Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella por fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencia, en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, el ministro de Salud, Enrique Paris, el ex ministro Jaime Mañalich y el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) interpuso la acción penal a raíz de las irregularidades detectadas por Contraloría General de la República luego de una investigación a Redes Asistenciales. El ente fiscalizador publicó a fines de enero pasado el informe final N°630/2020 sobre una auditoría realizada a la habilitación de la infraestructura de salud de emergencia, es decir, las residencias sanitarias.

La CGR realizó las indagatorias con el fin de conocer si dicha repartición ha entregado directrices y ha adoptado acciones que garanticen el eficiente y eficaz uso de los recursos invertidos. Entre las principales conclusiones de las indagatorias se encuentra que existió una "falta de lineamientos y control en contratos de residencias sanitarias".

En la querella, se justifica la imputación de fraude al fisco por la intervención de las autoridades en las contrataciones irregulares y pagos por servicios no entregados, "como es el caso de Hotel Alto del Sol de la comuna de Mejillones por $513 millones o el caso del Hotel Clínico de Santiago por $205 millones, por atenciones a 'pacientes fantasmas', que se encontraban fuera del país en fecha anterior al período de pandemia en Chile".

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Para la CCHDH estos hechos "han originado millonarias pérdidas al erario fiscal, resultando engañados todos los chilenos mediante el desvío de recursos públicos, bajo el pretexto de desarrollar una 'exitosa estrategia sanitaria'".

Con respecto a los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias, los querellantes consideraron que "las autoridades se han interesado en las negociaciones, contratos y operaciones desde una posición de ventaja, influyendo en las decisiones que produce derivación de beneficios económicos".

Para ejemplificar lo anterior, aludieron a la 'doble contratación' en el "Hospital de Emergencia Huechuraba (Espacio Riesco), por $2.900 millones ó el pago de $53 millones por costos operativos fijos y preparación de alimentos para pacientes inexistentes en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar, hechos que vulneran la capacidad del Estado para generar las prestaciones de Salud debidas".

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De esta manera, las autoridades imputadas habrían privilegiado "un interés distinto y contrapuesto al interés público, prevaleciendo el beneficio privado y la obtención de ganancias particulares por sobre la salud de la población".

Por los hechos acusados, la CCHDH solicitó sancionar a los querellados, con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, en calidad de autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados.

Solicitan levantamiento patrimonial de Piñera, Paris, Zúñiga y Mañalich

Junto con lo anterior, el documento legal solicitó una serie de diligencias, entre las que destacan el requerimiento de oficio al Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) para que investigue posibles delitos tributarios. Además, se solicitó que se oficie al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte del juicio como querellante.

De la misma manera, se pidió a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDEECO) de la Fiscalía Nacional, para que apoyen la investigación con respecto al levantamiento patrimonial de los querellados y de "sus grupos familiares y societarios, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio FN 472/2020, sobre criterios de actuación de los fiscales en la investigación de delitos de corrupción, como es del caso".

Puedes revisar el comunicado completo a continuación: