La Fiscalía Metropolitana Sur tomó la decisión de solicitar que se adelante la fecha de la formalización del reelecto alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. El jefe comunal está siendo investigado por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego que un reportaje aludiera a la existencia de vínculos con bandas de narcotraficantes.

La audiencia se encuentra fijada para el próximo 27 de septiembre, donde los fiscales Víctor Núñez y Leonardo Zamora deben imputar los delitos respectivos y presentar los antecedentes que harían plausible procesar a Aguilera. Sin embargo, luego que el edil ganara la elección el pasado fin de semana, los persecutores pidieron el cambio de fecha, según informó Bío-Bío.

Aguilera obtuvo un estrecho triunfo con 23,99% de las preferencias, a solo dos puntos de su más cercano competidor, el actual concejal Gustavo Toro (DC), quien contó con 21,82% de los votos. Este último figura como querellante en algunas causas en contra del alcalde, en las que denuncia casos de corrupción y mal utilización de recursos públicos.

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Además, Toro ha acusado públicamente haber sufrido amenazas e incluso aseguró que su equipo de campaña fue víctima de una encerrona con balazos, lo que acusó que estaría vinculado con las denuncias que ha hecho.

Cabe destacar que, junto con el alcalde, también debe ser formalizado el ex funcionario municipal, Daniel García, por lavado de activos. Mientras que, en conjunto con los ya nombrados, también estaba planificada la formalización del concejal destituido José Miguel Zapata, pero este fue sorprendido por la Policía de Investigaciones cuando intentaba salir del país, por lo que se adelantó la instancia y el tribunal decretó su prisión preventiva.

Las acusaciones

Los antecedentes sobre posibles nexos con narcotraficantes los expuso el programa de TVN, Informe Especial, en un reportaje emitido en 2017. Incluso, según dicha investigación Aguilera habría contratado a miembros de los grupos delictuales al interior de la municipalidad. Ante esto, el Ministerio Público inició una investigación en su contra por la posible ocurrencia de delitos funcionarios y fraude al Fisco.

Las revelaciones le costaron su militancia en el Partido Socialista, quienes lo expulsaron en octubre del mismo año, días después que el propio Aguilera renunciara a la colectividad.

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Entre algunos hechos de los que se le acusan se encuentran las contrataciones de personal a través del programa social de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), llamado "Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos", donde figuraban personas con sueldos millonarios que no habrían cumplido labores reales.

Paralelamente, se detectaron "eventuales ilícitos en el marco del programa Chile Crece Contigo, relacionados con la existencia de funcionarios del municipio que, además, aparecen contratados con cargo a dicho programa sin prestar servicios efectivos para éste", según detalla la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa.