décadas se enfocó en la criminalidad y en levantar proyectos habitacionales carentes de una mirada integral de la ciudad y la ciudadanía. Así, el informe dice que no es extraño que la opinión de los residentes apunta a que el Estado se omitió de sus tareas.

Es por ello que, en este ámbito de trabajo, el INDH recomienda que la mirada sobre los territorios conocidos como “barrios críticos” sea desde un enfoque de derechos humanos, con políticas públicas que involucren a los gobiernos locales, de forma coordinada e integral. Al mismo tiempo se debe evitar la criminalización de la población e invertir más recursos en políticas de tipo preventivo, no solamente en reprimir la criminalidad, explican.

En su exposición, Micco advirtió que “el abandono del Estado puede comprometer indirectamente su responsabilidad en la violación de los derechos humanos. El Instituto lo ha dicho desde 2010”. A esto le agregó que en un ambiente sin Estado “surge la droga como negocio muy lucrativo. Si no despierta la esperanza democrática, si el Estado de derecho no garantiza el orden público, con pleno respeto de los derechos, se produce la desesperanza. El Estado empieza a ser reemplazado por otros grupos que reclaman para sí el monopolio de la fuerza física”.

Más aún, dijo que “en los barrios críticos se está dando una tremenda pelea, para que no terminemos como algunos estados fallidos de América Latina, donde la ausencia del Estado es llenada por grupos militares o criminales”.

Mujeres en la pandemia de COVID-19

Por otra parte, el capítulo sobre “la situación de las mujeres en pandemia: de la crisis sanitaria al recrudecimiento de las desigualdades” aborda el empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres durante la crisis sanitaria. Esto se puede ver en el aumento de las tareas de cuidado familiar, la pérdida o precarización de la situación laboral, o en el alza de las denuncias de violencia sufridas sus hogares en cuarentena.

En este caso, el INDH hace recomendaciones que consideren aspectos de educación, capacitación y transversalización del enfoque de derechos humanos en la formulación de políticas públicas, en la elaboración de leyes y en la formación de funcionarios y funcionarias públicas. En lo concreto, plantean mejorar la atención primaria a mujeres y niñas víctimas de violencia, su inclusión económica y productiva, y la distribución equitativa de responsabilidades intrafamiliares de cuidado.

Aquí el director del INDH expresó que “la discriminación contra la mujer se agudizó durante la pandemia”, pero reconoció que “todos tenemos la esperanza en una nueva Constitución, donde se vuelva a reescribir las relaciones políticas y jurídicas entre los hombres y las mujeres”.

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Después, el capítulo sobre “la situación de las personas migrantes en chile desde una perspectiva de derechos humanos: flujos migratorios, pandemia y acciones judiciales” se refiere al efecto que tuvo el cierre de fronteras debido al COVID-19 en los procesos migratorios. En el caso de Chile, el riesgoso uso de pasos no habilitados y también la proliferación de expulsiones colectivas de migrantes, supuestamente en situación irregular.

Esto último se ha enfrentado mediante diversas acciones judiciales. Hay “temor de mucha gente al migrante, producto del profundo fracaso por no tener una política de Estado”, reconoció el director del INDH en su exposición.

Asimismo, la sección da cuenta de la nueva Ley de Migración y Extranjería, que creó el Servicio Nacional de Migraciones. Ésta, sin embargo, aún no ha entrado en vigencia por la falta del correspondiente reglamento. Mientras, la población de algunas nacionalidades migratorias empezó a volver a sus países de origen o a buscar otros destinos. De cualquier forma, las medidas administrativas y la actuación de Carabineros y PDI son las que definen las condiciones de vida de hombre, mujeres, niños y niñas migrantes que cruzan las fronteras, destaca el instituto.

Derecho a la reunión pacífica

El director del INDH se detuvo en el capítulo sobre “la efectiva protección del derecho de reunión pacífica”. Aquí, el informe insiste en la necesidad de una ley que regule el ejercicio de este derecho, sustituyendo al actual decreto que hoy maneja la situación. Esta sección investigó las restricciones a las que ha estado sometido el derecho de reunión, tanto en lo público como en lo privado, en especial en la revuelta popular de 2019 y la pandemia de COVID-19 desde 2020.

En ese sentido, Sergio Micco habló de “la necesidad imperiosa de una ley que regule el derecho de reunión. Quisiéramos que se hubiera mandando en el primer semestre (de 2021) esa ley, que está largamente postergada. Un desastre no tenerlo regulado en una ley”, concluyó.

Mientras, el capítulo sobre “el pilar de justicia del proceso transicional post dictadura en chile y el deber de perseguir, investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos (1973 – 1990)” se refiere a causas judiciales y analiza la actuación de distintos organismos del Estado. También toca las brechas y deficiencias ante los compromisos relacionados al pilar de la justicia del proceso transicional en Chile, así como algunos avances debido a las presiones de grupos organizados de la sociedad civil.

El INDH consigna que las trece recomendaciones que el INDH formula en esta materia rescatan muchas otras planteadas en informes anuales anteriores (2011, 2012, 12013, 2014, 1015 y 2017), exponiendo una falta de compromiso del Estado a lo largo de los años. También propone nuevos aspectos de actuación, como una ley de ejecución, que trate específicamente de las condenas por crímenes de lesa humanidad.