La 6° Sala de la Corte de Apelaciones determinó, en forma unánime, revocar la libertad para los otros siete formalizados por amenazas de muerte a la fiscal Ximena Chong.

De esta manera, todos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía Centro Norte había presentado un recurso de apelación luego que sólo se dejara en prisión preventiva a uno de los imputados.

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El argumento de peso de la Corte fue que la libertad de los formalizados representa un peligro para la seguridad de la víctima y para el éxito de la investigación.

Cabe recordar que además el gobierno presentó una querella, pero no invocó la Ley de Seguridad del Estado, en contra del imputado que había quedado en prisión preventiva, ya que durante el allanamiento de la PDI se incautó una subametralladora UZI, la cual está prohibida en Chile.