Alcalde de La Florida: "Le hemos pedido la expropiación del Bosque Panul a Piñera, Bachelet, Boric y al nuevo gobierno"

Prevención de la corrupción

— ¿En qué consiste el modelo de compliance que está implementando el municipio?

Es un hecho público que las municipalidades y, en particular, las corporaciones municipales se han visto envueltas en situaciones asociadas a la corrupción. Tenemos la obligación de no solo cumplir la ley, sino de ir un paso más allá. Estamos implementando un modelo de compliance, o modelo de prevención del delito, que opera a través de matrices de riesgo: detectamos las áreas más susceptibles de incurrir en este tipo de situaciones —en principio, dentro de la corporación municipal— e instalamos mecanismos concretos para anticiparlas.

Esos mecanismos incluyen canales de denuncia anonimizados, con reserva de identidad del denunciante, y la figura del oficial de cumplimiento: un agente externo que no solo certifica el cumplimiento de la normativa asociada a transparencia y contratación pública, sino que además detecta las áreas de mayor riesgo para actuar de manera preventiva.

Somos pioneros en esto: no hay ningún municipio ni corporación municipal en Chile que esté implementando un modelo similar. El año pasado realizamos un seminario con participación de la Contraloría General de la República para avanzar en esa dirección.

— ¿Por qué el solo cumplimiento de la ley no es suficiente?

Porque somos administradores de recursos públicos, y eso nos exige más que el mínimo legal. Ninguna institución puede afirmar que está exenta de que ocurra una situación de corrupción; por el contrario, tenemos que ir siempre un paso adelante. Hoy trabajamos conforme a los parámetros de la Ley de Transparencia y la Ley de Compras Públicas, que son mandatos legales, pero también son instrumentos fundamentales para recomponer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, que está muy dañada.

Seguridad pública: coordinación territorial y atribuciones de los inspectores

— ¿Cómo evalúa la situación de seguridad en la comuna?

La seguridad pública es la preocupación número uno a nivel nacional, y La Florida no es la excepción. Lo que hemos hecho es sostener un trabajo coordinado entre las direcciones de seguridad municipal, Carabineros y la PDI, pero también a nivel territorial con comunas vecinas. Más allá de cualquier diferencia política legítima, hemos generado acuerdos con el alcalde Toledo en Puente Alto, con el alcalde Miguel Concha en Peñalolén y con el alcalde de Macul, en un espectro político extremadamente amplio.

El delincuente no conoce de fronteras: le da exactamente lo mismo cruzar un límite comunal. Ese es el desafío que hemos abordado en conjunto con los alcaldes del suroriente de Santiago, y creo que lo hemos hecho bien.

— ¿La nueva Ley de Seguridad Municipal va en la dirección correcta?

Es un avance: reconoce formalmente la calidad de funcionario de seguridad municipal, les otorga beneficios como seguros de vida y contempla —pendiente el reglamento— la posibilidad de portar armamento no letal bajo ciertos parámetros. Sin embargo, en algunas cuestiones operativas, la ley se queda corta.

El ejemplo más claro es este: cuando un inspector municipal sorprende a un delincuente en flagrancia, no puede trasladarlo directamente a la unidad policial. Debe esperar la llegada de Carabineros, y ese proceso puede tomarse horas. Planteamos que, en esa circunstancia específica, los inspectores deberían contar con atribuciones para efectuar el traslado directo. No es un capricho: es lo que la realidad demanda. Los funcionarios municipales de seguridad son hoy la primera respuesta ante la comisión de un delito; en ocasiones, llegamos antes que Carabineros.

— Hace unos meses, un inspector de La Florida fue detenido por Carabineros. ¿Ya inició la investigación al respecto?

Ocurrió hace más de seis meses. Antes de la aprobación de la ley existían zonas grises: los inspectores actuaban bajo atribuciones que no siempre estaban claramente delimitadas, lo que generaba tensiones, especialmente en materias como el control vehicular. Carabineros desarrolló una investigación interna cuyos resultados maneja la propia institución.

Hoy ese escenario está mucho más acotado. La ley delimita mejor tanto el rol como las atribuciones de los inspectores. Confiamos en que esos incidentes —que no ocurrieron solo en La Florida, sino también en otras comunas— no se repitan. Desde entonces hemos mantenido un trabajo permanente y colaborativo con la Prefectura Cordillera y con las unidades policiales de la comuna, que ha dado muy buenos resultados.

La Toma Dignidad: el desalojo que tardó años

— El desalojo de la Toma Dignidad concluyó recientemente. ¿Cómo fue ese proceso?

Fue un proceso extenso que se desarrolló durante todo 2025. Quiero destacar el carácter colaborativo y coordinado entre distintos organismos públicos: el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, la Seremi correspondiente, la Subsecretaría de Hacienda y la propia municipalidad. Primero desarrollamos un catastro de las personas que allí se encontraban, ofrecimos soluciones habitacionales —subsidios de arriendo transitorio o soluciones definitivas a través del Serviu— y realizamos operativos sociales para levantar esa información y remitirla al organismo de vivienda.

Se definió una primera fase ejecutada en octubre del año pasado y una segunda fase concluida en las últimas semanas de febrero. Hoy podemos hablar de la ex Toma Dignidad. En ese terreno está proyectada desde hace años la construcción de un parque que da continuidad al proyecto de área verde ejecutado en la Ribera Sur.

Además, la toma tenía un componente adicional de riesgo: estaba emplazada en una zona de exclusión por riesgo de aluvión. Por tanto, no solo se trataba de restablecer el estado de derecho, sino también de proteger la integridad física de quienes vivían allí.

— Un porcentaje de las personas desalojadas no tenía acceso a subsidios habitacionales. ¿Qué ocurrió con ellas?

A partir del catastro determinamos que cerca del 50% de las personas podía acceder a algún tipo de subvención: arriendo transitorio o soluciones definitivas a través del Serviu. Pero había un número no menor que no cumplía con los parámetros de las políticas habitacionales del Estado: algunos estaban fuera de los rangos de vulnerabilidad establecidos por la normativa, otros ya contaban con vivienda, y un número importante se encontraba en situación migratoria irregular. El Estado de Chile, en esos casos, no puede ofrecer una solución.

Lo que nos pareció justo fue hablarles con toda la franqueza que se requería. Al momento del desalojo se dispusieron albergues, que fueron utilizados por un porcentaje menor del total. Una vez vencido el plazo consensuado con el nivel central, esas personas recurrieron a sus redes de apoyo familiares. En el plazo de 72 horas habían salido de los albergues.

— ¿Cómo está la situación habitacional de La Florida en términos generales?

No es muy distinta a la del resto del país. Tenemos más de cien comités de vivienda constituidos —personas que, según los parámetros del Serviu, necesitan una solución habitacional— y actualmente ejecutamos seis proyectos habitacionales en coordinación con el servicio.

Procuramos que las familias permanezcan en la Florida para no desvincularse de sus redes de apoyo locales. No tenemos situaciones similares a la ex Toma Dignidad, pero sí algunos asentamientos menores debidamente catastrados, cuyos residentes se encuentran en proceso regular de postulación de vivienda.

El bosque Panul y la precordillera

— ¿Hay planes de urbanización hacia el Panul u otras áreas de la precordillera de La Florida?

No están sobre la mesa. El Panul tiene hoy una prohibición absoluta de construcción de vivienda, y además es un terreno privado. Lo que hemos solicitado a todos los presidentes —incluyendo al presidente Gabriel Boric, y lo haremos también con la nueva administración— es la expropiación del Panul, que nos parece la solución de fondo.

Su valor medioambiental es invaluable: es el hogar del bosque esclerófilo, que se combina con especies nativas propias de la precordillera. Nuestra intención es preservarlo, no urbanizarlo. Lamentablemente, por razones presupuestarias, ninguna administración ha podido concretarla.

— ¿Cree que ha habido avance o retroceso en la discusión medioambiental sobre la precordillera?

Hay un interés generalizado por protegerla, pero cuando uno la recorre, ve presencia de fogatas, restos de fiestas, basura, huellas de bicicletas y motos. Eso representa un riesgo real de incendio y deterioro del bosque esclerófilo. El mayor riesgo para el Panul hoy no es la urbanización: es el mal uso cotidiano.

Necesitamos una discusión más racional que la que muchas veces se da de manera apasionada en torno a este tema. Todos queremos proteger ese patrimonio, pero hay que traducirlo en acciones concretas: mayor presencia del Estado, regulación del acceso y, como solución definitiva, la expropiación. Dado que el terreno es privado, el dueño podría cerrarlo legalmente y nadie podría acceder. Por eso la expropiación es tan urgente y relevante.

El traspaso a los SLEP

— ¿Cómo está avanzando el traspaso de la educación municipal hacia los Servicios Locales de Educación Pública?

Nos comprometimos con este proceso desde el primer día, porque la legislación vigente así lo establece, y vamos a cumplirla. El traspaso de La Florida ya comenzó el año pasado, y los colegios deberían tener esa nueva dependencia a partir del primer de enero del año que viene. Cualquier solución alternativa que se pueda plantear hoy no tiene sustento normativo.

Ahora bien, también hay un análisis de fondo: el modelo de educación municipalizada tiene problemas estructurales. Operamos con ingresos variables —básicamente matrícula y asistencia— mientras que los costos son fijos: el recurso humano y el funcionamiento de los establecimientos no se ajustan según la asistencia del día. Los municipios no estamos en condiciones de resolver ese problema solos. En ese sentido, creo que los SLEP pueden ser una respuesta mejor a ese desafío estructural.

Contribuciones e impuesto territorial

— ¿Qué opina de la exención de contribuciones para la primera o segunda vivienda?

Es un tema en el que me encuentro en minoría entre mis pares. Un gran número de alcaldes se opone a la exención, porque las contribuciones alimentan el Fondo Común Municipal, que es el mecanismo solidario de financiamiento entre comunas.

Pero tengo una crítica de fondo al impuesto territorial: grava el patrimonio, y los recursos con los que una persona adquirió su propiedad ya tributaron. Es un doble tributo. En la práctica, tengo vecinos que se acercan y me dicen: "Compré esta propiedad cuando estaba activo laboralmente. Hoy tengo una pensión mucho menor y no soy capaz de sostener el pago de contribuciones". Eso no está bien.

Por eso, estoy dispuesto a impulsar una agenda de exención progresiva para la primera vivienda, focalizada especialmente en adultos mayores. Cerca del 50% de los predios de La Florida están gravados con contribuciones. Hay que buscar mecanismos que compensen esa reducción de ingresos para los municipios, pero el principio me parece justo. Cuando la vivienda se destina a renta —segunda, tercera o cuarta propiedad—, ese ingreso tiene que tributar. Pero no la vivienda que sirve de hogar principal a una familia.