La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado está en plena discusión y en un detallado análisis técnico jurídico para anular (o derogar) la cuestionada Ley de Pesca, también conocida como “Ley Longueira”.

El proyecto está en el Senado tras una amplia votación de la Cámara de Diputados en agosto pasado (con 117 votos a favor, ninguno en contra y 20 abstenciones), que le bajó el pulgar a una legislación marcada por los hechos de corrupción que implicaron a pesqueras y parlamentarios desde su presentación al Congreso en 2012, durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera.

Entre otras arbitrariedades, como tráfico de influencias y cohecho, esta ley además se implementó sin que el Estado chileno cumpliera con su obligación de consulta a comunidades indígenas costeras a pesar que afectaba directamente sus derechos e iba en beneficio directo y desproporcionado de las grandes empresas, respecto de la pesca en menor escala.

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Estas acciones favorecieron la repartición de las cuotas pesqueras de sectores industriales pertenecientes a las familias Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo y sus socios extranjeros, fragmentando las áreas de sectores pesqueros artesanales.

Desde 2016 que se plantea la nulidad de la Ley de Pesca pero aún no hay una solución a la vista porque senadores de oposición han expresado que sería inconstitucional hablar de una anulación de la Ley Longueira.

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“Sacar al gato de la pescadería”

Hoy, el ministro de Economía, Nicolás Grau, junto al subsecretario de Pesca, Julio Salas, representan la posición del Ejecutivo respecto de la derogación bajo el argumento de la “ilegitimidad” de su origen. Pero a la par el gobierno trabaja en el diseño de lo que debería ser una nueva institucionalidad de pesca, cuyo foco deberá estar, según los analistas, en las características de transparencia y sustentabilidad como norte de un nuevo texto.

Para el abogado y magíster en derecho público Rodrigo Medina, lo fundamental para una discusión de esta envergadura y atendiendo al origen corrupto de la Ley Longueira, es “sacar al gato de la pescadería”.

Sobre el detalle de la discusión que nace sobre una nueva Ley de Pesca, señala que los controles institucionales que fallaron hasta aquí, deben fortalecerse: “En la administración central existen el lobby y la obligación de registro de lobby, pero a nivel legislativo, el lobby, más allá de la influencia natural que tienen los expositores en las comisiones, no está convenientemente ni regulado ni hay alguna oficina de control interno, entonces los controles internos a nivel del Poder Legislativo necesitan reforzarse, institucionalizarse y establecerse a nivel de ley”.

[caption id="attachment_789692" align="alignnone" width="2560"] La senadora Ximena Rincon y el entonces ministro Pablo Longueira , durante la tramitación de la Ley de Pesca. Foto: Agencia UNO[/caption]

Sobre esta misma idea, el antropólogo y  Rodrigo Díaz Plá, director de QUIÑE (Centro de Investigación/Acción de la Pesca Artesanal y las Sociedades Costeras) también está de acuerdo en acotar la influencia de la industria y sus operadores políticos en la redacción de una nueva institucionalidad pesquera.

“Ahora, es innegable que la pesca industrial tiene una historia en Chile, y está muy representada en ciertas ciudades costeras de nuestro país. Hay mucha gente que trabaja en ello e incluso, hay parte de la pesca artesanal que abastece diariamente a la industria. Entonces, no considerarlos como un actor relevante del proceso, no creo que sea una buena estrategia”, advierte el investigador.

La clave, coinciden ambos, es robustecer mecanismos jurídicos, de gestión y administrativos para tender a una elaboración en que coincidan aspectos de sustentabilidad y probidad.

“En cuanto a esta discusión, el Parlamento tiene que reforzar sus controles institucionales tendientes a que los intereses que siempre van a existir no influyan decisivamente y de manera desigual en la elaboración de las leyes. Este es un ámbito especialmente riesgoso para que los intereses puedan permear de manera desigual. Los controles se han desarrollado a nivel de la administración central, se han desarrollado a nivel de municipalidades, pero a nivel del poder legislativo, en un área tan sensible como es la elaboración de las leyes necesitan ser reforzados”, destaca Medina, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

[caption id="attachment_789694" align="aligncenter" width="2560"] Un afiche en el Congreso por la aprobación del proyecto que modifica la Ley de Pesca. Foto: Agencia UNO[/caption]

Una realidad económica, cultural e histórica

La Ley Longueira es un recurso hecho a la medida de grandes grupos empresariales y que se discutió y formuló a espaldas de la ciudadanía, recuerda el antropólogo especializado en el trabajo en terreno con poblaciones costeras y comunidades de pescadores artesanales de Chile.

“Se reflejó activamente la influencia que tenía el empresariado en la actividad política en Chile, a partir además, de pagos directos a operadores políticos y políticos como Marta Isasi, que recibió pagos por parte de Corpesca y Jaime Orpis, que fueron casos bien emblemáticos en todo el trámite posterior a la ley, cuando se destaparon estos hechos. En ese sentido, más que vicios particulares de la ley en sí, hay que detenerse en los mecanismos que facilitaron a través de jugadas sucias, oscuras, hechas entre cuatro paredes y pauteadas desde la industria, desde los grandes conglomerados pesqueros y políticos en Chile”, señala.

Díaz Plá recomienda ampliar el espacio de conversación sumando a esas comunidades ignoradas en su momento y que hoy se declaran dispuestas a hacer sus aportes. Destaca la realización de los “Diálogos por la pesca artesanal”, implementado por el gobierno, que recogen las necesidades de las comunidades pesqueras organizadas a través de sindicatos, asociaciones gremiales, y otros tipos de organizaciones pesqueras.

“Ese es un buen punto de partida, pero que se queda corto cuando vemos que la realidad pesquera nacional no está acotada solamente al sector organizado. Hay una serie de pescadores, recolectores, buzos dedicados al trabajo de los recursos del mar, que también forman parte de todo el escenario de gente que confluye y que vive del mar. Hoy en día, además, se han sumado nuevos actores, como los pueblos originarios del norte, los changos, quienes son gente que han vivido del mar de manera histórica, y hoy en día no forman parte de estos diálogos que se están proponiendo para la elaboración de una nueva Ley de Pesca”, explica Díaz Plá, exinvestigador delGrupo de Investigación de la Pesca Artesanal (GIPART), dependiente de la carrera de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

La actual Ley de Pesca, dice, responde a una mirada economicista que no considera el entramado social, cultural e histórico de la pesca artesanal como forma de vida y sus particularidades.

“La discusión de una nueva ley de esta área debe hacerse cargo de eso, porque hay realidades maritoriales que son diversas y que no responden los mismos parámetros a nivel local o regional. Un primer paso para ello es recoger los diálogos y las visiones de las comunidades costeras y no solamente las de sindicatos y organizaciones pesqueras artesanales. Sumar, además, la opinión de científica de expertos y expertas, y no solamente en el ámbito de las ciencias naturales, sino que también en otras disciplinas que se han dedicado a trabajar junto a las comunidades”, recomienda.

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