Al menos 45 denuncias presentadas ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) por el Servicio de Impuestos Internos (SII), involucrando a 28 empresas, pasaron desapercibidas pese a ser casos de financiamiento ilegal de la política.

Esto, ya que constituyeron una “salida administrativa“ para las y los dirigentes políticos involucrados, de derecha a centro-izquierda, al librarlos de ser investigados por la Fiscalía y someterse a sanciones penales.

Según recoge un reportaje de CIPER, el SII se abstuvo de formalizar denuncias ante la justicia al hacerse público que la campaña de la ex presidenta Michelle Bachelet fue financiada por SQM. Entre las grandes empresas que alcanzaron a ser investigadas, se encuentran precisamente SQM, Penta y Corpesca, implicando a decenas de políticos.

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Sin embargo, Ripley y Cencosud, entre otras, pudieron evadir al poder judicial a través de esta decisión del SII. Incluso, Endesa, Aguas Andinas, Entel, Cruz del Sur, Metalpar, Automotora Gildemeister y Alsacia ni siquiera fueron objeto de denuncia del SII.

Asimismo, tal como reveló el reportaje, entre quienes emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas aparecen personas o sociedades vinculadas al presidente de la DC, Fuad Chahín; al presidente de la UDI, Javier Macaya; al ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI); al ex ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); al ex senador y ex ministro del Interior Andrés Zaldivar (DC); al ex senador y ex ministro Alberto Espina (RN); al actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; a los senadores Felipe Kast (Evópoli), Ena Von Baer(UDI), Francisco Chahuán (RN) y Felipe Harboe (PPD); al lobista Enrique Correa; al actual biministro de Energía y de Minería, Juan Carlos Jobet; a los diputados Gabriel Silber (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN); además dal alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI).

No hubo querella por “buen comportamiento tributario“

Por otro lado, entre las denuncias del SII al TTA no aparecen las boletas falsas emitidas para las campañas de Michelle Bachelet, ni las emitidas para las campañas del presidente Sebastián Piñera, pese a comprobarse su existencia.

En detalle, ausente de la lista está la empresa Asesorías Credo, ligada a la campaña de Bachelet el año 2013. La investigación destaca que entre diciembre de 2013 y enero de 2014 Asesorías Credo recibió en total $50 millones de Ripley, compañía que rectificó esos pagos ante el SII señalando que no existían respaldos que los justificaran.

Sin embargo, El Mercurio reveló un correo en el cual dos gerentes de la empresa de retail afirmaron que estos pagos estaban asociados a Giorgio Martelli, principal recaudador de dineros para la ex mandataria.

Al respecto, el SII señaló que “se pudo verificar que los documentos tributarios fueron emitidos por una cuantía muy menor y el contribuyente que los recepcionó presentaba un buen comportamiento tributario anterior, de modo que no se superaba el estándar para proceder con una querella criminal y la sanción pecuniaria se encontraba prescrita”.

Campañas presidenciales ilegalmente financiadas

De acuerdo con el reportaje, existen más de 20 empresas ausentes de la lista de denunciadas ante los tribunales, pese a rectificar pagos realizados a través de boletas falsas relacionados con políticos.

Endesa, Aguas Andinas, Entel, Cruz del Sur, Metalpar, Automotora Gildemeister, Alsacia, además de dos sociedades del Grupo Hurtado Vicuña, no fueron consideradas para denuncia por Impuestos Internos.

Entre ellas, Endesa, por ejemplo, se vio relacionada con pagos ilegales a las campañas presidenciales de Eduardo Frei Ruiz Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013). Aguas Andinas, por otro lado, rectificó pagos a personas ligadas a Sebastián Piñera.

El SII, por su parte, entregó una justificación a CIPER por escrito para explicar la decisión tomada, de no presentar denuncias tributarias por estos casos.

“El curso de acción correspondiente se determina de acuerdo con el análisis realizado caso a caso. En general, los antecedentes reunidos durante los procesos recopilatorios instruidos en relación a los contribuyentes mencionados fueron insuficientes para sostener una acción penal o infraccional (sanción pecuniaria). También se verificó otra situación, donde los antecedentes que se analizaron fueron recibidos en este Servicio con fecha 24 de febrero de 2016 y la Declaración de Impuesto a la Renta maliciosamente falsa detectada correspondía al Año Tributario 2010. Por este motivo, a la fecha en que conocimos de los antecedentes, tanto la acción penal como la infraccional se encontraban prescritas. Lo mismo ocurrió respecto de otro contribuyente, cuyos antecedentes remitidos por el Ministerio Público fueron recibidos en este Servicio el 23 de marzo de 2016, y las infracciones tributarias también habían ocurrido en el Año Tributario 2010”.

Al menos $3.700 millones se lograron recaudar en multas a pagar por las empresas y personas denunciadas, hasta el momento, de estas 45 denuncias.