Este jueves, el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda presentada en contra del Fisco, por aplicación de tormentos a un prisionero político en centros de detención de Valparaíso durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En la sentencia, la jueza Jacqueline Dunlop Echavarría rechazó la excepción de prescripción presentada por la representación del Estado de Chile, al tratarse de un crimen de lesa humanidad, y en consideración del derecho internacional.

De acuerdo con el fallo, “en la clase de delitos por el cual se sustenta la acción indemnizatoria reclamada, no es coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción en la ley civil interna, ya que ello contraria la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional de Derechos Humanos”.

Este, según relevó el tribunal, “consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió a las personas calificadas como víctimas de prisión política y torturas durante el período 1973-1990, reconocidas por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario”.

Estado debe reparar a la víctima

El fallo agrega que “es necesario tener asimismo presente que, pesando sobre el Estado el deber de reparar a la víctima, este deber encuentra también su consagración en el derecho interno en el sistema de responsabilidad del Estado que deriva además del artículo 3 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto dispone que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetarse es el de la responsabilidad, lo que recoge expresamente en su artículo 4”.

[Te puede interesar] Justicia confirma procesamiento de Juan Emilio Cheyre por aplicación de torturas durante la dictadura

“Por consiguiente, cualquier diferenciación entre ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama”, indica la sentencia de la jueza Dunlop.

Además considera que, sin perjuicio de lo ya expresado, “corresponde señalar que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que estas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, toda vez que, si se verifica un hecho ilegitimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación".

El Estado no puede invocar su propio derecho para eludir sus obligaciones

Y agrega que, “en el mismo sentido la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones. En este sentido autores como Humberto Nogueira Alcalá, 'Las Constituciones Latinoamericanas' en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000 han señalado que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del mismo”.

Finalmente, el fallo del Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago establece “que, en consecuencia, solo corresponde como se señaló, desestimar la excepción de prescripción opuesta por el demandado de autos, tanto la excepción formulada por vía principal como aquella formulada por vía subsidiaria”.

MIRA ACÁ UN NUEVO VIDEO DE “LA KALLE SABE”