Contraloría General de la República (CGR) abrirá sumarios en contra de Carabineros y de la Dirección General de Movilización Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, tras detectar una serie de irregularidades en inscripciones de armas por particulares.

Entre las anomalías se encuentra armamento inscrito a nombre de menores de edad o de personas fallecidas, certificados de salud mental emitidos por personas que no cuentan con el título de psiquiatras; personas con antecedentes penales que incluye violencia intrafamiliar; y registros de armas vigentes sobre los que no existe identificación de las personas.

Las faltas se descubrieron a raíz de un informe de auditoría realizado por el ente fiscalizador y que reveló Bío-Bío. En específico, la Contraloría auditó los procesos de inscripción, custodia y destrucción de armas en la DGMN, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, "sin perjuicio de considerar operaciones de otros periodos, en la medida que se estimó necesario".

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Así, en su informe fechado al 4 de junio pasado, el organismo concluyó que "al 31 de diciembre de 2018, se detectaron 1.083 armas de fuego inscritas por individuos que a la data de la referida actuación no eran mayores de edad". Cabe destacar que la ley permite que menores de edad inscriban armas con la autorización de sus tutores en la medida que tengan la calidad de deportistas, lo que no fue acreditado en estos casos.

De la misma forma "se constataron 72 civiles con Rol Único Nacional -RUN- válidos que figuran con armas inscritas en fechas previas a la data de su nacimiento".

Antecedentes de VIF y particulares sin identificación

El informe revela que "se advirtieron un total de 22.987 casos de civiles con antecedentes penales que mantienen armas vigentes en Chile". Asimismo, detectaron "1.714 personas que no reúnen la idoneidad requerida para mantener armas de fuego a su nombre, toda vez que poseen antecedentes penales por violencia intrafamiliar".

"Asimismo, se constató que la DGMN autorizó un total de 5.976 inscripciones de armas a personas que al momento de realizar la actuación mantenían antecedentes penales previos", detalla el texto.

Otro de los hallazgos sostiene que hay más de 10 mil armas inscritas de las que no hay información del RUT o del domicilio de quienes las tienen: "Se determinó que la DGMN mantiene un total de 10.677 armas agrupadas bajo la denominación de 'RUT cero' en la plataforma XXXX por no contar con antecedentes que permitan la identificación del tenedor tales como RUN y domicilio deI mismo".

"Lo expresado cobra relevancia toda vez que 9.088 de ellas se encuentran vigentes, y la DGMN desconoce la identificación del tenedor, su ubicación física y destino", acusa el ente.

Sobre todo lo anterior, Contraloría determinó que iniciará "un procedimiento disciplinario en la DGMN y Carabineros de Chile, con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones descritas".

Certificados de salud mental irregulares y fallecidos con armas

Otro punto de interés para Contraloría tiene que ver con los certificados de salud física y mental que la ley requiere. "Se observó que existieron 316 certificados de aptitudes físicas y psicológicas presentados por civiles para la inscripción de armas, los que fueron emitidos por 7 personas que no poseían el título de medicina, y 129 profesionales que otorgaron certificados que no tienen la especialidad de psiquiatría adulto", lo que equivale a 8.861 inscripciones de armas que no cumplen con la normativa.

De igual forma, se detectó que un total de 132.921 personas fallecidas figuran en los registros de la DGMN con 182.898 inscripciones vigentes de armas, al 31 de diciembre de 2018.

Sobre estos puntos, el ente fiscalizador verificó que Carabineros inició investigaciones sumarias al respecto, por lo que deberá remitir el estado de avance y los resultados de dichas indagatorias.

A todo lo anterior se suman personas que sobrepasan el número máximo de armamento que por ley pueden poseer, así como faltas en la actualización de las inscripciones y retrasos en las rendiciones de cuentas de dineros por parte de Carabineros.