Este martes, integrantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos y del Grupo de Iniciativa por la Libertad de los Presos Políticos llegaron hasta el Ministerio de Justicia, para entregar una carta dirigida al jefe de la cartera, Hernán Larraín y exigir la liberación de los presos de la revuelta.

En el lugar, los familiares de quienes se encuentran presos imputadas por delitos en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019, realizaron una protesta en la que colgaron un cartel en el frontis del edificio donde se leía "¡Clausurado! por violar los DD.HH.".

Respecto a la carta, en el texto se entregan argumentos para aprobar la Ley de Indulto General, propuesta legislativa destinada a poner en libertad y terminar con la persecución judicial de aquellas personas imputadas en el contexto ya descrito. Así, la misiva tiene "el afán de rebatir y desmitificar, cada uno de los puntos que vuestro ministerio y respectivas subsecretarias han entregado en contra de esta salida política".

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"En nuestro país si existe prisión política, y nosotros como actores principales de esta problemática , la estamos viviendo a diario, con todo el dolor y frustración que las injusticias pueden provocar", afirman.

De la misma forma, las agrupaciones firmantes rebaten 10 argumentos que ha utilizado el gobierno para oponerse a la iniciativa legal. La carta explicita que el Ejecutivo sostiene que no hay fundamentos para un indulto general, ya que una "sobrerreacción del Estado no justificaría prescindir de la sanción penal".

A lo que responden que la sanción penal "es un reproche que la sociedad formula a quien, estando en una situación normal, opta voluntaria y deliberadamente por cometer un ilícito, y no a quien se encuentra en una grave situación de anormalidad social, política y de violaciones a los DD.HH.".

Además, entre otras posiciones, se refuta la idea del gobierno de que habría "una supuesta afectación al derecho a reparación de las víctimas de la violencia", si es que se aprueba la Ley de Indulto General. A lo que responden que "el proyecto sólo busca extinguir la responsabilidad penal y no alude a la responsabilidad civil derivada de daños a la propiedad".

"Ni la sanción penal ni los fines de la pena pueden considerarse como una forma de reparación, porque eso significa tratar a los seres humanos como objetos de reparación o medios para otros fines, en lugar de considerarlos fines en sí mismo", sostienen.

Régimen de visitas y retiro de querellas

De igual manera, en la carta denuncian al ministro de Justicia que, si bien se ha avanzado en las fases del Plan Paso a Paso, no se ha habilitado un calendario de visitas para los internos del recinto penitenciario Santiago 1. Por lo tanto, solicitan que se retome el régimen lo antes posible en esta cárcel, así como en todas las demás de Chile.

"Esta situación es sin duda un gran problema, porque conlleva que nuestros hijos, presenten un desgate mayor en su salud mental, lo que claramente no (es) tratado de forma efectiva dentro de estos recintos penales", afirman los familiares de presos de la revuelta.

El punto final de la misiva dice relación con la exigencia de que se retiren las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentadas por el gobierno. "Es gracias a estas querellas que las medidas cautelares como la Prisión Preventiva no son cambiadas por los tribunales de justicia", argumentaron.

"Nosotros como asamblea exigimos también que nos reciba lo antes posible para poder hacer entrega de mayores antecedentes sobre las condiciones de que presos políticos y así se arregle esta problemática lo antes posible", cierran.