La mañana de este martes el Presidente Sebastián Piñera dio un discurso en La Moneda por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta instancia, el mandatario salió a reforzar la idea de fortalecer la “cultura de derechos humanos” y el “respeto irrestricto” hacia ellos.

En su discurso, sostuvo que “el gobierno va a entregar toda la ayuda necesaria a las víctimas de atropellos y de los hechos de violencia que hemos conocido durante las últimas semanas”. Para reforzar esta idea, Piñera nombró los casos de Gustavo Gatica y a Fabiola Campillay, ambos perdieron completamente la visión a causa de perdigones percutados por agentes del Estado. Pero a la vez, aseguró que también le preocupaba la situación de los carabineros que habían sido “víctima de violencia por hacer su deber”, aludiendo al “vandalismo” y a los “grupos organizados”, como lo ha nombrado explícitamente en otros discursos en cadena nacional.

Es decir, con esto el Presidente equiparó los niveles de violencia que se han producido desde el estallido social del 18 de octubre entre manifestantes y agentes del Estado. Incluso entre aquellas personas, como Gatica y Campillay, que estaban ajenas a la protesta (el primero fotografiaba, la segunda iba al trabajo).

A la vez, indicó que el Ministerio de Mujer y de Equidad de Género, a cargo de la ministra Isabel Plá, se estaría coordinando con los organismos correspondientes, como el Ministerio Público, para facilitar las denuncias de las mujeres que han sido víctimas de violencia en este contexto. Lo mismo mencionó con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), además, de anunciar el fortalecimiento de la subsecretaria de Derechos Humanos. “Los Derechos Humanos son anteriores al Estado y este tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para resguardar y evitar los atropellos”, expresó el jefe de Estado.

Además, señaló: “Queremos que esos tiempos oscuros, como dijo Patricio Aylwin, no vuelvan nunca más. Queremos terminar con los mitos y falsas dicotomías”. Respecto a esto último, enfatizó que resguardar el orden público no se contradecía con proteger los Derechos Humanos y destacó que “cuando los Carabineros sale a las calles sale a proteger a nuestros compatriotas, a defender sus derechos intereses y libertades”.

Sin embargo, lo que no incluyó Piñera en su “paquete de medidas” para proteger los Derechos Humanos es la conformación de una Comisión de Verdad y Justicia. Todo esto, considerando los profundos cuestionamientos por parte de organismos internacionales durante este último mes, en particular por el informe elaborado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional donde se detalla la cantidad de víctimas de traumas oculares severos, personas que han recibido lacrimógenas directamente a su cuerpo, personas fallecidas, denuncias por violación y torturas, basado en cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y entidades de Salud.

La conformación de una Comisión de Verdad y Justicia ya ha sido propuesta por parlamentarios del Frente Amplio. El 17 de noviembre pasado, la presidenta del Partido Comunes, Javiera Toro, relevó la importancia de esta instancia, en un contexto donde “hay promesas explícitas de impunidad, en palabras del general director de Carabineros”. Así también, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) reparó en que el estallido social dejó de manifiesto “que tenemos unas Fuerzas Armadas y Carabineros inmensamente poco profesionales, que violaron protocolos”.

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Pero también desde la propia coalición de gobierno han planteado esta idea que este martes el Presidente no recogió. El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, le presentó una propuesta a Piñera de una comisión de carácter permanente y consultivo que estuviese integrado por distintas personalidades del ámbito civil, político y judicial.

Para el abogado de derechos humanos y del bufete de Nelson Caucoto, Francisco Jara, una comisión de este tipo debería sostener una estructura independiente, de equidad de género y descentralizada. Recuerda que una de las críticas a la Comisión Retting fue lo difícil de conseguir relatos en sectores más inaccesibles. “Los comisionados deberían tener algún tipo de inmunidad, como la que se pensó para el mecanismo para el mecanismo de prevención de la tortura, por ejemplo, que no puedan ser perseguidos por sus dichos”, explica.

Y sobre esto, enfatizo que: “Aylwin tuvo que nombrar una comisión con personas de derecha e incluso a algunos integrantes de la dictadura. Debe tener un mandato que cuente con autonomía para que pueda sesionar en diversas partes del país. Debe garantizarse reserva. Sobre todo, que de confianza”.