La semana pasada, una de las acciones que se empezó a considerar seriamente al interior del Congreso y específicamente en la oposición, fue acusar constitucionalmente al Presidente Sebastián Piñera, en el contexto de su insistente rechazo al tercer retiro del 10% de los fondos de las AFP, un proyecto que el Poder Legislativo aprobó y que el mandatario decidió llevar al Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, 24 horas después de que se rechazara la solicitud emanada de Presidencia para dejar sin efecto la iniciativa legal que estaba lista para su promulgación, desde la oposición admitieron que ya no existe tanto interés en liderar esta gestión contra Piñera, justamente porque un nuevo retiro de fondos ya es una realidad para quienes desean acogerse a él.

"Una pausa", "tiempo de reflexión" y "en el congelador", son conceptos a los que se apela para definir el estado en que se encuentra la idea de la cual hace sólo unos días se hablaba con certeza.

Es más, de acuerdo a lo que informó La Tercera, al interior del sector varios ya advirtieron que esta alternativa puede traer más costos que beneficios considerando la inexistencia de votos suficientes en el Senado, lo que podría traducirse en una herramienta políticamente contraproducente.

“Efectivamente, la presión sobre esta acusación ha disminuido, pero no quiere decir que las causas no estén presentes. Creo que la AC está en el congelador, no es prudente hacerla hoy, el gobierno está en el suelo”, admitió la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS).

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De acuerdo a los argumentos jurídicos que se estudiaron para acusar al Presidente, estos se basaban en el no respeto del Artículo 1 de la Constitución, incisos 3 y 4, que aluden a que el Estado está al servicio de la persona humana y entre sus deberes se cuentan otorgar seguridad y protección a la población y a la familia.

Pese a que los parlamentarios comprometidos con la acusación constitucional consideran que las razones para encabezar una acción de esta envergadura contra Piñera se mantienen, piensan que la situación puede cambiar si el gobierno envía un nuevo proyecto para entregar un bono a quienes no pueden optar a un retiro porque ya no disponen de ahorros.

“A mi entender, categóricamente la acusación pierde fuerza desde el punto de vista ciudadano y desde la justificación de las razones. Como bancada del PPD, creíamos que se estaban constituyendo elementos que el mismo ministro del TC Iván Aróstica invoca respecto de la obligación del Presidente de entregar seguridad a la población. Pero mi impresión es que resuelto el tema por el TC, hoy la acusación se relativiza bastante”, dice al respecto el diputado Ricardo Celis.

Tras zanjarse el destino del proyecto que ya fue promulgado como ley este mismo martes, los diputados que promovían la AC conversaron asumiendo el nuevo escenario. En la semana debieran volver a reunirse para tomar una decisión, aunque la mayoría se inclina por esperar un poco.

“Sentimos que el Presidente Piñera con sus malas decisiones ha puesto en riesgo la seguridad de los chilenos, así que hay mérito para una acusación. Pero vamos a discutir y evaluar ahora la pertinencia de avanzar con el libelo acusatorio”, agrega el diputado Gabriel Silber (DC) en una opinión que mantiene el tono del PC. “Estamos, como partido, en el grupo de asesores jurídicos que está estudiando la acusación. Pronto vamos a tener alguna novedad de los resultados de esas reuniones”, asegura el también diputado Amaro Labra, jefe de la bancada comunista.

El PS no evidencia una actitud distinta. “Aquí hay un acuerdo entre partidos de evaluar una acusación constitucional y eso no ha cambiado”, agrega el diputado Luis Rocafull.

Sin embargo, en Comunes el ánimo es otro. La única que hasta el momento está presionando para seguir adelante con el libelo es la diputada Claudia Mix. “Desde Comunes seguiremos trabajando en la acusación, es un peligro para Chile tener un Presidente soberbio, egocéntrico, que no entiende que su prioridad debe ser proteger a los chilenos”, planteó la parlamentaria.