Nicolás Sepúlveda indaga en el dossier falso de Arrau, la condonación millonaria en el SII y la puerta giratoria en Energía

En 2021, a un mes de las elecciones presidenciales, el entonces convencional constituyente Martín Arrau presentó ante la Fiscalía un dossier de 33 páginas que aseguraba que doce dirigentes políticos chilenos —entre ellos familiares de Michelle Bachelet, Mario Desbordes, Álvaro Elizalde, el senador Pedro Araya y el exfiscal nacional Jorge Abbott— poseían cuentas secretas en el extranjero con dinero no declarado. Tres años de investigación concluyeron que todo era falso: esas cuentas no existían.

—¿Quién fabricó ese dossier?

Según nos contó Roberto Ossandón —abogado, exsecretario general de RN y hermano de los parlamentarios Ximena y Manuel José Ossandón— el dossier fue encargado a una agencia en Miami compuesta por exagentes del FBI, que supuestamente tienen acceso a bases de datos bancarias de Estados Unidos. Sandón afirma que el trabajo fue financiado por un grupo de empresarios del norte del país, y que esas mismas personas entregaron el dossier a Arrau para que lo presentara ante la Fiscalía. Lo sospechoso es que Sandón dice no recordar los nombres de ninguno de los involucrados.

—¿Cuál era el objetivo político de la operación?

La mayoría de los nombres en el dossier eran de centroizquierda —Bachelet, Girardi, Elizalde— pero también estaba Desbordes, que entonces era candidato presidencial de RN y tenía enemigos dentro de la derecha. Era tirar una semilla en un terreno fértil: 2021 fue el año del estallido social reciente, la Convención Constitucional en pleno funcionamiento y los Pandora Papers. El terreno estaba preparado para la desconfianza. La información llegó primero a un periodista venezolano en Miami, que publicó un reportaje titulado “Las cuentas secretas de la política chilena”, y después se activó la vía judicial. Hoy Arrau es ministro de Seguridad y nunca ha explicado públicamente quién le entregó el dossier.

Los $22.700 millones condonados en el SII

—¿Quién es Elena Amaya y por qué importa este caso?

Elena Amaya no es un nombre conocido para la opinión pública, pero dentro del Servicio de Impuestos Internos tenía un poder enorme. Fue jefa de gabinete de dos directores del SII —Mitchell Jorrat y Fernando Barraza— y los funcionarios cuentan que recibir una llamada suya generaba temor. El sumario que derivó en su destitución determinó que intervino directamente en un proceso de fiscalización tributaria en Valparaíso para ordenar la condonación de una deuda de 22.700 millones de pesos a una empresa del Grupo Fernández León, uno de los holding más importantes del país, con presencia en empresas como CTI y Pucobre.

—¿Qué tan grave es esto en el contexto del caso Hermosilla?

El caso Hermosilla partió exactamente con eso: en los audios, él y Bernardo Villalobos hablan de sobornar funcionarios del SII para obtener un perdonazo tributario para el empresario Daniel Sauer. Hay una fragilidad institucional evidente. Si alguien tiene la capacidad o el atrevimiento de intervenir en una condonación de 22 mil millones, da para pensar qué pasa en cifras menores. Y hay otro sumario en curso que podría revelar más episodios similares con otros funcionarios del SII.

Guacolda y la puerta giratoria en el Ministerio de Energía

—¿En qué consiste la investigación sobre Guacolda?

Fue parte de un especial internacional llamado “Las Ruinas del Carbón”, coordinado por el CRIP, con once medios de distintos países. Chile se comprometió a descarbonizar su matriz energética. En ese marco, el gobierno redactó una norma de emisiones para las termoeléctricas. Pero en esa norma quedó un artículo especial hecho a la medida de Guacolda —la termoeléctrica más grande del país, ubicada en Huasco— que le permite emitir más óxido de nitrógeno si mezcla carbón con amoníaco verde. Ninguna otra termoeléctrica en Chile está haciendo esa cocombustión: el artículo es exclusivo para Guacolda.

—¿Y ahí aparece el funcionario que se fue a trabajar con las mismas empresas que regulaba?

Exacto. Alex Santander era jefe de división del Ministerio de Energía y participó en la elaboración de esa norma. En noviembre de 2024, mientras la norma estaba en negociación, postuló a un cargo en Generadoras de Chile, el gremio que agrupa a las grandes empresas energéticas del país, incluida Guacolda. En diciembre le confirmaron el puesto. Pero él siguió trabajando en el Ministerio hasta enero de 2025, y durante ese período recibió en su despacho a empresas que estaban representadas en Generadoras. Cuando el entonces ministro Pardo se enteró, aceleró su salida. Hay un sumario abierto que sigue en curso.

—¿Qué consecuencias tiene esto para las comunidades cercanas a Guacolda?

La periodista Michelle Carrere de Mongabay Latam fue a Huasco y el reportaje es muy impactante. Los agricultores de la zona dicen que la contaminación les ha afectado los cultivos. Los índices de enfermedades respiratorias en niños son más altos que en el resto del país. Huasco es una localidad pequeña, costera, en el norte de Chile, y paga un costo humano real por esta forma de generar energía que debería importarnos a todos.

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