El 3 de marzo y como consecuencia de un sumario, Contraloría General de la República (CGR) recomendó a Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, suspender de sus cargos a dos generales en servicio activo y uno en retiro por incumplimiento de protocolos de aplicación del uso de la fuerza en el contexto del estallido social.

Específicamente y de acuerdo a un reportaje de BioBío, se apunta al actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general Enrique Bassaletti, quien cumplía funciones como jefe de la Zona Metropolitana Este. La misma sanción se propone para el actual subdirector de la entidad, general inspector Mauricio Rodríguez, además del general en retiro Jorge Ávila.

Con el propósito de evitar que Yáñez evalúe la recomendación emanada del ente fiscalizador, los altos oficiales recurrieron a la justicia civil, que acogió una medida precautoria que logró paralizar el procedimiento.

Independientemente de lo anterior, la investigación considera reveladoras declaraciones sobre el modus operandi de altos oficiales, coroneles y un suboficial armero artificiero, quienes detallan el uso que hicieron de escopetas, causando cientos de traumas oculares en manifestantes por disparos a corta distancia.

"Hubo personal que trabajó en control público aún sin especialidad"

En mayo de 2020 Bassaletti, actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales y encargado del sector rebautizado como Plaza de la Dignidad, entregó su testimonio, respaldando el accionar de la policía uniformada.

Cuando desde Contraloría le preguntaron en qué consistían las prohibiciones y restricciones alusivas al uso de químicos disuasivos, aseguró que “hay instrucciones para evitar usarlas en colegios y hospitales, de todas formas también debe imperar el sentido común y el estado de necesidad (...) si hay que disolver una manifestación y hay un colegio con niños cerca, lo que hay que hacer es evitar su uso, pero en forma fortuita podría arrastrarse hasta allí una nube de gas lanzada cerca”.

Y agrega que “durante el periodo de octubre de 2019, hubo personal que trabajó en control público aún sin especialidad de control de orden público, sino que eran carabineros territoriales, debido a la escasez de personal especializado dado el gran volumen de eventos”, evidenciando que en algunos casos no existió la preparación adecuada de parte de quienes salieron a contener el estallido desde la institución a la que pertenece.

La utilización de cartuchos calibre 12 en las escopetas antidisturbios fue otro de los aspectos analizados por Contraloría a raíz de los exponenciales casos de traumas oculares producidos por disparos a corta distancia, que infringían los protocolos sobre el uso del armamento antidisturbios.

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En este sentido, el general admitió que “un problema de la escopeta, es que el tiro no es controlado, no se puede dirigir, (…) no es preciso, porque existe una proyección en forma de cono, no hay puntería, se dispersan las postas”.

Transcurridos los meses, Carabineros cambió la munición utilizada hasta ese momento. Consultado al respecto, Ballasetti aseguró que este respondió a la munición estaba “en entredicho, sobre todo por la composición”. Y posteriormente sinceró que el cambio se hizo pensando en “buscar una alternativa de menor daño posible”.

El general Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste, habló ante el fiscal administrativo en mayo de 2020. Al igual que su análogo de la zona Este (Bassaletti), dijo que dependía operativamente del jefe de la Zona Metropolitana, Mauricio Rodríguez.

Respecto del uso de la escopeta, transparentó que, a su juicio, “es un buen medio. La utilizo para que mediante el dolor se deponga una acción. Se tiene conciencia que genera lesión, pero se debe ocupar la gradualidad y saber ocuparlo”.

Y agregó que “en el gran grupo de manifestantes, siempre había grupos más exaltados”. En ese escenario, “se van utilizando los medios que se tengan. Primero la conversación, luego el agua y luego la escopeta. Este último método, antes de octubre de 2019 era de un uso restringido y no tan utilizada”.

Otra de las armas usadas, complementó es la llamado “súper sock”, que ocupa un cartucho similar al de las escopetas, utilizado en la agresión que recibió la actriz María Paz Grandjean, quien terminó con fractura de mandíbula tras el ataque recibido.

"La marcha de los guerrilleros fue extremadamente violenta"

El entonces jefe de la Zona de Control y Orden Público, general (r) Jorge Ávila, aseguró ante la Contraloría que los cartuchos calibre 12 solo eran usados en fechas emblemáticas, entre ellas el Día del Joven Combatiente y el 11 de Septiembre.

Relató que los ataques a las fuerzas policiales aumentaron en el eje Plaza Italia y que incluso se trasladaron peligrosamente al anillo de seguridad de La Moneda.

“Después tenemos la marcha de los guerrilleros, que desde mi punto de vista fue extremadamente violenta (…) El uso del carro lanza agua fue tremendamente relevante (y) se complementó con el uso de gases, granadas de mano o carabina lanza gases”, explicó.

La estrategia, comenta, apelaba “inhibir la acción de (…) que actuaban bajo el consumo de alcohol y drogas, presumo, pues los gases no les generaban efecto alguno (…) nuestro personal se vio en la necesidad de ocupar la escopeta antidisturbios”.

De acuerdo a su testimonio, el trabajo desplegado “impidió que ellos lograran llegar al Palacio de La Moneda, con claras intenciones de (…) cometer un incendio”.

El general Jorge Valenzuela, por entonces director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, también entregó declaraciones a la CGR, asegurando que su rol fue preocuparse de “que los Carabineros tuvieran los insumos para poder realizar sus funciones”. “Algunos suministros para control de orden público, cuyo stock estaba previsto para un uso anual, se utilizó en un par de semanas”, agregó.

Luego especificó que los más utilizados fueron los disuasivos químicos que aumentaron “exponencialmente (…) durante el tiempo de contingencia”.

Sobre el armamento y los vehículos con los que contaba Carabineros para restablecer el orden público, el general Valenzuela aseguró que “al inicio era bastante débil el parque automotor y los insumos asociados a la protección de los funcionarios vinculados al control del orden público”.

Agresión a Gustavo Gatica motivó cambio de cartuchería

Un suboficial armero artificiero también fue entrevistado desde la oficina fiscalizadora, circunscribiendo su relato a las cinco prefecturas de la Zona Santiago Oeste, a cargo de Monrás, entre octubre y diciembre de 2019.

Sobre el uso de la escopeta antidisturbios y la distancia para operarlas y el cambio de la munición calibre 12, aseguró que "se sabe que no se puede disparar directamente a mujeres embarazadas y quien no respeta eso, sabe que está incumpliendo con una norma legal”.

Respecto de las razones para cambiar la cartuchería, reconoció que “(fue a) propósito de la pérdida de vista de un joven, y de un estudio que decía que tenía plomo”. Por las fechas, el relato refiere a la agresión que dejó ciego a Gustavo Gatica.

Otro de los que declaró fue el coronel jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo Social de la institución, bajo una identidad que aparece borrada en los respaldos de su testimonio, y quien en 2019 se desempeñó como prefecto de Fuerzas Especiales (FF.EE).

El principal requisito para trabajar en esa unidad actualmente llamada Control de Orden Público (COP),  es un perfil psicológico para enfrentar la “tolerancia a la frustración”.

En su testimonio, coincidió en que el agua es el mejor disuasivo cuando es “bien utilizada”. Mezclarla con elementos químicos para generar irritación es una alternativa que queda a criterio del mando.

Respecto al cambio de munición, el coronel declaró que no modificaron su munición mientras él estuvo a cargo de la prefectura de Fuerzas Especiales. “Solo ahora, este año (2020), se cambió a un cartucho de tres postas”, reveló.

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