Este martes, el empresario maderero Miguel Toledo ingresó una querella en el Juzgado de Garantía de Temuco en contra de los funcionarios de Carabineros que resulten responsables. En el documento acusa un montaje y un autoatentado con el fin de encubrir el hurto de madera.

La acción legal está interpuesta por los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y falsedad, obstrucción a la investigación, malversación y violación de secreto.

Tal como adelantó ayer El Ciudadano, los hechos en los que se basa la querella se remontan a junio de 2017, cuando se contrataron los servicios de Toledo para una faena de cosecha de 5 mil hectáreas de madera en el Fundo Canihual, en la comuna de Tirúa. El problema era que en esa zona ya se habían concretado ataques y robos de madera, por lo que el empresario decidió solicitar al Ministerio Público la protección de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI) para que escolten los camiones y así mover la carga acopiada en el lugar.

La fiscalía accedió a la solicitud y determinó que los uniformados otorgaran dicha escolta. Para esto, el querellante sostuvo una reunión con comandante Hernán Benavides y el capitán Juan Pablo Ojeda, según el documento legal.

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Sin embargo, según el escrito, "los funcionarios de Carabineros comenzaron a proferir distintas maniobras ilegales a fin de no dar cumplimiento a la orden del Ministerio Publico".

Consultado por El Desconcierto, el abogado que representa a Toledo, Manuel Correa Catrileo, detalló que "las excusas que dieron es que los vehículos estaban en panne, luego la lluvia, luego solicitaban información a mi representado que no tenían que solicitarle, le pidieron diligencias a mi representado que no tenían que solicitar".

Incluso, dijo el abogado, le pidieron que subiera al predio sin escolta y que tomara los puntos GPS donde estaba la madera acopiada, para luego elaborar planos, "y así un sinfín de ridiculeces que no iban al caso".

"Todos nos preguntamos por qué no daban simplemente cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio Público. La ley obliga a la policía a que, sin cuestionar, debe dar cumplimiento a lo ordenado por la fiscalía, pero acá no lo hicieron nunca", explicó Correa.

"Finalmente, Carabineros monta un autoatentado para en definitiva justificar no dar cumplimiento a lo ordenado", aseguró.

La denuncia del cabo segundo Manuel Colipán

Uno de los requisitos que le pidieron al empresario fue entregar los datos personales de todos los conductores que moverían la carga. "El día que se entregó la información de los conductores, camiones y teléfonos de estos -información solo conocida por el propio Toledo y los uniformados- suspicazmente, los camioneros, a las dos horas después de entregada la información, reciben llamados telefónicos de amenazas de muerte si se atrevían a subir", relata la querella.

Finalmente, asegura que desde Carabineros le indican a Toledo que debían enviar una caravana de reconocimiento para identificar posibles puntos de emboscada. Sin embargo, para ejecutar la inspección, no le permitieron al empresario subir junto con la caravana.

Pasados 15 minutos en el que los vehículos policiales comenzaron a subir el cerro donde se encuentra el predio, Toledo escuchó un tiroteo. Un uniformado en el cruce de Tirúa, donde se encontraban esperando el procedimiento, le informó que la caravana fue atacada. Dados los hechos, la institución policial le informo a Toledo que no iban a entregarle la escolta debido al alto peligro.

El entonces cabo segundo de Carabineros, Manuel Colipán, estuvo justamente en el lugar en 2017 y terminó herido de bala en una pierna. Sin embargo, en febrero de 2019 reveló que nunca hubo un enfrentamiento y aseguró que "a todo el país hicieron creer que la comunidad me había disparado, encapuchados, (pero) fue un propio colega el que me disparó".

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"Me obligaron a inculpar a una comunidad mapuche", agregó. Muy cerca del lugar se encuentra la comunidad María Colipi Viuda de Maril.

Toledo acusa persecusión

Los querellantes no saben con exactitud el momento en que ocurrió el hurto de la madera acopiada y que Toledo no pudo retirar nunca. Pero la sospecha del abogado Manuel Correa es que toda la demora para otorgarles la escolta y luego el supuesto atentado, se utilizó para ganar tiempo mientras se extraía el producto.

Desde entonces, el empresario acusa persecución por parte de los uniformados y por lo tanto interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, el que todavía no ha sido resuelto y se está a la espera de antecedentes por parte de la institución policial.

Correa explicó que su representado tiene contacto con personas expertas en labores de inteligencia, quienes "le han señalado que su teléfono se encuentra interceptado, lo que nos hace suponer que son ellos". Además, reveló que Toledo posee entrenamiento militar avanzado y que debido a esto pudo detectar que está siendo vigilado.

De la misma forma, la querella asegura que el empresario se reunió con el jefe de Inteligencia de Malleco de la época y que en la conversación "reconoce que efectivamente se está produciendo hurto de madera y que se encuentran involucrados miembros de Carabineros, además manifiesta que se dio cuenta de estos delitos al alto mando de Carabineros, los cuales a la fecha, nunca han tomado ningún tipo de acción".

El abogado no quiso dar detalles sobre la evidencia que sustenta esta acusación, pero aseguró que "tenemos pruebas, audios y testigos" que apuntan a la culpabilidad de los uniformados.

También existe una demanda civil en contra de la institución por "lucro cesante, daño emergente y daño moral por incumplimiento de labor encargada constitucionalmente a dicha entidad", a raíz de la pérdida de la madera y de los gastos incurridos por la negativa de los uniformados a proveer la protección policial que encargó el Ministerio Público.