Luego de una compleja negociación con sus acreedores, Enjoy logró aprobar el plan de reorganización judicial que le da viabilidad financiera. Tras ello, la gran amenaza para la compañía era que este martes 29 de septiembre iba a violar el contrato de operación del Casino de Viña del Mar, porque no tenía listas las inversiones comprometidas. Entre ellas, US$32 millones destinados a la renovación de máquinas tragamonedas, desarrollar nuevas salas VIP, renovación del restaurante y bar del casino. Además, la renovación de la Plaza Colombia.

Producto de este incumplimiento podía perder la licencia del casino y que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) le cobre US$90 millones en boletas de garantía. En efecto, pues la ley 19.995 establece que “si una sociedad operadora que se adjudica un permiso de operación, no concluye la implementación de la inversión comprometida respecto del proyecto integral respectivo dentro del plazo comprometido, corresponde la Superintendencia el inicio de un proceso sancionatorio, el que podría eventualmente concluir con la revocación del referido permiso”.

Además, para garantizar la implementación de las inversiones comprometidas con los municipios, de acuerdo con la Ley N° 19.995, Enjoy entregó boletas de garantía pagaderas a la vista y con carácter irrevocable. Este riesgo latente lo había dejado en evidencia el veedor, Patricio Jamarne, quien en la propuesta de reorganización de Enjoy indicó que era necesario que la autoridad prorrogara la entrada en vigencia de las concesiones, para que Enjoy pudiera cumplir con los flujos.

La Superintendencia de Casinos de Juegos, en vez de esperar que se produjera ese incumplimiento, le dio un salvataje que evitará a Enjoy pagar los US$90 millones, recursos que iban a llegar al Municipio de Viña del Mar.

Todo, en medio de rumores sobre la estrecha e histórica relación de amistad y negocios de la familia Martínez y de Carlos Alberto Delano con el Presidente Sebastián Piñera.

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El 28 de agosto, la Superintendencia de Casinos y Juegos emitió la resolución exenta número 500 que prorrogó los plazos para la ejecución de las obras, estipulando que no se contabilizarán los días en que estuvieron en cuarentena las comunas donde operarán las sociedades adjudicatarias. La resolución también señaló que una vez que todas las comunas que se adjudicaron los casinos con la ley 19.995, el operador tendrá que presentar un cronograma de trabajo actualizado para el reinicio y término de las obras.

Si bien la resolución no menciona a Enjoy, este es el gran beneficiado con esa resolución, considerando que, en 2018, se adjudicó cuatro de los cinco casinos municipales que fueron licitados al amparo de la ley 19.995: Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas.

Desde hace unos meses el gobierno estaba viendo opciones para lograr que Enjoy no cayera en incumplimiento y tuviera que cancelar millonarios recursos, que ponían en jaque su viabilidad financiera. Esto, a pesar de que la ley N°19.995, en su artículo 28, es sumamente clara en cuanto a los plazos, que tienen como objetivo resguardar los dineros que deben recibir los municipios.

A fines de junio, el gobierno anunció el envío de un proyecto de ley, conocido como la Ley Enjoy, que generó un fuerte rechazo por la industria de casinos, porque la autoridad había escogido el camino de beneficiar a un solo operador.

En la sesión de 7 de agosto en una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, reconoció que la iniciativa no la habían enviado, porque buscaban un proyecto de ley consensuado.

Dada la inviabilidad de la iniciativa legal, que ya no alcanzaba a estar para fines de septiembre, jugaría un rol clave la Superintendencia de Casinos de Juego.

En una entrevista concedida a El Mercurio a inicios de agosto, la superintendenta del ramo, Vivien Villagrán, ya adelantaba que veía factible introducir una modificación legal, vía decreto supremo, para prorrogar por un año la entrada en operación de los casinos municipales adjudicados hace dos años. Al final, optó un camino administrativo que permitió alcanzar el mismo objetivo.

La SCJ y Enjoy

Esta no es la primera vez que la superintendenta y el gobierno terminan favoreciendo a Enjoy. En los últimos años, al menos otras cuatro ocasiones dicen desde la industria, el regulador ha realizado actuaciones que han beneficiado a  los Martínez, la familia controladora de Enjoy.

En 2018 la SCJ permitió que Enjoy se adjudicara cuatro casinos municipales con ofertas económicas que, a juicio de una ex autoridad de esta industria, “no son sostenibles económicamente”.

El grupo Enjoy se adjudicó la licitación para operar los casinos de Coquimbo, Viña del Mar y Pucón con ofertas entre el 91,4% y el 115%, más que el mínimo exigido por los municipios, pese a la crisis que arrastraba desde 2017. Asimismo, la compañía ofreció un 65% más que la oferta mínima del recinto de Puerto Varas, con lo que logró arrebatarle dicho establecimiento a Sun Dreams.

Este es un tema que alertó a los disputados que crearon una Comisión Investigadora, para ver si los organismos públicos encargados de fiscalizar a Enjoy cumplieron con sus funciones, dado el daño que puede generar la crisis de ese casino en las finanzas de los municipios y las regiones donde están sus casinos.

Según las declaraciones del ex superintendente de Casinos, Francisco Leiva, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el pasado 17 de julio, “Enjoy hizo ofertas muy superiores a la oferta mínima, muy superiores a la oferta de Sun Dreams, pero que yo creo que no son sostenibles económicamente”.

“Si se compara el Ebitda 2017 de Coquimbo con la oferta que hizo, Enjoy ofreció el 111% del Ebitda. Eso es infinanciable”, argumentó, antes de agregar que “en el caso de Viña del Mar, la oferta económica equivale al 91% del Ebitda”.

En esa línea, Leiva se preguntó: “¿cómo la Superintendencia de Casinos validó ofertas económicas que no son sustentables en el tiempo? Son ofertas que, con un simple cálculo aritmético, si se compara la oferta económica con el resultado Ebitda del casino, la oferta económica presentada excede ese Ebitda. Evidentemente, eso es no sostenible en el tiempo”.

Por su parte, el economista y académico de la Universidad de Chile, José Olivares, quien también participó de la misma sesión de la Comisión Investigadora, aseguró que  la crisis de Enjoy es sostenida en el tiempo, y no es resultado del estallido social ni de la actual pandemia, porque ésta le afecta desde 2017.

La Superintendencia de Casinos tampoco alertó de los problemas financieros de Enjoy que arrastraba por años, a pesar de tener facultades para hacerlo.

La superintendenta se ha escudado de su falta de fiscalización a la casa matriz de Enjoy argumentando que no cuenta con las facultades para supervisar a las empresas relacionadas a las sociedades operadoras.

Al ser consultada sobre la situación de Enjoy en una entrevista en radio Duna, a inicios de mayo, Villagrán afirmó que “nosotros nos relacionamos a través de estas sociedades operadoras que, insisto, son de giro único y propiamente responden a un otorgamiento, a un permiso de operación, en el marco de una relación de derecho regulatorio. Entonces, nosotros tenemos esta relación aguas debajo de la matriz”.

Ante la comisión investigadora de la Cámara, en la sesión del 23 de junio, la autoridad planteó que lo primero “es establecer cuáles son los ámbitos de regulación que tiene un grupo económico como Enjoy S.A. Nosotros no regulamos a Enjoy S.A. Eso tiene otro espacio regulatorio que hoy en día es la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es bien importante, porque en el fondo el regulador de una entidad económica como Enjoy S.A. está fuera del alcance de la Superintendencia. ¿Yo qué regulo? Yo regulo sociedades operadoras con un RUT específico que le permite explotar un casino de juegos que el Estado le ha otorgado en una relación de carácter regulatorio a través de un acto administrativo. Por lo tanto, mi espacio de regulación está acotado a las sociedades operadoras específicas de casino de juego”.

Esta afirmación fue cuestionada por el ex superintendente Francisco Leiva, quien en la sesión del 17 de julio señaló que la actual normativa que regula a estos establecimientos, y que rige desde 2015, señala que se puede investigar no sólo a las sociedades operadoras, sino también “todas las operaciones de sus socios, accionistas, directores y administradores, siempre que se refieran a la operación de casinos”.

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“El mensaje presidencial para la modificación legal de 2015 señala específicamente que uno de los propósitos de la modificación legal es entregarle facultades adicionales a la Superintendencia para que investigue no solo a la sociedad operadora, sino que también a sus sociedades accionistas las veces que lo estime conveniente. Y, ¿cuándo? No solo al momento de otorgar el permiso, sino que durante el tiempo que esté vigente el permiso de operación”, declaró Leiva.

Por su parte, el académico de la Universidad de Chile, José Olivares, manifestó en la misma instancia el 17 de julio que “había toda esta información disponible de 2017, 2018 y 2019 para evaluar a la compañía”.

El experto agregó que “si el otorgamiento de las licencias municipales hubiese estado en mis manos, no hubiese emitido una opinión favorable de la compañía a la luz de los estados financieros, ya que los problemas financieros se inician en 2017 y se acentúan al inicio de 2019. Yo le hubiese puesto condiciones”.

Olivares complementó que “la compañía se cayó en 2017 (…) ¿Cómo se licita a alguien que viene trastabillando? (…) Claramente, en este proceso no se miró el largo plazo”.

En otro ámbito, la SCJ también permitió a Enjoy adjudicarse un casino que era imposible de construir en Pucón y validó un cambio de ubicación que tampoco cumple las normas, pese a advertencias del Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

Luego de que se adjudicó el casino de Pucón, a mediados de 2018, Enjoy debió realizar diversas gestiones con las autoridades locales para conseguir el permiso de edificación, que le permitieran hacer las obras comprometidas en ese proyecto. Sin embargo, el proyecto era inviable porque no cumplía con las normas urbanísticas de la ciudad. El casino contemplaba una carga ocupacional de más de 4.700 personas, muy superior al límite permitido en la zona, de 1.000 individuos.

Esto fue ratificado en junio de 2019, un año después de haber logrado la licencia, cuando la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón rechazó el proyecto original. Así, la Superintendencia concedió el permiso a un proyecto que no era factible de construir.

Dada esta situación que era insalvable, en septiembre de 2019 Enjoy solicitó a la Superintendencia de Casinos modificar el proyecto, que abarcaba, entre otros aspectos, trasladar el casino a otro terreno.

Esta es una decisión que debía tomar el Consejo Resolutivo de la SCJ y la superintendenta presentó la solicitud con una opinión favorable. En la sesión de 26 de diciembre de 2019, acompañó un informe interno y junto al fiscal, Manuel Zárate, realizaron la defensa de la solicitud de Enjoy.

En esa sesión, el subsecretario de Hacienda y presidente del Consejo, Francisco Moreno, presentó sus reparos quien, de acuerdo al acta de la sesión, sostuvo que el nuevo proyecto “podría implicar un cambio esencial tanto desde el punto de vista jurídico como del proceso de licitación” y que “le parece de máxima relevancia el hecho de tener claridad respecto a si el cambio propuesto podría ser considerado legalmente como otro proyecto en vista de que se trata de un cambio a todas luces relevante”.

Tras la defensa realizada por la SCJ, finalmente el Consejo Resolutivo aprobó la solicitud de Enjoy, convirtiéndose así en la primera vez que el regulador visó una modificación que implica un cambio de domicilio del proyecto.

A nivel de fiscalización, la superintendenta también ha sido permisiva a la hora de fiscalizar a Enjoy respecto de los préstamos que continuamente ha otorgado a sus clientes y la operación de su plataforma en línea.

El artículo 7° de la Ley N°19.995 que regula a los casinos, estipula que “bajo ninguna circunstancia el operador podrá otorgar crédito a los jugadores”.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Según un artículo de Diario Financiero publicado a inicios de julio, la compañía ha interpuesto más de 600 demandas desde al menos el año 2011, que suman cerca de $4.800 millones, en contra de clientes que le deben préstamos para el juego otorgados por la sociedad Enjoy Gestión Limitada.

El hecho de que las primeras demandas datan desde hace casi una década, revela que esta ha sido una práctica recurrente del grupo.

Esta situación ya había sido alertada por Ciper a inicios de 2019, pero la superintendenta y el jefe del Departamento Jurídico de la SCJ, Manuel Zárate, afirmaron que el organismo no tiene potestad legal para fiscalizar a empresas relacionadas a las operadoras de casinos. Su labor de vigilancia, aseguraron, solo recae en las sociedades que explotan directamente esos establecimientos de entretención.

En tanto, el 6 de abril de 2020 Enjoy anunció el lanzamiento del juego on line “Gana en Casa”. Pese a que dicha operación está expresamente prohibida según lo señala el artículo 5º de la Ley N°19.995, la SCJ respondió que no se trataría de juego on line, mediante una aparente distorsión de la definición legal de juego de azar.

Enjoy utilizó la misma estrategia en Uruguay. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Chile, el regulador uruguayo prohibió el modelo de negocio que pretendía explotar Enjoy, por lo que tuvo que cerrarlo.

Tras esa primera incursión, Enjoy lanzó la plataforma web “EnjoyWin”. Al respecto, Sebastián Truffello, gerente Comercial de Enjoy S.A., en declaraciones al Diario Financiero, explicó que "el formato 'Casino Social' será una extensión de la experiencia de todos sus casinos físicos (...) se hallarán los juegos que se pueden encontrar en un casino tradicional, tales como máquinas de azar, bingo, póker y ruleta virtual, pero para jugar desde dispositivos móviles o computadores".

Solo entonces, el 1 de julio, la superintendencia envió una carta al gerente General de Enjoy S.A. pidiéndole suspender “en forma inmediata” el funcionamiento y publicidad de “EnjoyWin”, cuya propiedad y gestión es responsabilidad de la empresa Enjoy Gestión Limitada. Sin embargo, días más tarde, el regulador se retractó y levantó la prohibición.

Tras dicha acción, la Fundación Ajuter, que reúne a los jugadores en terapia, emitió un comunicado en el que criticó la plataforma de Enjoy y exigió que la autoridad haga cumplir la legislación vigente.

Esta nueva contradicción no pasó desapercibida para Francisco Leiva, quien ante la Comisión Investigadora de la Cámara preguntó: “Si la superintendenta ha dicho a esta comisión que no puede fiscalizar aguas arriba, ¿por qué ofició a Enjoy si Enjoy S.A. no es la operadora? Entonces acá hay una contradicción respecto de lo que dijo, respecto de lo que hace, porque en este caso en particular, ofició al gerente de Enjoy, a pesar de que Enjoy S.A. no es una sociedad operadora”.