En una noticia de último minuto y, por lo tanto, en desarrollo, medios nacionales empiezan a confirmar la decisión del Fiscal Nacional Jorge Abbott de darle curso a una investigación judicial contra el Presidente Sebastián Piñera por los denominados "Pandora Papers" divulgados esta semana, que lo vinculan a hechos que serían constitutivos de delito respecto de su participación en la venta de Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano.

De acuerdo a lo que publica Ex-Ante, Abbott decidió designar a Claudia Perivancich para que lidere la indagatoria, misma fiscal que en Valparaíso lleva la causa por acusaciones presentadas contra Piñera por los casos de violaciones a los DD.HH a causa del estallido social, en la ciudad puerto.

Este viernes, y tras una intensa semana de análisis de los respectivos antecedentes, Abbott firmó la resolución con la que formaliza la apertura de una investigación penal de oficio que involucra a Piñera. Específicamente, por la compraventa de la minera Dominga a la familia de Délano, pactada el 10 de diciembre de 2010.

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Respecto de la decisión que complica a La Moneda y al oficialismo a escasas semanas de las elecciones del 21 de noviembre, la oficializó la vocera del Ministerio Público y jefa de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera.

"Estamos hablando de hechos que eventualmente puedan ser constitutivos de delitos", sostuvo en un punto de prensa.

En cuanto a los argumentos que empujaron la apertura de esta causa por el eventual delito de cohecho, La Tercera, apunta a un hecho que se circunscribe al año 2017, cuando el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra indagó al Presidente en el contexto del caso Exalmar, obviando el contrato publicado por Ciper y LaBot esta semana en el contexto de los "Pandora Papers".

Cohecho, soborno y eventuales infracciones tributarias 

De hecho, si bien hubo una arista que implicó al proyecto minero, sólo se vinculó a la decisión del Jefe de Estado de bajar Barrancones, además de un supuesto uso de información privilegiada, lo que terminó en sobreseimiento.

No obstante, ahora la indagatoria se focalizará en la “tercera cláusula” del documento firmado en el paraíso fiscal que no estaba en el expediente tramitado hace cuatro años en el Ministerio Público.

De hecho, esta establecía que el último pago que involucró el negocio entre las familias Piñera y Délano estaba condicionado a que la zona donde todavía se busca emplazar la mina no se declarara área de exclusión.

En consecuencia, la figura que se indagará en esta oportunidad es la de cohecho, soborno y eventuales infracciones tributarias.