“Cuando baja el caudal del río Cachapoal, los que están en la primera sección, que son mas bien fundos grandes para fruta de exportación, utilizan la misma cantidad de agua que siempre y no lo que les corresponde por porcentaje. A la tercera sección le llega un hilo de agua y nadie controla”, reclama Luis Orlando Ruz, hortalicero de Pichidegua.

Las lluvias del pasado invierno no fueron suficientes para abastecer la temporada agrícola de septiembre a marzo, donde el agua alcanzó para algunos, pero no para todos. Agricultores de la tercera sección del Cachapoal denuncian que desde el 15 de enero les dejó de llegar agua suficiente para el riego por sobreuso en la primera sección. Se trata en su mayoría de pequeños y medianos hortaliceros que comercializan sus productos en las regiones de O’Higgins y Metropolitana.

Junto a la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), oficiaron a la Dirección General de Aguas (DGA) para que regule la desigual distribución del agua. La reunión, fijada inicialmente para el pasado jueves, se atrasó hasta el 18 de febrero porque el director de la institución se encuentra de vacaciones. “Justo en temporada de riego, donde es el momento más crítico, el servicio queda acéfalo y es el director quien puede decretar escasez hídrica y tomar medidas”, denuncia la diputada. “Para final de febrero ya es muy tarde y lo que se perdió se perdió, pero es importante que la situación no se repita para otras temporadas tampoco”, agrega Luis.

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Además, la congresista comenta que ya se había realizado una mesa de trabajo en el 2019, cuando se decretó escasez hídrica para toda la región. “Se llegó a acuerdos de los puntos donde fiscalizar y claramente no se están cumpliendo”, recuerda. La falta de agua ha afectado el riego en comunas como Pichidegua, Peumo, Las Cabras y San Vicente. También afectan la zona del secano costero donde varias asociaciones de Agua Potable Rural (APR) se están abasteciendo con camiones aljibe.

¿Agua para qué?

“Al final los que tienen más recursos tienen más agua, más pozos y riego tecnificado con subsidios del Estado. Mientras tanto, tenemos un 10% de tecnificación de riego en agricultura familiar campesina y no hay incentivos para ellos, que no se pueden desarrollar de la misma manera ni competir con los grandes productores, que finalmente están exportando agua en forma de fruta”, resume Sepúlveda.

Así, las comunidades de la zona han denunciado la tala de bosque nativo para reemplazarla por monocultivo de paltos. “Hemos visto cómo empezaron a raspar los cerros de la zona, donde empresarios que secaron Petorca se están instalando acá”, indica Patricia Segura, presidenta de la agrupación Bosques para Cachapoal.

Fue justamente en esta región, donde vecinos y vecinas de la comuna de Las Cabras denunciaron a la Sociedad Agrícola Tralcal SpA, por talar 80 hectáreas de bosque nativo para plantar palta en la región. Esa denuncia fue el puntapié inicial para la comisión investigadora que determinó que los planes de manejo que entregaba Conaf para reemplazar bosque nativo por monocultivo agrícola eran ilegales.

Así, el monocultivo de paltos se suma a la minería, la extracción de áridos, las centrales de pasada y la planta de Agrosuper como actividades que afectan la disponibilidad de agua en la región. “Hoy en día se explota de manera exponencial, sin ninguna planificación territorial que regule la sobreexplotación de recursos. La principal afectada es la agricultura campesina que depende de la disponibilidad de agua sin los medios para competir, y que produce alimentos para quienes viven en el país”, sostiene Gloria Alvarado, presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru).

Voces territoriales por el agua

Desde el territorio surgen organizaciones y alianzas para proteger el agua y los ecosistemas. En el 2019, la agrupación Bosques para Cachapoal ganó un recurso contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que estaba realizando obras, supuestamente para prevenir inundaciones, en la ribera del río. La construcción de defensas fluviales “no incluía en las bases ni en el contrato obligaciones de preservación de la naturaleza, ni proponía medidas de mitigación para conservar la biodiversidad del sector”, determinó la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Esta agrupación también fue parte de las Escuelas Verdes de verano, realizadas con diversos actores de las cuencas de los ríos Cachapoal, Claro y el Huasco de Atacama. Allí se constató la necesidad de que “el manejo de agua se debe hacer por cuenca y bajo una gobernanza multiactor, donde esté presente la comunidad, los privados y el estado. Actualmente cuando se proyectan obras para enfrentar la escasez como embalses, quienes tienen acceso a esa agua son unos pocos que pueden pagarla. Es necesario incluir la experiencia de quienes conocen las necesidades del territorio”, comenta Patricia Segura.

“Para enfrentar la situación del agua en la zona se necesita una mejor gobernanza, pero también cuidar y restaurar la naturaleza”, agrega Gloria Alvarado, la dirigenta que lleva años trabajando por el agua potable rural en Cachapoal. “Autoridades del MOP y la DGA se han centrado en proponer soluciones de infraestructura como embalses, desalinización o tecnificación del riego, que también aportan en casos. Pero poco se habla de restaurar los ecosistemas como bosques nativos o humedales que son los que brindan servicios ecosistémicos de producción e infiltración de agua. La mirada muchas veces se queda en el corto plazo”, analiza.

Gloria Alvarado, ahora es candidata independiente a la asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. “Yo confío en que la gente que votó el 25 de octubre, y otra que no votó, apoye el proceso para que se pueda construir desde las bases una constitución más ciudadana. El objetivo no es ir al choque, sino que haya empatía con lo que se vive en los territorios con falta de agua. Creo en el diálogo y en que se puede lograr una relación armónica entre todos los usuarios del agua; los agricultores chicos, los grandes, las APR, para llegar a acuerdos y convivir entre todos, cuidando la naturaleza”, concluye.

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