Este jueves, un grupo de abogados especializados en derechos humanos denunciaron que el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su ministro de Justicia Hernán Larraín Fernández, ha comenzado “silenciosamente” a reducir condenas a violadores de DD.HH.

Lo anterior, amparándose en la Ley Nº 19.586, pese a que han sido los tribunales de justicia los que han determinado las penas que deben cumplir estos victimarios, contraviniendo además el derecho internacional.

En detalle, los abogados denunciantes son Nelson Caucoto, Francisco Ugás, Pablo Fuenzalida, Francisco Bustos, Andrea Gattini y Carolina Vega, todos litigantes en causas de derechos humanos.

Sobre la acusación, señalaron que “existiría responsabilidad del Estado por estas rebajas de penas que violan obligaciones internacionales, además de revictimizar a los familiares de las víctimas que se sienten burladas nuevamente en sus expectativas de lograr plena justicia”.

Esta medida, que para los denunciantes se ha venido dando “entre gallos y medianoche”, ha resultado beneficiosa para numeroso agentes ya condenados por los tribunales de justicia, denunciaron los litigantes, entre ellos la Corte Suprema, por ser autores de ejecución y desaparición de personas, entre otros ilícitos.

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De acuerdo a los antecedentes manejados por los especialistas, estos beneficios habrían comenzado a aplicarse desde el año 2020, consistiendo en indultos presidenciales y rebajas de condenas, los cuales se han otorgado al margen del control de los tribunales de justicia y con absoluto desconocimiento de los familiares de las víctimas, los que en su mayoría se han informado cuando las medidas ya se han aplicado.

Así también, los abogados denunciantes sostienen que todas las actividades desplegadas por las autoridades de gobierno, en este sentido, “son arbitrarias y absolutamente contrarias al derecho internacional, contraviniendo de manera expresa el Estatuto de Roma y otras normativas, puesto que asumen una forma de impunidad, impidiendo el cumplimiento total de las penas aplicadas por los tribunales de justicia”.

Al mismo tiempo, consideran que esta conducta del ministro de Justicia desvirtúa la labor que realiza la Unidad Programa de Derechos Humanos, órgano dependiente de su ministerio y que es un activo persecutor respecto de los crímenes de la dictadura.

Política de amarre

Considerando ese programa de DD.HH, los querellantes particulares abogan por no aplicar la media prescripción del artículo 103 del Código Penal y solicitan, mediante sus presentaciones, las penas más altas de nuestra legislación para este tipo de delitos.

Para los abogados “resulta absolutamente incoherente que sea el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que, por medio de la Subsecretaría de Justicia, rebaje las condenas favoreciendo la impunidad”.

Finalmente, para los denunciantes, todas estas conductas de indultos y rebajas de penas por parte del Presidente Sebastián Piñera y el ministro Hernán Larraín serían “una suerte de política de amarre en orden a dejar todo resuelto” antes que finalice la actual administración.