A las 11:00 horas de este martes, la agrupación de derechos humanos Londres 38 - Espacio de Memoria, interpuso una querella por delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal contra los directivos de la Pesquera Arauco. La acción se enmarca en la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia, iniciativa que busca esclarecer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y que impulsa una línea de investigación para encontrar a los responsables civiles y del mundo empresarial que participaron en estos hechos.

Erika Hennings, miembro del directorio de Londres 38 Espacio de Memoria, señaló que es hora de que “se comience a trabajar la línea de la responsabilidad de empresas y otros actores, terceros actores en las desapariciones y detenciones. Creemos que esta querella puede ser el inicio para otras que son necesarias”.

Con relación a la pesquera y su vínculo con la represión, afirmó: “respecto a los que pasaron por Londres 28, que son 85 personas, eran sacadas y trasladadas a distintos centros, notablemente Tejas Verdes y Santo Domingo, ubicados en San Antonio. Tenemos investigaciones que dan cuenta que trasladaban a personas en sacos ya muerta. Es decir, la responsabilidad de la pesquera es muy importante en relación a estas personas desaparecidas”.

La acción, interpuesta ante el Ministro Mario Carroza, está dirigida en contra de los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Espinoza Bravo, oficial del Ejército y director de operaciones del organismo represivo; Alejandro Burgos De Beer, mayor de Ejército; Humberto Olavarría Aranguren, oficial de la Armada, jefe de inteligencia económica de la DINA; Orlando Jorquera Bravo, coronel del Ejército en retiro, segundo vicepresidente de la Empresa Pesquera Arauco S.A; y Gerardo Godoy García.

Además, la querella apunta a todo el equipo directivo y gerencial de la empresa: Hubert Fuchs, administrador y gerente legal de la empresa pesquera. Fuchs, marino en retiro y ex gerente de Savory, fue el nexo entre la DINA y la empresa Standard Electric, según consigna un reportaje de CIPER publicado en 2009. Un hombre clave en el entramado de financiero que sostuvo al aparato represivo de los primeros años de la dictadura.

Otros ejecutivos querellados son Luis Verdevereu, el director suplente Carlos Paniaglia, Luis Arrieta Echegaray y Salvador Lisboa Escobar. A estos se suman los abogados representantes Luis Díaz Andrades, Luis Valdebenito Muñoz y Humberto Calderón Luna.

La abogada Magdalena Garcés, explicó que la querella “se dirige a establecer la responsabilidad penal de los directores de Pesquera Arauco y Pesquera Chile, eso sin perjuicio de que existen, durante toda la dictadura, otras empresas que colaboraron con la realización de crímenes como en este caso a través de la facilitación de vehículos o infraestructura”.

“Lo que queremos es determinar el destino final de los detenidos desaparecidos y acortar las brechas de impunidad que existen en Chile donde se ha responsabilizado a unos pocos, cuando existen mayores responsabilidades y muchos silencios cómplices que han permitido que hasta el día de hoy no sepamos dónde están”, agregó.

[caption id="attachment_168127" align="alignnone" width="1024"] Londres 38 ante Tribunales de Justicia[/caption]

El patrón criminal que se investiga

 Según consta en una investigación realizada por la agrupación de Londres 38, la empresa Pesquera Arauco brindó un importante apoyo logístico para el accionar criminal de la DINA.

Los prisioneros eran trasladados desde el centro de la capital hasta San Antonio a bordo de camiones frigoríficos de pescado, adaptados para ese fin. Estos vehículos, consigna el documento, salían desde Rinconada de Maipú o desde el recinto de la empresa ubicado en Lo Valledor, en Santiago.

Una vez que llegaban al Cuartel Yucatán (Londres 38), se leía la lista de detenidos que llevaban los conductores y luego eran subidos a la parte posterior del camión, completamente vendados. La carrocería fue acondicionada con dos bancas a los lados y una separación por intermedio de una reja, espacio utilizado por uno o dos agentes de la DINA que armados custodiaban a los prisioneros políticos. El camino era escoltado por camionetas Chevrolet C-10 y C-30 con agentes que conformaban equipos de emergencia.

Los trasladados tenían lugar al menos dos veces por semana, existiendo antecedentes desde enero de 1974 hasta el cierre de Londres 38 en agosto o septiembre del mismo año. El número de víctimas desplazadas por la pesquera fluctuaba de una a decenas, conforme aumentó la cantidad de detenciones. De acuerdo a diversos testimonios, la mayoría de las personas recluidas en Yucatán fueron llevadas de manera clandestina al regimiento Tejas Verdes, tanto a la Escuela de Ingenieros como al campo de prisioneros. Se trató de una práctica sistemática y reiterada donde intervinieron al menos cuatro camiones de la empresa.

Sergio Vásquez Malebrán, militante del MIR detenido el Viña del Mar el 23 de enero de 1975, también menciona camiones de la Pesquera Arauco. Su testimonio fue recogido por el periódico Punto Final en 2015: “Alrededor de las una de la madrugada del 29 de enero de 1975, nos subieron a unos camiones tipo tres cuartos de una pesquera -era una camioneta frigorífica- a Mónica Medina, Fabian Ibarra, Sergio Vesely, Erick Zott, Walkiria Jorquera, Julio Torres, Gerardo Hernández, Lilian Jorge, Abel Vilches, Frida Klimplen, María Isabel Gutiérrez, Hernán Brain, Ricardo Villar, Carlos Rioseco, Horacio Carabantes y otros. En total éramos unos 20 detenidos. En la madrugada del 29 de enero llegamos a Villa Grimaldi”.

[caption id="attachment_168128" align="alignnone" width="1024"] Campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia[/caption]

Pesquera Arauco S.A.

Las empresas Pesquera Arauco Limitada y Empresa Pesquera Chile Limitada eran empresas filiales de la CORFO que habían sido formadas por la entidad y el Banco del Estado de Chile. Posterior al golpe militar, la empresa pasó a ser administrada y dirigida por Manuel Contreras y personeros de la DINA, que asumieron como miembros del directorio junto civiles que actuaban en favor de la dictadura.

Los bienes de la pesquera sirvieron como elementos logísticos clave en las operaciones para la desaparición de personas, como vehículos e infraestructura ubicada en San Antonio.

El recinto principal de la compañía estaba apostado en calle O’Higgins N° 1981 y, según consta en la investigación realizada por Londres 38, el oficial de Ejército Mario Jara Seguel coordinó las acciones en terreno. “Él asignó a funcionarios de su confianza a los recintos de San Antonio y Santiago y específicamente, el recinto de San Antonio fue continuamente custodiado por personal militar”, consigna el documento. “Existen teorías relacionadas con el uso de los grandes hornos de la pesquera para la desaparición de cadáveres, y llama la atención que pese a la envergadura de la maquinaria con la que el recinto de San Antonio estaba provisto para fines de dicha naturaleza, no exista una investigación detallada sobre la utilización de este lugar durante los primeros años de la dictadura, considerando la trascendencia que otros medios de la pesquera Arauco como las camionetas y camiones, tuvieron en las actividades criminales de la DINA”, sostiene.

El camino a Tejas Verdes

Samuel Houston fue detenido entre el 17 de marzo de 1974 y el 17 de septiembre de 1975. Luego de las primeras horas que pasó retenido en una comisaría de Santiago, fue llevado al Cuartel Yucatán, donde los agentes de la DINA lo sometieron a brutales torturas. Por esos hechos presentó una querella ante el Ministro Carroza en el año 2015, que actualmente cursa su investigación.

Fue trasladado en uno de los camiones de la pesquera al Regimiento Tejas Verdes, donde permaneció por 35 días a la espera del maltrato y las torturas. “Nos quedamos un grupo de cinco, seis personas al final. Después de las torturas en Tejas Verdes nos dejaron en unas cabañas semiabiertas para recuperarnos. Luego nos llevaron a Santiago”, relató.

“Yo me di cuenta cuántos éramos al llegar a Tejas Verdes. Nos bajaron, estábamos vendados, nos la quitaron junto a las amarras. Estábamos en fila y calculé, eran como dos mujeres y cinco hombres. Ahí nos revisaban los médicos, uno de ellos está en Punta Peuco, Vittorio Orvieto”, señaló, “dentro del camión había sacos y neumáticos que noté al tratar de sentarme con la vista tapada”.

Su periplo por centros de detención continuó en cuarteles de la FACH y el ex Estadio Chile, donde alcanzó a estar dos meses hasta el cierre del recinto. Posteriormente fue llevado en caravana a Tres y Cuatro Álamos.

“En términos de participación civil, no se ha hecho nada, por eso esta querella es tan importante. Hay muchas empresas que tuvieron que ver, sobre todo los primeros meses después de golpe. Las empresas del área social, que inmediatamente llegaron los dueños a recuperar, ellos delataron a los dirigentes sindicales, a los desaparecidos de los cordones industriales. La sociedad civil de esa época, es bastante responsable”.