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Energías verdes

La "trampa" económica que frena el fin de los combustibles fósiles y abre debate en Conferencia de Santa Marta

La transición energética avanza en discurso, pero enfrenta tensiones y problemas de financiamiento en conferencia internacional en Colombia.

Por Nicole Donoso 28 de abril de 2026 - 19:07

Academia, sociedad civil, parlamentarios, ministros, sindicatos, organizaciones territoriales y pueblos indígenas han dado inicio a la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realiza en la ciudad de Santa Marta, Colombia, y que busca definir líneas concretas para que los países dejen de usar petróleo, gas y carbón, y opten por energías verdes.

Las líneas de acción detalladas serán desarrolladas por los actores ya mencionados, las que quedarán plasmadas en un documento que serán presentadas a las autoridades correspondientes de cada país, quienes se reunirán en los próximos días para evaluar las medidas.

Los primeros encuentros de la jornada han estado marcado por las discrepancias entre sectores en torno al cómo avanzar hacia la transición energética: por un lado, hay quienes plantean mecanismos para capturar el carbono, mientras que otros derechamente buscan detener el uso de energía contaminante.

En ese sentido, la discusión se centra en aspectos como la velocidad, herramientas y en la forma en cómo concretar este objetivo. Sin embargo, y pese a los esfuerzos y la intención de los países, el principal problema que obstaculiza la transición es la falta de financiamiento.

No es ideología, sino una trampa

En un contexto donde el calentamiento global incrementa sus impactos con mayor velocidad, muchas economías del mundo siguen dependiendo en gran mayoría de los combustibles fósiles para pagar sus deudas y suministrar energía a la ciudadanía, sobre todo los países "en vías de desarrollo".

De hecho, en algunos países de África el costo de invertir en infraestructura y logística de proyectos verdes puede contemplar hasta un 15% más que para países de Europa o Norteamérica, cuya costo representa solo un 2%. En consecuencia, la transición energética sale de la lista de prioridades de cada nación quedando relegada al mero discurso de avanzar, más no de poner en práctica.

Por ejemplo, durante la conferencia en Santa Marta el científico británico Piers Forster presentó su hoja de ruta para avanzar en energías renovables en Colombia, calculando un costo de $10.600 millones de dólares. Si bien es un alto costo, los beneficios se duplicarían en $23.000 millones de dólares al año.

Al escenario global, se suma el incremento del valor de los combustibles en marzo pasado producto del conflicto en Medio Oriente, que elevó los costos de envío a países importadores, como Chile, obligando a economías mundiales a subsidiar o implementar medidas para amortiguar el alza.

“Estamos asumiendo el rol de co-presidencia de la Coalición para la Eliminación de Incentivos a los Combustibles Fósiles, Incluidos los Subsidios (COFFIS, en inglés), en un momento en que el costo humano de la dependencia de los combustibles fósiles se siente en hogares y comunidades de todo el mundo", explica Tina Stege, Enviada Climática de la República de las Islas Marshall.

Sin dinero son solo palabras bonitas

A diferencia de discusiones y debates en Naciones Unidas y otras instancias respecto al uso de combustibles fósiles en el mundo, en esta Primera Conferencia la conversación busca definir el cómo, quién y cuándo se concretará la transición energética. Sin embargo, sin dinero el discurso tendría un valor superficial.

Si bien la mera producción de energía eólica o solar es barata, lo cierto es que para impulsar proyectos verdes se necesita de una infraestructura necesaria capaz de sustituir el actual sistema, que a su vez, contempla millonarias inversiones.

Para resolver progresivamente esos puntos, los representantes de pueblos indígenas han planteado, por ejemplo, la creación de las Zonas Libres de Combustibles Fósiles, es decir, áreas específicas que quedarían excluidas de explotación de combustibles contaminantes. En la misma línea, junto a la sociedad civil, proponen que países ricos —que son los que más contaminan— paguen los daños a las naciones que contaminan menos pero sufren los efectos del cambio climático en mayor medida.

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